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Bruselas pide a España que modifique sus normas sobre impuestos especiales

La Comisión Europea ha pedido este jueves a España que modifique sus normas en materia de impuestos especiales para ajustarlas al derecho de la UE. Bruselas considera desproporcionada la penalización que prevé la legislación española por retrasos en el transporte de productos sujetos a estos impuestos.

La solicitud se realiza a través de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si el Gobierno no adopta medidas correctivas en el plazo de dos meses, el caso podría acabar ante el Tribunal de Luxemburgo.

Según las normas de la UE, toda circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo dentro de la UE debe ir acompañada de un documento administrativo electrónico con datos sobre las mercancías, incluida información sobre la duración de su trayecto.

El principio en que se basa esta exigencia consiste en fijar una duración razonable del trayecto entre el momento de la expedición y el de la llegada de las mercancías, a fin de que las autoridades estén atentas a unas duraciones del trayecto excesivas o que rebasen las duraciones estimadas como una situación en que el riesgo de fraude y de evasión fiscal podría ser mayor que en otras circunstancias.

Las normas españolas imponen una penalización del 10 % sobre los impuestos especiales de las mercancías con una multa mínima de 600 euros si la duración del transporte de los productos sujetos a impuestos especiales estimada por el agente económico es menor que la duración real y la diferencia de duración ha sido descubierta por las autoridades fiscales durante la circulación de los productos sujetos a impuestos especiales.

La Comisión cree que una duración del trayecto estimada para los productos sujetos a impuestos especiales que sea inferior a la real es independiente de cualquier intención fraudulenta y no impide cumplir su cometido al sistema de control de la circulación de productos sujetos a impuestos especiales. Por esta razón, la Comisión considera que las normas españolas en materia de sanciones son desproporcionadas.

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Fuente: El Mundo

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