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Abogado Málaga – Marbella sólo ha legalizado 900 viviendas en los dos primeros años del nuevo PGOU

Unas 900 viviendas, un hotel y un edificio de oficinas marbellíes han pasado de ilegales a legales en los dos últimos años. Es el periodo vigente que acumula el último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, el polémico planeamiento que pretende ordenar dos décadas de caos reconocidas por la Administración local y la autonómica. Entró en vigor el 21 de mayo de 2010 tras su publicación en el Boletín Oficinal de la Junta de Andalucía y cuatro años de tramitación administrativa.

Quedan 15.600 inmuebles por regularizar, ya que el documento permite adaptar a las normativas vigentes a 16.500 de los más de 18.000 edificios ajenos a todo tipo de regulación que el Gobierno andaluz detectó en la localidad en 2006. Todo ello previo pago de unas compensaciones. El Ayuntamiento se ha embolsado hasta ahora 5,3 millones de euros y ha obtenido 33.000 metros cuadrados para equipamientos públicos. De ellos, 3.000 se reservarán para viviendas de promoción municipal, explicó a este diario el concejal de Urbanismo, Pablo Moro.

Pagan los promotores. Por ahora, sólo pagan los promotores. El edil recordó que el compromiso de la Administración local del Partido Popular en Marbella es que ni un solo comprador de buena fe se haga cargo de la legalización de su casa. «Es un compromiso que está refrendado por todos los partidos políticos con representación en el pleno municipal y que está reflejado en el propio PGOU», indicó Moro.

El documento urbanístico le daba dos años a los promotores como plazo voluntario para devolverle a la ciudad los suelos que ocupan hoy sus edificios particulares pese a que, en su momento, las ordenanzas los reservaban para zonas verdes o dotaciones de interés colectivo. Para evitar derribos, el PGOU establece un sistema de compensaciones que mantiene las edificaciones ilegales a cambio de inyectar dinero en las arcas y de otorgar tierras en otras ubicaciones. En todo caso, la cesión se entiende proporcional al daño causado.

El periodo ha expirado. «Este mismo mes ya hemos comenzado a enviarles cartas a los promotores», indicó Moro. En las misivas se les requiere a abonar lo que el PGOU les demanda. El plazo voluntario acabó y ahora es el Ayuntamiento el que tiene que garantizar que los promotores paguen.

«Los vecinos pueden estar tranquilos», aseguró el edil. «A ellos, no les reclamará nada», insistió. En cualquier caso, el Consistorio ofreció la posibilidad a las comunidades de propietarios de eliminar las cargas que pesan sobre los inmuebles y que, en la práctica, impiden remodelaciones y transmisiones. El concejal adelantó a este diario que ninguna entidad ha saldado esta deuda. En todos los casos resultaban cuentas abultadas que tenían que repartirse entre los vecinos.

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que los responsables últimos de un suelo son sus dueños. «Pero este Ayuntamiento tiene la voluntad política de que paguen los que tienen que pagar, que son los promotores», reitera Moro.

Reconoce que la tramitación del Plan General es lenta y penosa porque requiere de una compleja tramitación burocrática. Pero los procesos «avanzan» aunque, visualmente y por ahora, «los vecinos no lo noten».
La hoja de ruta que supone un PGOU para diseñar una ciudad tiene como mínimo ocho años de desarrollo. Por el momento, la legalización de inmuebles, uno de los procesos más difíciles, está al 5,4% de su ejecución. El Ayuntamiento regulariza unas 450 viviendas al año. El primer año de la entrada en vigor del Plan fueron 464 inmuebles y este último, 436.

Existen otros indicadores que dan idea de la actividad que ha generadola aprobación del Plan General, según sostiene Moro. «El Consistorio ha tramitado 2.300 expedientes de obra menor al año. Antes del PGOU, no llegaban a 1.700», dijo.

Los partidos de la oposición, especialmente PSOE e IU, se quejan de la ineficacia del planeamiento a la hora de reactivar la economía del municipio. «A pesar de que se vendió como si fuera la panacea», en palabras del portavoz socialista, José Bernal.

Moro recuerda que el PGOU no es ajeno a la crisis económica. Asimismo, promueve el conocimiento del documento entre los profesionales. Ayer, inauguró unas jornadas jurídicas para que los abogados planteen sus dudas y expliquen sus conclusiones sobre el planeamiento actual.

Marbella aguarda 1.713 millones de euros. La aprobación del Plan General de Marbella prometía inversiones para la ciudad. Según el propio documento, su desarrollo implica el esfuerzo de administraciones públicas y privadas. Convertir los planos en realidad requiere de más de 1.800 millones de euros. De ellos, 1.713 de inversiones externas que la ciudad aún espera.

El Consistorio tiene la obligación de invertir unos 109 millones en obras para ejecutar el Plan. Pero las administraciones central y autonómica le deben a Marbella 109 y 565 millones de euros respectivamente. Asimismo, la iniciativa privada tendría que hacerse cargo de 1.039 millones en función de los cálculos plasmados en el PGOU.

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Fuente: La Opinión de Málaga

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