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Abogado Málaga – Una vecina relata al juez que malvive sin agua y padece acoso inmobiliario

Desde inicios del siglo pasado, mi familia ha vivido en una finca de la calle de Rogent. Allí tengo mi casa y un modesto negocio de cestería. Desde los años 80 he tenido problemas con el administrador de fincas y actual propietario». Este es el primer párrafo de una carta de Rosa Telón publicada en EL PERIÓDICO el 18 de mayo del 2007. Ayer, en la Ciutat de la Justicia de Barcelona, esta vecina del Clot-Camp de l’Arpa relató ante un juez que malvive sin agua y que el dueño de la finca le ha presionado para que abandonara el piso. El fiscal reclama tres años de prisión para José Ramón B. M. por un presunto delito de coacciones, así como el pago de una indemnización de 6.000 euros a la mujer por los supuestos daños y perjuicios morales.

PLAN PRECONCEBIDO / Según la fiscalía, el acusado José Ramón B. actuó en ejecución de «un plan preconcebido» para forzar a Rosa Talón, que tenía un alquiler de renta antigua, a abandonar en contra de su voluntad su piso del inmueble de Rogent, 81 bis, donde su familia vive desde hace unos 100 años. El imputado, según la acusación, desatendió el mantenimiento del edificio de sus instalaciones básicas, tolerando incluso la presencia de okupas. Asimismo, dejó de pagar el suministro del agua y se negó a cobrar el importe de la renta, todo ello «con la finalidad de doblegar la voluntad» de Rosa, «forzándola a desalojar la vivienda».

La acusación sostiene que el propietario de la vivienda desatendía los reiterados requerimientos de realizar el mantenimiento de la finca y , por lo tanto, la denunciante «vivía en condiciones que implicaban un riesgo para su salud. La vecina presentó hasta nueve instancias en el Ayuntamiento de Barcelona.

El imputado defendió en el juicio que el estado de la finca era «normal» y que la propiedad siempre «ha arreglado lo que se tenía que arreglar» y que las peticiones de la vecina eran excesivas. Para José Ramon B., la denuncia obedece a un interés económico, dado que, según explicó, no accedió a dar los 40 millones de pesetas que la mujer le reclamaba por dejar la casa. Justificó que dio de baja el piso del suministro de agua después de que ella dejara de pagarle los recibos por el consumo correspondiente.

La vecina relató las penurias que ha sufrido, con desprendimientos, grietas, brechas, humedades y escombros acumulados en el edificio. También detalló que el acusado dio de baja en el 2005 el suministro de agua y que entonces está obligada a abastecerse en una fuente cercana y a ducharse y lavar la ropa en domicilios de familiares.

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 Fuente: El periódico

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