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Las urgencias, diagnosticadas de gravedad

Son reivindicaciones históricas de la población de la Marina Baixa o de su personal sanitario: más dotación de ambulancias, más puntos de atención de urgencias, más personal en los servicios, más formación de especialistas y más agilidad en los teléfonos de emergencias. El caso de la joven benidormense Soraya Sánchez, fallecida por una presunta negligencia médica, ha reabierto el debate y la polémica en torno a los recursos de atención de urgencias en la comarca, debido al cúmulo de acontecimientos que desembocaron en su trágica muerte, desde la supuesta falta de reacción del médico que la atendió, a la tardanza del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) en movilizar un SAMU, a pesar de que lo había solicitado un médico y de que la ambulancia llevaba parada quince minutos cuando finalmente fue avisada. No obstante, ambas cuestiones y otras que rodearon la atención sanitaria de la joven la noche que murió, deberá dirimirlas la juez del caso.
Ayer, desde el CICU no quisieron hacer declaraciones al respecto, puesto que hay una investigación judicial en curso. Eso sí, explicaron cómo funciona el protocolo a la hora de movilizar una ambulancia: “un teleoperador recoge la llamada y la clasifica según criterios de sospecha que se derivan de un interrogatorio telefónico”.

El interrogatorio telefónico
El CICU cuenta con “un sistema de clasificación” que “permite estandarizar criterios y una equidad en las intervenciones”, según aseguraron. Matizaron que “cuando se trata de una demanda de asistencia sanitaria urgente, el médico coordinador valora esa solicitud y le asigna el recurso sanitario más adecuado en función la prioridad del problema y los recursos disponibles”. Entre los criterios de valoración no sólo está el “adaptarse a la necesidad de la demanda”, sino también “evitar el uso innecesario de recursos”.
El farragoso interrogatorio de estos teléfonos de emergencia, tanto del CICU como del 112, han sido motivo de controversia en numerosas ocasiones pero no son la única cuestión polémica.

La falta de recursos
En la Marina Baixa, hay dos unidades SAMU, aunque una de ellas sólo opera 14 horas, y hay cinco ambulancias del Soporte Vital Básico, pero también una de estas unidades trabaja sólo 12 horas. La falta de recursos sanitarios ha sido una reivindicación histórica de esta comarca, principalmente en temporada alta.
Cabe recordar en este punto que la muerte de Soraya se produjo en pleno mes de julio a las dos de la madrugada, es decir, cuando ya sólo funcionaba un SAMU. La primera vez que se llamó para solicitar la unidad, el CICU aseguró que estaba ocupada. Por qué no se movilizó la ambulancia medicalizada inmediatamente después de quedar libre es una cuestión que deberá resolverse también en los juzgados.
Esa falta de recursos es endémica cuando hablamos del personal de los servicios de urgencia. La última queja de la Junta de Personal del Hospital de La Vila precisamente ha sido porque la Conselleria ha suprimido los ya escasos refuerzos del servicio de Urgencias hospitalario esta Semana Santa y este año sólo ha llamado a un enfermero y un auxiliar para prestar apoyo al turno de tarde en exclusiva. Los trabajadores lo consideran “manifiestamente insuficiente” y acusan al Consell de “despreciar la salud”.
A estas reivindicaciones se suman otras, como la implantación de más servicios de urgencias, por ejemplo, en el centro de salud de Tomás Ortuño de Benidorm. Actualmente la comarca tiene siete Puntos de Atención Continuada.

La formación es voluntaria
En medio de este clima de recortes, el fallecimiento de Soraya ha puesto de manifiesto otro problema estructural de los servicios de urgencias que es la formación. Hasta ahora ni siquiera estaba reconocida la especialidad de Urgencias por el Ministerio de Sanidad y aunque se ha incluido recientemente el reconocimiento de los urgenciólogos como tales, aún no se ha concretado cómo se accederá a la titulación.
La formación del personal SAMU en la Comunidad está reglada mediante cursos específicos cuyo acceso es restringido y “poco claro”, según han denunciado los sindicatos, que piden más transparencia e igualdad de oportunidades. El resto de personal de los puntos de atención continuada realiza cursos y talleres “de forma voluntaria”, indicaron desde la gerencia del Hospital. La familia de Soraya no quiere que nadie vuelva a pasar por su calvario y al igual que muchos usuarios y asociaciones de profesionales considera que la formación ha de ser específica en estos servicios para garantizar la atención.

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Fuente: Diario Información

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