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Caso Malaya: Roca niega que interviniera en tramitar convenios en los que asesoraba- Abogados Málaga

El presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha negado que interviniera en la tramitación de los convenios en los que asesoraba, asegurando que “no soy ni alcalde, que es el que firma el convenio; no soy secretario, que es el que informa jurídicamente, ni soy interventor, que informa económicamente”, que son quienes, ha dicho, se encargan de los trámites posteriores a la firma de estos acuerdos.

 

Roca ha comenzado la sesión de este lunes del último bloque del juicio del caso ‘Malaya’, contestado a las preguntas del letrado de la Junta de Andalucía y señalando que “nunca he tenido ningún tipo de incompatibilidad para hacer mis negocios privados con mi trabajo en el Ayuntamiento”, defendiendo ese trabajo de asesoramiento en determinados convenios urbanísticos suscritos con Aifos o Construcciones Salamanca.

El principal acusado ha precisado que en la fecha en la que asesoraba “mi trabajo estaba mucho más desvinculado, porque no estaba asociado a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”. Sí ha admitido que proponía convenios para que se incorporaran al planeamiento, pero ha insistido en que éstos “no tenían virtualidad, no eran más que un acuerdo de partes”, incluso muchos “no llegaron a incorporarse”.

Así, Roca ha defendido que el equipo de Gobierno que presidió Marisol Yagüe, tras la moción de censura contra el que fue elegido alcalde en 2003, Julián Muñoz, decidió aplicar en los convenios que se firmaban el aprovechamiento medio exigido por ley “y no esa locura que instauró el señor Jesús Gil” y el letrado José Luis Sierra “de exigir el 50 por ciento” en cuanto a los aprovechamientos urbanísticos.

En este punto, ha precisado que tras esa moción de censura el nuevo equipo de gobierno “apuesta por la legalidad” y ha recordado que se llegó a firmar un convenio con la administración andaluza para la redacción de un plan general “de ordenación y normalización”, que se resolvió, ha dicho, por discrepancias entre ambas administraciones sobre la paralización de obras.

Roca ha manifestado que el Ayuntamiento decidió que “no se va a hacer nada hasta que no se sepa cómo van a quedar las construcciones en el nuevo proceso de normalización, porque si se van a legalizar, no tiene sentido iniciar mil expedientes de paralización, de suspensión, de lesividad”. “Esto no le gustó a la Junta de Andalucía”, ha precisado.

En este sentido, ha indicado que dicha institución “quería que se paralizaran obras, quería que se paralizara Marbella”, lamentando la actitud de la Junta de Andalucía que “en algunos casos, impugna la licencia y por otro lado, legaliza o dice que lo que se ha construido es legal”, ya en 2010. Ha apuntado que “no se puede estar yendo contra tus propios actos”.

El principal acusado ha indicado que “los tribunales han dictado unas sentencias, anulando unas licencias, que no se van a poder ejecutar porque hay un documento posterior que las legaliza”, cuestionándose que “si se pueden legalizar, por qué se han denegado”. Sí ha admitido que las licencias “hoy son contraderecho”, insistiendo en que discutió con Gil por las decisiones municipales.

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