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Cantos recurrirá la sentencia que desestima su petición de nulidad de despido en Invercaria y niega un fondo político

El exdirector de Promoción de la empresa pública Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía SAU (Invercaria) Cristóbal Cantos ha anunciado que recurrirá la sentencia que desestima su  demanda interpuesta contra dicha empresa y contra su expresidenta, Laura Gómiz, en la que pedía el despido nulo y 300.000 euros por daños y perjuicios psicológicos y morales, y, asimismo, ha desestimado el pago de una indemnización por despido improcedente.

Asimismo, en un comunicado remitido a Europa Press la representación judicial de Cantos ha asegurado que “se equivocan los que intentan dar un matiz político a esta cuestión”, puesto que Cantos “no es un político, es un profesional con un brillante expediente académico y una dilata experiencia en el ámbito empresarial que defiende su honorabilidad al considerar que se han vulnerado sus derechos éticos, laborales y profesionales”.

En su nota, se recuerda que ha sido el 13 de abril de 2012 cuando se ha notificado sentencia en el procedimiento laboral seguido por  Cristóbal Cantos contra Invercaria, cuya vista del juicio se celebró el pasado día 9 de marzo de 2012.

Esa demanda presentada pretendía la declaración de nulidad del despido, con base en diversos hechos que, según el representante jurídico de Cantos, “se han reconocido en la sentencia, acreditados con diversas pruebas entre las que se encuentran tres grabaciones, cuya veracidad e integridad también han sido reconocidas como hechos probados en la sentencia”.

No obstante, reconoce que el fallo ha sido desestimatorio de la pretensión de nulidad del despido, “a pesar de reconocerse por la sentencia que el despido fue injusto y que los reparos éticos y profesionales de Cantos ante los requerimientos de Laura Gómiz se muestran razonables y legítimos”, por lo que el abogado de Cantos interpondrá “los oportunos recursos” contra la sentencia.

El representante jurídico de Cantos deja claro que “no es cierta la falsedad de las grabaciones, dado que no solo el perito el Invercaria, sino que la propia sentencia reconoce la veracidad de las  mismas”.

En cuanto a la reclamación por despido nulo, ha explicado que Cantos se decidió a realizar las grabaciones “como consecuencia de haber recibido, desde final de marzo de 2011, presiones que vulneran su ética profesional y ante las amenazas de despido”, unas “amenazas” que, según este abogado, “se hicieron efectivas, resultando despedido en junio de 2011”. Agrega que la carta de despido “alega bajada de rendimiento, si bien se reconoce la improcedencia”.

Ha agregado que se formuló reclamación contra el despido por considerarlo nulo, “al haber constituido una represalia por haberse negado a hacer lo que no debía, esto es, realización de informes con datos inexistente y de fecha anterior y firmar una adenda a su contrato que modifica sus condiciones de trabajo y con la que no está de acuerdo, y por hacer lo que debía, esto es, poner de manifiesto la queja de los trabajadores sobre la modificación del horario de verano y la posible improcedencia de esa modificación, según sus convicciones éticas y morales, por lo que el despido es manifestación de unas coacciones, de una discriminación por razones éticas y de unas represalias injustas”, asevera el abogado de Cantos.

LAS GRABACIONES

Este letrado asegura que las grabaciones aportadas a los juzgados “están íntegras, sin que hayan sido ni manipuladas ni modificadas de ningún modo” y reitera que la sentencia “declara la íntegra veracidad de las grabaciones”.

En ese punto, alude a que el perito “afirma, respecto de las grabaciones del 24 de mayo y del 22 de junio que ‘mantiene en su totalidad la continuidad de las características espectrales’, ‘se aprecia continuidad del escenario acústico (ruido ambiente) en el que se desarrollan los registros’; y en ellas no se ha apreciado la existencia de ningún evento electroacústico”.

Asimismo, apunta que “Laura Gómiz e Invercaria han reconocido en juicio la realidad y veracidad de las grabaciones, respecto de la que no se pone en duda por el perito, ni por Laura Gómiz, que son sus palabras”.

El abogado de Cristóbal Cantos añade que “dado que en las grabaciones, además de la prueba de la verdadera causa del despido, se pone de manifiesto la existencia de hechos que pudieran constituir delitos relacionados con la investigación que se sigue por la juez Mercedes Alaya, es por lo que, el mismo día 13 de febrero que se aportaron las grabaciones al Juzgado de lo Social que conoce de la demanda de despido, también se entregaron en el procedimiento penal dirigido por la Juez Alaya, que después fueron turnadas al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla”.

Asimismo, ha precisado que la notificación formal del despido se produjo el 29 de junio de 2011, la papeleta de conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) se presentó el 8 de julio de 2011, el acto de conciliación se celebró el 27 de julio de 2011, presentándose la demanda ante el Juzgado de lo Social el mismo día.Ha agregado que el juicio se señaló por primera vez para el 18 de noviembre de 2011, suspendiéndose  al igual que los señalamientos de los días 20 de enero de 2012 y 17 de febrero de 2012, celebrándose finalmente el día 09 de marzo de 2012.

En ese punto, este letrado asegura que “todas las suspensiones fueron ajenas a la voluntad de Cantos, que acudió a todos los señalamientos con la prueba de las grabaciones y con el ánimo de celebrar juicio, pero no fue posible hacerlo, suspendiéndose con su expresa y total oposición”. Ha precisado que las grabaciones “habían quedado en secreto hasta que se produce el requerimiento judicial para su entrega, que, aunque se recurrió, fue cumplido conforme a la ley, el día 13 de febrero de 2012”.

El Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla ha desestimado la demanda interpuesta por cantos contra dicha empresa y contra su expresidenta, Laura Gómiz, en la que pedía el despido nulo y 300.000 euros por daños y perjuicios psicológicos y morales, y, asimismo, ha desestimado el pago de una indemnización por despido improcedente.

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Fuente: Europa Press

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