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El fiscal jefe del País Vasco asume investigar el presunto fraude en Justicia

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha decidido asumir la investigación sobre el presunto fraude descubierto en contratos informáticos del Departamento vasco de Justicia entre los años 2000 y 2009, para impedir “cualquier sospecha de falta de imparcialidad” en el fiscal jefe de Álava.

El máximo representante del Ministerio Fiscal en Euskadi ha emitido un decreto,, en el que acepta la petición que le trasladó este jueves el fiscal jefe de Álava, Josu Izagirre, de no encargarse de este caso desvelado por el actual Gobierno vasco.

El pasado día 9 la portavoz del ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, desveló que el Departamento de Justicia, dirigido entre 2000 y 2009 por Joseba Azkarraga (EA), habría pagado 23 millones de euros por una quincena de contratos sobre mejoras informáticas en la Administración de Justicia que sin embargo no se habían ejecutado.

Izagirre envió este jueves un escrito a su superior directo, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, en el que le pedía que estudiara la posibilidad de no encargarle este caso debido a que había causas personales y profesionales por las que se podría cuestionar su imparcialidad.

Una de ellas es que Izagirre durante la anterior legislatura, cuando se produjeron los hechos denunciados ahora por el Gobierno vasco, interpuso un recurso junto a otros fiscales en contra de la decisión del Departamento de Justicia, dirigido entonces por Joseba Azkarraga (EA), de retirar los pisos que ocupaban los responsables de los jueces y fiscales del País Vasco, petición que fue desestimada.

El fiscal jefe de Álava también le explicaba que este mismo martes se entrevistó en una radio al exconsejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, y se le preguntó si creía que Izagirre podría tomarse la revancha, a lo que contestó que esperaba que el representante del Ministerio Público actuase con profesionalidad.

Tras conocer estos argumentos, Juan Calparsoro deja claro en su decreto que “no concurren causas de abstención” ya que el pleito presentado por Izagirre “ya está terminado” -hubo una sentencia firme- y “además se trató de un recurso frente a un acuerdo del Consejo de Gobierno vasco de aquella época, y no contra las personas que tenían responsabilidades en la consejería de Justicia“.

El fiscal superior recalca además que no había tampoco consideraciones personales hacia él que “permitan sospechar cualquier atisbo de animadversión por razones ideológicas o políticas hacia personas que han tenido importantes responsabilidades en el Gobierno vasco”.

No obstante, Juan Calparsoro reconoce que en el informe del Gobierno vasco se menciona a personas -como la exdirectora de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno vasco, Inmaculada de Miguel– que tuvieron responsabilidades en el Departamento de Justicia en la etapa en la que Izagirre interpuso el recurso contencioso administrativo.

Por ello, y “para evitar cualquier atisbo o sospecha de parcialidad”, Calparsoro se acoge a un artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que permite a los superiores jerárquicos inmediatos asumir un determinado asunto o designar a otro fiscal para que lo tramite, mediante una resolución motivada.

De este modo, el fiscal superior decide asumir él mismo estas diligencias de investigación aunque se reserva la posibilidad de designar a algún fiscal de Álava para continuar su tramitación.

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Fuente: El Mundo

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