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Abogado Fiscal Málaga – Estadísticas sobre macrojuicios en Málaga

Las estadísticas sobre los macrojuicios en Málaga no son muy buenas, y es que, al parecer, solo se han condenado al 28% de los ausados en macrojuicios. En ROJI Abogados Málaga contamos con abogados fiscales que se encargan sobre cualquier caso que concierna a la Administración Pública. A continuación más detalles sobre los macrojuicios en Málaga:

Los tribunales sólo han condenado al 28% de los acusados en macrojuicios

Los macroprocesos, especie que habita únicamente en la Audiencia Provincial de Málaga y en la Nacional, han sido, según afirmaron en este periódico recientemente los responsables judiciales de la provincia, un éxito organizativo. Pero, ¿se puede equiparar el acierto en su gestión con una certera instrucción y su posterior sentencia cuando se habla de decenas de investigados? Los abogados de esos grandes juicios creen que no y se apoyan en los números que van dejando a medida que finalizan: de los 56 acusados que sumaban inicialmente –prescindiendo de los imputados en la instrucción– los casos Ballena Blanca, Minutas y Troya, ya acabados, sólo han sido condenados 16, o lo que es lo mismo: el 28,5%.

En el caso Ballena Blanca, que fue considerado como el mayor golpe al blanqueo de capitales en Europa, sólo fueron sentenciadas cinco personas de las 19 que se sentaron en el banquillo. Como dijo irónicamente Horacio Oliva, defensor del principal procesado, Fernando del Valle: «Ballena Blanca se ha quedado en chanquete blanco», en alusión a cómo se desinfló la cifra «lavada» entre 2005, cuando se inició el proceso, y el último día de marzo de 2011, cuando la Sección Segunda dictó sentencia: de 250 millones de euros a poco más de 1,6. De las 17 tramas investigadas, sólo se probaron dos. A del Valle le cayeron seis años de cárcel y fuertes multas, frente a los 17 que le pidió la Fiscalía Anticorrupción.

José Carlos Aguilera, letrado habitual en este tipo de macroprocesos, cree que el hecho de que sólo hayan sido condenadas 16 personas de las 56 formalmente acusadas supone que «los cargos eran infundados». Y analiza: «La característica más singular es una inversión muy peligrosa del proceso penal; la instrucción es eminentemente policial, ni de la Fiscalía ni de del juzgado. Prevalecen las tesis policiales, y en un contexto procesal singular como es el secreto de sumario». «No me gustan estos macroprocesos, hemos retrocedido siglos. A veces se hacen detenciones con poco rigor y mucha ligereza. Hay casos flagrantes de detenciones ilegales», aclara.

El caso Minutas, por los honorarios percibidos por el abogado sevillano José María del Nido a raíz de su asesoramiento al Consistorio marbellí, ha sido un oasis en el desierto procesal y la abundante prueba documental ha permitido que la larga instrucción, iniciada en 2006, no estuviera trufada de detenciones y noches en vela en los calabozos. Esta vista, al igual que Ballena Blanca, duró más de un año y a su conclusión fueron condenados nueve acusados de los diecisiete que había inicialmente, entre ellos Del Nido y Julián Muñoz (a siete años y medio de cárcel). El fallo tenía más de 500 páginas, y el ponente tardó seis meses en terminarlo.

A Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín el Grande, y a su edil de Urbanismo, José Gregorio Guerra, los detuvieron en enero de 2007 a la salida de un mitin que Mariano Rajoy dio en Marbella. La Policía Nacional aseguró que se les cazó allí porque habían bebido y no querían que condujeran. Pero lo cierto es que su calvario, como el propio regidor calificó la investigación, ha terminado en una condena menor por corrupción: multa de 200.000 euros y un año de suspensión para empleo o cargo público. En principio, había veinte acusados, y sólo dos fueron sentenciados. Durante la instrucción, nadie cayó en comprobar que el PGOU de la localidad no había sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia hasta 2010, pese a ser aprobado en 1994. El regidor del PP habló del daño producido por un proceso que se ha prolongado durante cinco años. Él y su edil fueron absueltos de doce delitos de cohecho, probándose sólo uno.

«La Fiscalía debería acotar más los términos acusatorios y, en vez de acusar a cien, centrarse en cuarenta y no meter a todo el que pasa por allí», dice un letrado habitual también de estos casos que prefiere guardar el anonimato. «Algunas veces las imputaciones son absurdas. ¿Cuánto le cuesta al erario público dos años de juicio? Sería mejor llegar a acuerdos preprocesales. Hay que simplificar e ir a por los grandes responsables», apuntó. Y todavía hay varios casos sobrevolando la Ciudad de la Justicia: Malaya, con 95 acusados; Astapa, con 100 imputados; Arcos, con unos treinta, y Nilo, que tenía casi 200 y un acuerdo general ha permitido reducir la cifra.

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Fuente: La Opinión de Málaga

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