Noticias


Los Deudores Hipotecarios y el código de buenas prácticas

El Real Decreto 6/2012 de Medidas Urgentes de Protección a Deudores Hipotecarios Sin Recursos, contiene las medidas adoptadas por el gobierno, para poder resolver de alguna forma el alto índice de desahucios que se está produciendo en nuestro país, motivado por la fuerte crisis económica que lejos de mejorar parece que se recrudece, al menos para las familias con menos  recursos, y ello en aras de evitar que la que ha sido la  inversión realizada por las familias más importante como es la vivienda se pierda.

Tal como dice la exposición de motivos, se prevén tres fases de actuación, la primera dirigida a  procurar una reestructuración viable de la deuda hipotecaria, aplicando una carencia en la amortización de capital, una reducción de tipo de interés durante cuatro años, y una ampliación del plazo de amortización.

En segundo lugar, de no ser suficiente la reestructuración anterior, las entidades de forma potestativa podrán ofrecer a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda.

En tercer lugar, cuando con las medidas anteriores no se pueda lograr el esfuerzo hipotecario de los deudores a límites asumibles para su viabilidad financiera, éstos podrán solicitar y las entidades aceptar, la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. En tal caso las familias podrán permanecer en su vivienda durante un plazo de dos años satisfaciendo un renta asumible.

Asimismo se moderan los tipos de interés moratorios aplicables a los contratos o préstamos hipotecarios.

Ahora bien, la aplicación de dichas medidas tiene sus cortapisas toda vez que no cualquier persona podrá acogerse a las misma aunque tenga problemas en afrontar el pago de la hipoteca. Solo se podrán acoger aquéllas que se encentren en lo que la ley determina como “umbral de exclusión”, esto es:

1º.-  que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de ingresos derivados de su trabajo o actividad económica.

2º.- cuota hipotecaria superior al 60% de los ingresos netos de la unidad familiar

3º.- inexistencia de otros bienes suficientes para hacer frente a la deuda

4º.- la hipoteca debe recaer sobre la  única vivienda y propia del deudor

5º.- inexistencia de otras garantías reales a personales o que en ellas concurran las circunstancias señaladas en la regla segunda y tercera.

6º.- que si hay codeudores que no formen parte de la unidad familiar, aquellos deberán cumplir los tres primeros requisitos señalados.

Asimismo todas las personas con hipoteca  que se encuentren en el umbral de exclusión  se le aplicara un interés moratorio una vez se acredite ante la entidad que se encuentran en dicha circunstancia,  resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados un 2, 5 por cien sobre el capital pendiente del préstamo.

Para que se le apliquen dichas medidas, deberán acudir a su entidad bancaria realizando por escrito una solicitud, a la que unirán los documentos que acrediten dichos extremos, certificados, libro de familia, escritura, etc., y la entidad bancaria deberá en el plazo de un mes notificar al deudor y ofrecerle un plan de reestructuración en el que se concreten la ejecución y consecuencias financieras para el deudor de la aplicación conjunta de las medidas previstas en la norma.

También permite la norma a las entidades adheridas, que de forma potestativa puedan aplicar dichas previsiones a deudores distintos de aquéllos dentro del umbral de exclusión, e incluso mejorar lo establecido en el mismo.

Como sabemos el código de buenas prácticas que lleva por anexo la norma, era de adhesión voluntaria para las entidades de crédito  aunque lo cierto es, que la respuesta ha sido positiva, al menos en el primer paso de adherirse al mismo, veremos más adelante como se desarrollada la aplicación del mismo a las familias que cumplan los requisitos previstos por la norma y a dichos efectos se crea  una comisión de control que supervisará la aplicación del mismo y que ha sido creada para dichos fines.

Así desde que la entidad de crédito se adhiere y ustedes acrediten que se encuentran en ese umbral de exclusión será de obligada aplicación las previsiones del Código de Buenas Prácticas. A fin de poder garantizar la aplicación de las medidas se establece que  cualquiera de las partes podrá compeler a la otra  a  la formalización de la escritura pública de novación del contrato resultante de la aplicación de las previsiones  contenidas en el código. Los costes de dicha formalización correrán a cargo de la parte que lo solicite.

De igual forma, se modifica el impuesto de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, quedando exentas las escrituras de novación que se realicen al amparo de la norma de la cuota gradual de documentados notariales en la modalidad de actos jurídicos documentados.

Por último, prevé que las personas que han sido lanzadas de sus viviendas por procedimiento de ejecución hipotecaria se puedan acoger a las ayudas para inquilinos previstas en la ley.

En ROJI Abogados Málaga tratamos asuntos de carácter penal, laboral, mercantil, de familia(separaciones, divorcios, custodias), relacionados con herencias y testamentos, de carácter inmobiliario o de construcción, así como relacionados con consumo y bancario, especialmente en la protección dederechos de los consumidores y las hipotecas. Prestamos un servicio a nivel nacional aunque nuestra sede central se encuentra en Málaga capital y disponemos de delegaciones en Torremolinos, Marbella, Fuengirola, Antequera y Velez-Málaga.

Contacte con nosotros y resuelva las dudas sobre su caso llamándonos a los teléfonos:

Teléfonos 952 211 011 607 202 361

También puede contactarnos a través de la dirección de correo electrónico

Correo electrónico info@rojiabogados.com

Si lo prefiere puede acercarse a nuestras oficinas en:

Oficinas Málaga Antequera Fuengirola Marbella Torre del Mar