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Las familias sin ingresos podrán saldar la deuda hipotecaria con la dación en pago de su vivienda

Con más de 180.000 familias afectadas, las ejecuciones hipotecarias constituyen la cara visible y más desgarradora de la crisis inmobiliaria. Para responder a lo que desde 2008 se había convertido en un clamor social, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, avanzó ayer que el Gobierno propondrá a la banca la entrega de la vivienda como fórmula de cancelación de las hipotecas, procedimiento más conocido como «dación en pago».

La medida se incluye en un «código de buenas prácticas» que las entidades podrán suscribir de manera voluntaria y está dirigida, exclusivamente, a las familias que se encuentran en el «umbral de exclusión social»; es decir, aquellas que tengan a todos sus miembros en paro y que dispongan de una única residencia. Como incentivo, los bancos que se inscriban en este código podrán deducirse fiscalmente «las pérdidas en que hubiesen incurrido».

De Guindos, que realizó este anuncio en respuesta a una pregunta del diputado de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Coscubiela, en el Congreso de los Diputados, no ofreció excesivos detalles sobre el contenido de estas modificaciones normativas ni su fecha de aprobación. Sí adelantó, en cambio, que la dación en pago no es la única opción en estudio.

Para paliar los efectos de los embargos, el Ejecutivo propondrá que los afectados puedan seguir viviendo en su casa durante un «tiempo prudencial» de dos años, a cambio de que «el deudor satisfaga una renta a la entidad», siempre y cuando pertenezcan a este mismo colectivo.

La deuda hipotecaria no ha parado de crecer, fruto del «boom» del ladrillo y los años de crédito fácil. Un informe de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca señala que, aproximadamente, los hogares adeudan en este concepto 600.000 millones de euros. De Guindos reclamó a la banca una mayor implicación al subrayar que deben asumir «una parte del riesgo» derivado de la «diferencia de la tasación» o en la pérdida de precio «que haya sufrido el inmueble».

Ese catálogo de esfuerzos para equiparar las responsabilidades contemplará la disminución del importe pendiente de pago con las cuotas ya abonadas y no los intereses, como ocurría de manera habitual hasta el momento. Amén de una moderación de los gastos y costas, «en ocasiones muy elevados», la «atenuación» de los intereses moratorios y agilizar los procedimientos de ejecución, para que, llegada la subasta, el importe del inmueble «sea lo más elevado posible».

Con el objetivo de disipar las dudas sobre quiénes se podrán acoger a la nueva norma, De Guindos hizo hincapié en que «se establecerán las cautelas necesarias para evitar situaciones de abuso». Este punto es el que más incomoda al sector, que pide que los criterios sean claros, sin fisuras que den pie a ambigüedades ni fraudes. «Las reglas de juego deben ser nítidas, estar muy bien marcadas, para que no se produzcan errores y los costes no resulten mayores que los beneficios sociales», advierte José Manuel Galindo, presidente de la patronal de promotores y constructores de España (APCE).

Otras fórmulas que apuntó De Guindos fueron la reestructuración de las deudas hipotecarias para fijar el pago del capital que se adeuda de forma «proporcional» en el número de cuotas pagadas; la posibilidad de que las entidades financieras asuman «parte» del riesgo de las garantías hipotecarias («parece razonable que por la deficiente tasación la entidad sea copartícipe» afirmó) y atenuar los intereses de demora que calificó de «abusivos». «El Gobierno es sensible al aumento de ejecuciones hipotecarias», le dijo el ministro al diputado de IU cuando éste le acusó de permanecer impasible ante este asunto.  Eso sí, el Gabinete de Rajoy pretende huir de planteamientos   «demagógicos» y advierte de que la dación en pago no es la «solución mágica», ya que, a juicio de De Guindos, puede mermar la concesión de crédito, reducir el plazo de amortización y la cuantía de los préstamos hipotecarios.

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Fuente: ABC.es

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