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La Propiedad Intelectual en la Red

El pasado 1 de marzo entró en vigor el reglamento de la conocida como “Ley Sinde”. En realidad, la famosa norma es una disposición final (la cuadragésima tercera) de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), que modificó entre otros el artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. El Reglamento de desarrollo adicional de la LES a este respecto fue aprobado a partir del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual

A partir de la fecha anterior, la norma se ha renombrado como ley “Sinde–Wert”, y básicamente supuso sustanciar la ley en la que se basa , por cuanto que determina el procedimiento para el ejercicio de las funciones de la Comisión y concreta en el tiempo el momento de su entrada en vigor- el pasado 1 de marzo-.

Sin embargo, la Ley “Sinde” ya fijaba la creación en el seno de la Comisión aludida de una Sección Segunda que va a ser la encargada de ejercer las acciones para proteger los derechos de propiedad intelectual (la industria cultural en España supone el 4% del ) frente a su posible vulneración por parte de los responsables de servicios de la sociedad de la información, entendiendo como tales a los periódicos o revistas digitales, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, o cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga de archivos) siempre que represente una actividad económica para el prestador.

Sin duda, se trata de una norma controvertida socialmente, ya que permitirá la clausura, previa decisión judicial, de las páginas web que hagan negocio con las descargas ilegales, sin el ánimo de perseguir al usuario de las mismas. Es evidente que la “piratería” en la Red perjudica de manera notable la viabilidad económica de muchas de las industrias afectadas- musical, audiovisual, literaria, etc-, puesto que si bien la generalización en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha supuesto un aumento extraordinario de la difusión de contenidos culturales, también se ha producido un incremento del fraude asociado a las mismas.

Es éste un problema de complicada erradicación por cuanto que estamos hablando de una cuestión global, que no se ciñe a un ámbito territorial concreto, sino que se necesita de una importante colaboración entre los distintos países para que las soluciones adoptadas sean efectivas, puesto que son múltiples las vías de escape de los infractores. En esta línea, han sido diversos los Acuerdos en el ámbito internacional que pretenden trabajar en este sentido: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la , la Resolución del Consejo de Ministros de la UE, de 1 de marzo de 2010, sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior, o la suscripción del acuerdo ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, o Acuerdo comercial anti-falsificación), el 26 de enero de 2012, por parte de España y otros 22 países de la UE- aunque en este último caso tanto como los parlamentos nacionales tienen que debatirla como parte del proceso de ratificación-.

La aplicación práctica de la defensa de estos derechos de propiedad supone enfrentar los mismos a otros no menos importantes como son la libertad de expresión e información, o el secreto de las comunicaciones, igualmente tutelados a nivel nacional e internacional, lo que implica un difícil ejercicio de equilibrio: en Estados Unidos, la tramitación de la SOPA (Stop Online Piracy Act) quedó paralizada ante el nivel de protestas que generó, ya que permitía a los proveedores de servicios de Internet vigilar el tráfico de la Red sin la existencia de salvaguardas legales; del mismo modo, la citada ACTA ha levantado cierta polémica por cuanto que permitiría a los proveedores de servicios de Internet cortar el servicio de acceso a la Red a aquellos usuarios que continúen descargando material protegido por copyright después de recibir dos avisos y a que desvelen su información personal a las autoridades nacionales, lo que podría ir contra las normas de la UE sobre protección de datos.

Pero, ¿resultarán efectivas realmente estas medidas? Aquellos que ven en la “piratería” el origen de todos sus males opinan que tendrá efectos positivos para sus negocios al eliminar las webs que están distribuyendo ilegalmente contenidos protegidos; en la otra parte (usuarios de Internet) se afirma que estas normas, tal y como se plantean, introducen una inseguridad jurídica en la regulación de la Red, con lo que se dificulta la actividad de los emprendedores tecnológicos y la modernización del sector, además de que se potencia de algún modo una cierta salida de empresas e inversores.

Para los defensores del modelo existente hasta ahora, la implantación de las nuevas normas antipiratería pretenden proporcionar herramientas a las grandes empresas de la industria cultural para proteger los modelos de distribución y comercialización actuales que se han manifestado claramente ineficientes.

Parece claro que en un entorno tan dinámico como el de Internet, las prácticas realizadas hasta ahora serán sustituidas por otras o bien se redirigirán hacia otras tecnologías como el P2P (intercambio de archivos).

En Roji Abogados Málaga tratamos asuntos de carácter penal, laboral, mercantil, de familia (separaciones, divorcios, custodias), relacionados con herencias y testamentos, de carácter inmobiliario o de construcción, así como relacionados con consumo y bancario, especialmente en la protección de derechos de los consumidores y las hipotecas. Prestamos un servicio a nivel nacional aunque nuestra sede central se encuentra en Málaga capital y disponemos de delegaciones en Torremolinos, Marbella, Fuengirola, Antequera y Velez-Málaga.

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Fuente: La Cerca

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