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Control de las incapacidades

José Rafael Ceciliano, vicepresidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), manifestó su desacuerdo con la decisión de incrementar el control sobre los permisos por enfermedad concedidos a los maestros cuando su duración supere el plazo de 14 días. La revisión estará a cargo de los comités establecidos al efecto en los Ebais, clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En adelante, no bastará la firma del médico y en ausencia de una ratificación del comité, el permiso será nulo.

El sindicalista aclaró que el desacuerdo es personal, pues “el tema deberá ser analizado” por la dirigencia. Es difícil comprender la objeción del dirigente a una medida diseñada para evitar el fraude contra el erario, financiado por todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores más humildes. Tampoco es fácil entender por qué una medida tan razonable “deberá ser analizada” por la dirigencia.

Cuando un docente se incapacita sin motivo, amén del fraude perpetrado contra sus conciudadanos, causa daño a los alumnos, razón de ser de su noble profesión. Los niños pierden días de clases, se ven obligados a adaptarse a otro maestro y sufren un inevitable desfase en el desarrollo de las materias, por mucho que el sustituto intente retomar el hilo del curso donde el incapacitado lo dejó. El perjuicio, entonces, no es solamente económico.

La medida adoptada por la Caja no le impedirá a ningún maestro gozar del permiso cuando lo necesite, pero desincentivará el fraude. Si alguno de los sindicatos magisteriales se opone, será por desapego de la realidad nacional y desconexión de la opinión pública, cansada de tantos abusos. Será, también, por la peregrina idea de que el tiempo ha consolidado una especie de derecho a semejantes “descansos”. ¿Qué otra prerrogativa del gremio podría verse vulnerada?

Si la medida algo tiene de criticable, es su alcance limitado. El control es necesario en muchos otros gremios, donde el abuso también se hace obvio. La nueva política consiente, además, un margen de 14 días sin mayor revisión. No sería de extrañar el incremento del número de incapacidades concedidas justamente por ese plazo.

La desconexión entre el sindicalista y la realidad evoca la huelga del año pasado en la CCSS para exigir a la Administración ignorar un dictamen de la Procuraduría General de la República a cuyo tenor los pagos recibidos durante la incapacidad son un subsidio y no pueden ser tomados como salario a efectos de calcular otros beneficios laborales, como el aguinaldo y la cesantía.

Los sindicatos se lanzaron a la huelga aunque el dictamen nunca puso en peligro el privilegio de recibir un subsidio equivalente al salario total, cuando los demás trabajadores solo obtienen el 60%. Querían más. En concreto, querían preservar la práctica de tomar en cuenta las incapacidades para calcular los beneficios dependientes del salario. Querían tanto que fracasaron.

Los resultados de la nueva política no se hicieron esperar. Los permisos por incapacidad se hicieron menos “rentables” y la CCSS consiguió importantes ahorros gracias al súbito “mejoramiento” de la salud de sus trabajadores. Las incapacidades cayeron de forma dramática y al ahorro directo por subsidios no pagados se suman las economías en otros gastos provocados por las incapacidades, como el costo de los sustitutos o las horas extra necesarias para llenar la vacante temporal.

En el magisterio urge una dosis de la misma medicina. El año pasado, los docentes del sistema público de enseñanza se incapacitaron más de seis millones de días, con un promedio de 14 días por licencia. Este año, la tendencia promete mantenerse y crecer. En los tres primeros días del curso lectivo 2012, 5.626 educadores se ausentaron por incapacidad. La nueva política de la CCSS es inobjetable y, si se queda corta, no dejará de ser un buen primer paso.

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