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Obligación del Banco de Abonar el contenido de la caja de seguridad por sustracción

El asunto deriva de una reclamación judicial interpuesta a la entidad Banco Guipuzcoano solicitando el abono de la cantidad contenida en una caja de seguridad que ascendía a 258.000 Euros más los intereses correspondientes. El actor basa su reclamación en que la sustracción se produjo como consecuencia de una negligencia de la entidad bancaria en la adopción de las medidas de seguridad.

Por su parte el banco demandado se opone a la reclamación solicitando su absolución o, con carácter subsidiario, que sea condenado únicamente a la indemnización de 12.000 Euros pactada al no haber cumplido el demandado los requisitos establecidos para depositar en la caja de seguridad importes superiores a dicha cantidad.

El Tribunal Supremo en Sentencia de 10 de Febrero de 2012 resuelve el recurso de casación planteado por la entidad demandada que ha sido condenada al pago de 258.000 Euros más los intereses tanto por el Juzgado de Primera Instancia como por la Audiencia Provincial.

Los motivos del recurso de casación planteado son la infracción del artículo 1 de la ley 26/1984 general para la defensa de los consumidores y usuarios y la infracción del artículo 1.281 del Código Civil.

Dichos  motivos se esgrimen porque según la parte recurrente se le ha dado al actor tratamiento de consumidor en el contrato de caja de alquiler, cuando el servicio contratado lo fue en el marco de sus servicios profesionales por lo tanto totalmente alejado del carácter de consumidor.

Además de ello se alega que existen una cláusula en el contrato de caja de alquiler que establece claramente la indemnización que le corresponde al actor en el caso de que no manifieste al Banco el depósito de una cantidad superior a 12.000 Euros y por lo tanto no obtenga de éste una expresa conformidad. Dicha cláusula es clara y está aceptada y firmada por el actor por lo tanto no tiene el carácter de abusiva o limitativa que le otorgan las sentencias de instancia y apelación.

El Tribunal Supremo en relación a los motivos alegados sostiene que teniendo en cuenta los hechos probados es claro que la sustracción del dinero es imputable a un empleado del banco y que hubo negligencia en la adopción de las medidas de seguridad, por lo que el Banco tiene la obligación de indemnizar al actor.

Del mismo modo ha quedado acreditado el conocimiento por el banco de que el depósito del actor era superior a los 12.000 Euros sin que se le haya exigido cumplir ningún tipo de requisitos

En cuanto al carácter de consumidor del actor, el Tribunal Supremo declara que dicha calificación es ajena al recurso de casación aunque no se ha acreditado que el ingreso de la cantidad sustraída tenga como origen una actividad profesional.

Por último respecto a la aplicación del artículo 1.281 del Código Civil el Tribunal Supremo afirma que no se trata de un problema de interpretación de la cláusula sino de si dicha cláusula tienen un carácter limitativo o abusivo para una de las partes.

Por todo ello se desestiman los motivos del recurso de casación interpuesto por el Banco Guipozcoano básicamente en función de los hechos declarados probados en la Sentencia recurrida.

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