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La concejala malagueña Teresa Porras será investigada por prevaricación

La concejala Teresa Porras se enfrenta a un posible delito de prevaricación al adjudicar contratos menores presuntamente irregulares. La Fiscalía de Málaga ha remitido al juzgado la denuncia que pesa sobre la concejala de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga, la popular Teresa Porras, sobre la que existen indicios de un presunto delito de prevaricación.

Este caso,  la acusación versa sobre procesos irregulares en los que podría haber incurrido la concejala durante varios años al adjudicar contratos menores. Entre 2003 y 2008 adjudicó contratos ofrecidos exclusivamente a empresas de un mismo dueño o de familiares. Las sociedades presentaban la oferta el mismo día, con el mismo tipo de letra y entregadas por la misma persona. Las distintas áreas que son responsabilidad de la concejala Porras firmaron decenas de contratos menores por un valor total cercano a los 700.000 euros, vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público.

La práctica era similar en casi todos los casos. La mayoría son contratos menores que, según la Ley de Contratos del Sector Público, se pueden adjudicar a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria, es decir, que pueden ser adjudicados directamente.

Resulta llamativo que en todos los casos analizados la concejala Teresa Porras ponía en marcha voluntariamente un procedimiento negociado, en el que la ley exige la invitación a tres empresas para que compitan por la oferta y evitar que los contratos menores se adjudiquen siempre a las mismas empresas. Sin embargo, en la mayoría de los contratos analizados por este periódico, sólo se ofrece la falsa apariencia de que se respeta la libertad de acceso a los contratos, ya que las tres empresas a las que el Ayuntamiento solicitaba ofertas pertenecen a los mismos propietarios o accionistas o tienen vinculación familiar entre ellos.

Los procedimientos irregulares se han producido durante cinco años en casi todas las áreas que dirige la concejala: Servicios Operativos, Parques y Jardines, Playas y distrito de Carretera de Cádiz. Esta forma de actuar se mantuvo por parte de la concejala hasta 2009, año en el que el Ayuntamiento de Málaga decretó controles más exigentes para los contratos menores o negociados a raíz de que se revelara que el área de Turismo había adjudicado dos contratos tras un procedimiento similar donde sólo se había llamado a tres empresas de un mismo propietario.

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Fuente: La Opinión de Málaga

 

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