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Aprobada a ley de transparencia hipotecaria madrileña con el rechazo de toda la oposición

El pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid ha aprobado, con el apoyo del PP y el rechazo del resto de grupos, la ley que fomenta la transparencia en la contratación de hipotecas. Según los ‘populares’, con esta nueva normativa se eleva la protección de los consumidores, aunque la oposición cree que es insuficiente y no resuelve los problemas.

Rechazo que han explicado diputados de IU y UPyD, que han defendido su voto en contra al entender que es una “tomadura de pelo” e “innecesaria”. Y el PSM, que aunque ha considerado necesaria una ley que mejore la información con la que cuentan los ciudadanos a la hora de contratar un préstamo, ha rechazado la norma presentada por el PP tal y como está redactada.

La ley exige a las entidades de crédito que, con carácter previo a la oferta vinculante, den por escrito al consumidor una información “especialmente detallada” en la que se identifique la identidad concedente, el tipo de crédito a percibir, el importe total estimativo a satisfacer y las obligaciones que el consumidor contraerá si finalmente formaliza el contrato.

De este modo, se deberá especificar si al contratar el préstamo se incluye como única garantía la vivienda hipotecada (dación en pago) o si también deberá responder con todo su patrimonio, presente y futuro. La ley pide que esta información se redacte de forma “transparente, clara, concreta y sencilla, utilizando el tamaño de letra apropiado para facilitar su lectura”.

La normativa también contempla sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones sobre el procedimiento de contratación o en caso de discrepancia entre la oferta vinculante y el proyecto de documento contractual. Unas sanciones que podrían llegar, en el caso de considerarse muy graves, hasta los 600.000 euros.

Eustaquio Jiménez, diputado del PSM, ha defendido que se haga una ley en defensa del consumidor, pero ha considerado que el proyecto aprobado es “imperfecto“. Jiménez ha especificado que no habrá mayor transparencia en la contratación a menos que se introduzcan elementos como los que ha propuesto el PSM en sus enmiendas, como que se garantice la gratuidad de la información sobre productos hipotecarios que han de dar los bancos, o que se cree un modelo oficial de contrato hipotecario para que cualquier cliente pueda contrastar la oferta de crédito que le hace una entidad.

También ha sugerido el PSM que la ley incluya la mediación gratuita en el caso de que un cliente no pueda hacer frente al pago del préstamo, dentro de la batería de alrededor de 50 enmiendas que ha presentado este grupo al proyecto de ley durante su tramitación.

Desde IU, la diputada Libertad Martínez ha expresado su posición “profundamente en contra” de esta ley, que ha tachado de “tomadura de pelo” e “insulto” a los ciudadanos. Bajo su punto de vista, lo que debería impulsar el PP es una ley que contemple la dación en pago para aquellos consumidores que no pueden afrontar el pago de sus viviendas, y no una norma que se limite a hablar de mayor transparencia en la letra pequeña de los contratos hipotecarios.

UPyD, a través de su portavoz Luis de Velasco, ha opinado que esta norma es “absolutamente innecesaria”, porque parece ser más bien “un proyecto de ley para aumentar la letra de la documentación de la banca”. De Velasco ha recordado que el Ministerio de Hacienda ya aprobó el pasado mes de noviembre una orden que regula con más detalle estos aspectos, por lo que ha considerado que presentar esta ley en la Asamblea de Madrid “son ganas de perder el tiempo”.

Carmen González, en nombre del PP, ha defendido el proyecto de ley, que pretende, ha dicho, elevar el nivel de protección de los consumidores de un producto hipotecario. Gracias a esta norma, ha explicado González, cuando un madrileño acuda a solicitar una hipoteca tendrá “información clara y precisa de las obligaciones y los riesgos que asume”, y podrá saber si, en caso de no poder pagar las letras, responderá con todo su patrimonio presente y futuro, o si quedaría saldada con la entrega de la vivienda.

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Fuente: El mundo

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