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La impugnación de los ERE abrirá la puerta a más despidos nulos

La reforma laboral ha eliminado la autorización administrativa para los despidos colectivos (conocidos como ERE), si bien la nueva ley establece que esta autoridad podrá hacer “advertencias y recomendaciones” y sigue siendo perceptivo un informe de la Inspección de Trabajo que dé el visto bueno al periodo de consultas y a la legalidad del uso de las prestaciones por desempleo.

Pues bien, esta circunstancia es la que ha llevado a Salvador del Rey, director del Instituto Internacional Cuatrecasas y uno de los mayores expertos laboralistas de España, a advertir a sus colegas que “cuando la autorización administrativa en los ERE ha salido por la puerta, la inspección ha entrado por la ventana en forma de fiscalización de la negociación colectiva”.

Con esta gráfica afirmación, Del Rey alertó ayer de que si este informe de la Inspección es negativo porque determina que no ha habido buena fe por parte de la empresa en el periodo de consultas o que este no se ha efectuado conforme a la ley, los despidos de ese proceso pueden ser declarados nulos, lo que supone la readmisión del trabajador. En este punto, se quejó de que la inseguridad jurídica que da el hecho de que la ley “tampoco tenga parámetros seguros para definir lo que es buena fe o no a la hora de negociar”.

En este mismo sentido, Del Rey -que habló ayer ante un auditorio de 1.500 abogados laboralistas y responsables de recursos humanos en una jornada organizada por Adecco y APD-, advirtió también que las empresas “deberán ser muy escrupulosas” al elegir a los trabajadores que despedirán vía ERE “porque la discriminación va a empezar a ser una causa creciente de impugnaciones de los despidos colectivos no pactados ante el juez; tal y como ya ocurre frecuentemente en Estados Unidos”.

Otro de los consejos para los gestores de recursos humanos del experto de Cuatrecasas fue que en los despidos colectivos, a pesar de que la norma ya no exige a la empresa que argumente la razonabilidad de la decisión extintiva (esto es, que la única solución a su problema económico es el despido colectivo y no otras) y basta con esgrimir causas económicas (disminución presente o prevista de beneficios o caída de ingresos o ventas durante tres trimestres), los gestores deberían seguir justificando esta razonabilidad ante el juez. De lo contrario, consideró que los magistrados podrían cuestionar estos despidos en la práctica diaria.

Un único disparo en la recámara

Otro de los expertos laboralistas encargados de explicar ayer la reforma en esta jornada fue el socio de Garrigues, Federico Durán, para quien el aspecto más importante de la reforma es la limitación de la prórroga automática de los convenios colectivos (ultraactividad) a dos años. “Si para hacer la reforma tuviera un pistola con un solo disparo, ese sería el de terminar con la ultraactividad que es la madre de todos los males de la negociación colectiva”, dijo Durán. Acto seguido opinó que los dos años que la ley da ahora para negociar antes que decaiga el contenido del convenio son demasiados. “Están limitando este plazo a cámara lenta”, apostilló.

Para Durán, la reforma no supone un cambio tan drástico como se ha dicho y precisó que su aplicación suscita dudas como si en el caso de que sean los trabajadores los que quieren reabrir la negociación de un convenio vigente la empresa tiene la obligación de negociar o si estos trabajadores pueden usar la huelga como medida de presión. “En teoría entiendo que no -dijo Duran- pero convendría que el trámite parlamentario aclarara estos puntos”, añadió. Igualmente, defendió la constitucionalidad de la figura del arbitraje en los descuelgues del convenio donde no hay acuerdo; si bien fue más allá y aseguró que las decisiones de estos árbitros aunque sean obligatorias de acatar por empresa y trabajadores “servirán de poco si, como permite la ley, se pueden recurrir a los tribunales”. En general, los expertos laboralistas reclamaron ayer que el Gobierno aclare mediante enmiendas a la ley las numerosas dudas interpretativas que suscita su aplicación.

El Ayuntamiento de Villalba suma otros cinco despidos a los 34 del ERE

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Collado Villalba (PP) ha comunicado a los sindicatos que antes del 20 de marzo extinguirá cinco plazas de interinos. Esta decisión eleva el número de empleados municipales despedidos por el actual Equipo de Gobierno popular a 39 después de que el alcalde, Agustín Juárez, hiciera efectiva la salida de 35 laborales (sin plaza fija), tras la aplicación de un polémico expediente de regulación de empleo (ERE).

La medida ha afectado al 7% de una plantilla de 481 trabajadores. La salida de los empleados públicos, que el Ayuntamiento justifica por la deuda de 111 millones de euros del Consistorio, contó con el visto bueno de la Comunidad de Madrid, pese a que el Ministerio de Trabajo del anterior Gobierno socialista se opuso. El de Collado Villalba es el segundo ERE aprobado en un Ayuntamiento madrileño después del solicitado por la alcaldesa de Fuente el Saz del Jarama. Pero es el único, hasta el momento, que incluye el despido de empleados públicos, pues en Fuente el Saz el Consistorio optó por la salida temporal de 17 empleados municipales, que volverán a incorporarse a la plantilla municipal en un año. En Parla, el Consistorio socialista despidió sin ERE a 60 empleados, sorteando así la aprobación de la Comunidad.

Para UGT, el sindicato que cuenta con más representantes en el Ayuntamiento, los nuevos despidos no son sino un episodio más de “la persecución sindical y política” contra el sindicato, explica la portavoz de UGT Estrella Moreno. Esta representante sindical destaca, además, que de los 39 despidos, “más del 60%, corresponden a UGT. Y de los últimos cinco dos son delegados nuestros: está claro”.

En el Consistorio recuerdan que la decisión de presentar el ERE se produjo después de que la mayoría de los trabajadores votaran en contra de la alternativa presentada por el alcalde, Agustín Juárez, de bajarse un 5% el sueldo El resultado de la votación fue: 226 en contra, y 163 a favor. “Pero la trampa consistió en que, antes de la votación, el equipo de Gobierno puso nombres y apellidos a los despidos”, relata Estrella Moreno, de UGT. De los 223 trabajadores laborales que votaron, 82 optaron por no bajarse el sueldo. Ninguno de ellos estaba en la lista de los condenados a perder el empleo.

Lo que más irrita a los despedidos es que, tras la primera votación, los representantes de Comisiones Obreras (CCOO) del Ayuntamiento rechazaron otra oportunidad de evitar el ERE que les dio el alcalde al proponer un acuerdo entre los dos sindicatos. En la sección sindical de UGT se votó a favor del recorte salarial. Pero en la de CCOO 14 votaron a favor de los despidos, y solo ocho quisieron evitarlos. De estos ocho, cinco entraron en el ERE. El representante comarcal de CCOO Julio Suárez aseguró a esta redacción que el sindicato “a nivel regional” apostaba por el acuerdo, “pero la decisión final la tenía la sección sindical municipal”.

La deuda del Ayuntamiento ha sido también el motivo con el que el secretario municipal del Ayuntamiento de Collado Villalba, Manuel Romero Fernández, ha justificado el informe negativo con el que ha logrado paralizar la creación de una empresa municipal cuya finalidad es la gestión del servicio público de actividades culturales, deportivas, taurinas y lúdico-festivas. Este funcionario es claro en su informe acerca de qué debe hacer el Consistorio, ahora gobernado por el PP: […]“La afición taurina puede desplazarse a la plaza de Las Ventas de Madrid donde se celebran actividades taurinas de primer orden[/…]”.

Esta oposición del funcionario obligó al alcalde a paralizar la iniciativa que estaba previsto se aprobase en el Pleno celebrado el 23 de febrero. Pero lo hizo no sin antes quejarse: […]“La reflexión de este equipo de Gobierno es que cuando el señor secretario quiera hacer política, que se presente a las elecciones y haga política. Mientras tanto, este punto del orden del día se retira”, dijo el alcalde.

Los motivos que alega el funcionario municipal es que no está acreditada la viabilidad y la sostenibilidad social, técnica, jurídica y económico-financiera de la empresa: “Consecuentemente, en el supuesto de adoptarse el acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento, podría incurrirse en nulidad de pleno derecho, ya que se habría acordado un acuerdo de contenido imposible”, indica Romero Fernández en el informe que finaliza así: “Debe reseñarse la existencia deuna deuda municipal de 111 millones de euros, superior al propio presupuesto municipal, y el despido objetivo aproximado de 40 personas. Lo que contrasta con la constitución de una empresa sin solvencia acreditada”.

Pero el alcalde no da su brazo a torcer, y ya tiene sobre la mesa un dictamen jurídico que avala su determinación a crear la sociedad municipal. El autor de este informe, […]José María Prados Barral[/…], está vinculado al Partido Popular. “Sí, soy militante del PP y me he presentado por este partido en las elecciones de 2007 en Moralzarzal. Nunca he sido cargo público, pero sí cargo de confianza. Pero esto no tiene nada que ver con el contenido del dictamen, que dice que el escrito del secretario municipal es preceptivo, pero no vinculante”.

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Fuente: Cinco Días

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