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Abogado Mercantil – Resumen caso Mercasevilla

El caso Mercasevilla, relacionados con falsas prejubilaciones y EREs fraudulentos, parece no tener fin y, a menudo, salen a la luz nuevas informacions. Nuestro abogado mercantil lleva mucho tiempos siguiendo y analizando este caso y quiere comparir con vosotros esta información que supone un resumen de todo lo que está aconteciendo en el caso Marcasevilla, asignado a la Juez Alaya:

Mercasevilla denuncia la prejubilación de Lanzas y “comisiones” por casi dos millones

El sexto teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense y presidente de la sociedad mixta Mercasevilla, Gregorio Serrano (PP), ha elevado al Juzgado de Instrucción números seis, dirigido por Mercedes Alaya, varias “cuestiones” relativas al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por la empresa en 2007 y de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo. En concreto, Serrano ha trasladado a la juez que el exsindicalista jiennense Juan Lanzas, imputado en la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y totalmente ajeno a la plantilla, figura como “asegurado” en dicho ERE aunque no fueron libradas rentas a su favor, toda vez que el montante global del procedimiento contemplaría casi dos millones de euros por “comisiones” de “dudosa licitud”.

El expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, tiene un coste de 9.046.976,95 euros y fue aprovechado por 40 empleados de la lonja para acceder a la prejubilación, si bien sus rentas quedaron paralizadas en 2009 al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación del procedimiento pese a figurar en la documentación como la principal fuente de los fondos. Desde entonces, la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense ha cubierto las rentas de estos prejubilados.

GUERRERO Y LOS ERE

Y es que de un lado, entre finales de 2007 y comienzos de 2008, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, dio su “conformidad” en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007. No obstante, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero fueron “meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio”.

Francisco Javier Guerrero, como se recordará, es uno de los principales imputados en la trama que la juez Mercedes Alaya investiga sobre presuntas prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso global de dicha partida.

LA PREJUBILACIÓN DE GARRIDO SANTOYO

El ERE de 2007, de cualquier modo, figura entre las diligencias incoadas también por la conocida juez a cuenta del posible delito societario perpetrado por los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ambos imputados en esta línea de investigación y las diligencias correspondientes al presunto intento de petición de comisiones ilegales y las posibles irregularidades en la enajenación de los suelos del mercado central de abastos. Porque en el ERE de 2007, como ya se informó en su momento, fue prejubilado el exmiembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha trabajado en Mercasevilla.

Pues bien, en el escrito dirigido por Gregorio Serrano a la juez Alaya, Recogido por Europa Press, el presidente de la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense defiende que “el pago de los compromisos derivados del ERE de 2007 corresponde a la Junta de Andalucía y no a Mercasevilla”. Pero además, y merced a un informe elaborado por un actuario independiente y la documentación recabada de la compañía aseguradora ‘Generali’, con la que fueron contratadas las pólizas de seguro de rentas asociadas a las prejubilaciones de este expediente de regulación de empleo, el presidente de Mercasevilla expone a la juez toda una serie de “cuestiones” para su inclusión en las diligencias.

OTRA PREJUBILACIÓN MÁS DE LANZAS

Entre estas cuestiones, destaca una certificación mediante la que ‘Generali’ señala que el exsindicalista jiennense Juan Lanzas, imputado en la citada trama de prejubilaciones fraudulentas, figura “como asegurado número 22” en el ERE de 2007, aunque la compañía aseguradora no percibió “prima alguna para el mismo” y no habrían sido libradas rentas a su favor. Lanzas, como es sabido, fue beneficiario de una póliza de seguro de rentas con cargo a un expediente de regulación de empleo promovido por la empresa textil ‘Hitemasa’, en cuya plantilla jamás había figurado.

Igualmente, Gregorio Serrano pone de relieve en su escrito a la juez, acompañado de abundante documentación, el hecho de que entre los costes de 9.046.976,95 euros asociados al ERE de 2007, figuran “unas cifras por gastos externos dedicadas al pago de conceptos de dudosa licitud” y que suman 1.904.982,37 euros, extremo “que debe ser objeto de la investigación penal” pues “no sería legítimo abonar esas cifras. Este importe de “gastos externos”, según el presidente de Mercasevilla, coincidiría con un concepto de “comisión” identificado por ‘Generali’ y cuantificado en 1.846.240,30 euros, por lo que “deben ser investigados la finalidad real y beneficiarios de dicha cantidad, porque no nos consta documento alguno que fije el devengo de esas cantidades”.
EL DINERO DE SANTOYO

En cuanto a la prejubilación de Garrido Santoyo, el escrito entregado a la juez pone de manifesto que éste habría percibido 102.171,96 euros merced a unas “prestaciones aseguradas” que ascendían a 344.936,63 euros. El escrito del presidente de Mercasevilla expone los casos de tres trabajadores acogidos a este expediente de regulación de empleo e incluidos en las pólizas de seguro de rentas pese a que deberían haber sido “excluidas en su totalidad” sus prestaciones, al tratarse de empleados con invalidez permanente reconocida con sus correspondientes prestaciones. Se trata de Fernando P.M., Antonia H.S. y Carmelo H.

Por último, Gregorio Serrano recuerda que un propio auto de la juez señalaba como “irregularidad” el “abono de premios extraordinarios de jubilación” acordados en 2008 por valor de 256.624 euros “sobre los que no se han practicado retenciones legales algunas”. “Surge la necesidad de regularizar los excesos de los importes percibidos”, señala el documento.

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