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Caso Malaya- Roca dice que repartía dinero de sus negocios a ediles de Marbella- Abogado especialista en corrupción Marbella

El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha asegurado que repartía dinero procedente de sus negocios privados entre los entonces concejales marbellíes con el objetivo de mantener la unidad en el equipo de Gobierno, dentro de “un acuerdo político”; asegurando que los ahora exediles “desconocían el origen de esos fondos con los que les gratificaba”.

 

Roca ha continuado respondiendo por quinto día a las preguntas del fiscal Anticorrupción sobre los presuntos pagos por parte de empresarios procesados y los realizados por él a exconcejales; así como al reflejo de estas entradas y salidas de dinero en los archivos informáticos de la sociedad Maras Asesores, relacionada con Roca, y la vinculación de las aportaciones con resoluciones urbanísticas favorables.

“Cuando yo tenía fondos procedentes de mis negocios, decidía repartir a los concejales por el acuerdo al que había llegado”, ha indicado el principal acusado, quien ha vuelto a desvincular los pagos realizados por promotores acusados en el caso ‘Malaya’, que constan en los archivos intervenidos, de esas resoluciones municipales, asegurando que en algunos casos éstas no se llegaron a producir.

Poniendo como ejemplo un pago del empresario acusado Fidel San Román, ha insistido en que “difícilmente se puede retribuir una resolución administrativa que no se ha producido”, negando que la intención fuera pagar una autorización futura, como ha apuntado la acusación pública, porque, añade Roca, hacía falta una aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). “Lo que yo declaro creo que es lo único coherente”, ha dicho.

Con el mismo argumento, ha vuelto a negar que pagara a los exediles para que aprobaran una licencia o ratificaran un convenio, preguntándose “cómo voy a gratificar a los concejales por algo que no han hecho”. Asimismo, el principal acusado se ha referido a su papel de asesoramiento urbanístico para determinados promotores y ha precisado que se trataba “de hacer una cosa que fuera viable”, con parámetros “que fueran aceptables”.

En este sentido, Roca ha recordado que cuando asesoró a algunos de los empresarios él ya no formaba parte de Planeamiento y “no incorporaba parámetros al documento de revisión”, porque existía un equipo redactor “fuera” que se encargaba de ello. No obstante, ha dicho que “para nada” era conocida esta tarea de asesoramiento por la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe.

También ha explicado su trabajo de intermediación en operaciones urbanísticas de empresarios como Rafael Gómez ‘Sandokán’, actual concejal en Córdoba, aludiendo a que uno de los pagos que supuestamente se vincula al promotor “no es un dinero entregado directamente” por él, aunque quien compra los terrenos sí es su empresa. Al respecto, ha señalado que esa sociedad de Gómez “hace unas obras que no estaban amparadas por ninguna licencia” y que se abrió expediente de disciplina urbanística.

Según el principal acusado en el caso ‘Malaya’, tuvo el mismo papel intermediador con el empresario Carlos Llorca, que está imputado en la causa, pero que se encuentra en paradero desconocido, precisando que “en las intermediaciones era muy normal, en un 90 por ciento, cobrar en B”.

CAMPAÑA ELECTORAL

Además, ha vuelto a aludir a pagos de empresarios para financiar la campaña del Grupo Independiente Liberal (GIL) de las elecciones de 2003, explicando que en esas municipales sucedió que “por primera vez el GIL iba a ir dividido” por las “desavenencias” que surgieron entre Jesús Gil y Julián Muñoz, cuando éste sustituyó al primero como alcalde, hasta el punto que Muñoz “formó un partido” y tuvo una campaña “distinta”, aunque finalmente concurrieron juntos.

Entonces, ha dicho, Gil le encargó que se hiciera cargo de la gestión de la campaña y, aunque ha reconocido que no tenía cargo en la formación, “yo actuaba un poco de tesorero, le daba el dinero a quien Gil me decía”. En unos casos, ha indicado, era él mismo el que solicitaba la colaboración para la campaña, sobre todo a promotores; y en otros eran aportaciones al propio Gil, que “yo apunto tal y como me la dicen”.

Ha confirmado algunas anotaciones de los archivos Maras Asesores, que aluden a estas aportaciones para la campaña, como las de José Ávila Rojas o Fidel San Román, acusados en la causa; aunque ha indicado que otras dos iniciales se refieren a empresarios no procesados “muy amigos de Gil”. Ha admitido que estos promotores resultaron beneficiados “si con eso se refiere a que han construido, han vendido y han ganado dinero”.

Preguntado por qué fondos supuestamente para la campaña aparecen registrados en cuentas de algunas de sus empresas, Roca ha explicado que si necesitaba para algunas de sus sociedades un préstamo, los cogía de los fondos de la campaña, aunque ha indicado que se devolvió todo el dinero en el momento en el que se requería.

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