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Los ayuntamientos que reciban ayudas tendrán que despedir o bajar sueldos a los empleados públicos

Los alcaldes que se han acogido al plan de pago a proveedores tendrán que acometer despidos a empleados públicos municipales o bajarles el sueldo, según afirma hoy el diario El País.

Según explica este periódico, el modelo del plan de ajuste que los consistorios tienen que rellenar y enviar a Hacienda incluye un formulario con 23 medidas de ingresos y gastos entre las que se incluye “la reducción de costes de personal, aludiendo especialmente a los sueldos o efectivos, o la “regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo con la reforma laboral”.

Así, además de mermar los salarios públicos para reducir costes, los 4.622 Ayuntamientos que se ha acogido al plan podrán contemplar despidos procedentes del personal de las plantillas públicas al igual que la reforma del mercado de trabajo aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy consagra por primera vez los expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas.

El formulario también contempla las nuevas implicaciones de la reforma laboral y una de las medidas de ahorro que figuran es si los ayuntamientos prevén aplicar la regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso, dando así por hecho que el nuevo coste por despido es inferior tras dicha reforma. Es decir, desde ahora los empleados públicos podrán ser despedidos con la mínima indemnización compensatoria dada la conocida insuficiencia presupuestaria de los ayuntamientos y corporaciones locales.

Estos ayuntamientos están obligados a presentar antes del 30 de marzo al departamento de Cristóbal Montoro un plan de ajuste en el que deben detallar los ingresos y los gastos previstos hasta el año 2022 y demostrar que sus cuentas serán viables hasta entonces.

Los ediles también tendrán que cuantificar el impacto de “la reducción del número de personal de confianza”, “salarios de la alta dirección” o el ahorro que supondrá “la regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas”. según reza el documento, publicado el pasado viernes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Figuran, además, otras medidas de ahorro de gasto como la reducción del número de consejeros de administración de las empresas del sector público, reducción del número de personal de confianza, contratos externalizados que pueden ser prestados por el personal municipal actual, disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas, reducción de celebración de contratos menores o la reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio, informa Europa Press.

Desde el lado de los ingresos, los ayuntamientos tienen que especificar si tienen previsto elevar los impuestos, suprimir exenciones o bonificaciones voluntarias, adoptar medidas para reforzar la recaudación ejecutiva y voluntaria o potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.

También deberán publicar anualmente en las memorias de las empresas las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos, así como una estimación realista de los derechos de dudoso cobro.

Por último, Hacienda pide en el plan de ajuste que tendrán que enviar los ayuntamientos el detalle de la financiación de los servicios públicos prestados hasta el año 2022, como el abastecimiento de agua, servicio de alcantarillado, de recogida de basuras, de tratamiento de residuos, saneamiento, servicios hospitalarios, sociales y asistenciales, educativos, deportivos o culturales, entre otros.

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Fuente: Expansión

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