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Constitucionalidad de las plusvalías municipales

El pasado once de mayo, el pleno del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Estos artículos están incluidos dentro de la sección del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal. Siguiendo la redacción de la norma, su finalidad es gravar el incremento del valor que sufren los terrenos con el paso del tiempo debido a la acción urbanística municipal. Por ejemplo, la construcción de un acceso a la autovía y un parque público hace que las viviendas de la zona sean propensas a revalorizarse positivamente.

El problema surge al no contemplar la norma ningún supuesto en el que la ganancia patrimonial sea neutra o negativa, situación que desgraciadamente se viene sufriendo en los últimos años. El Tribunal Constitucional ha entendido que en los casos en que se grava al contribuyente cuando la propiedad de éste ha sufrido una revalorización negativa no habiéndose adaptado los mínimos catastrales y coeficientes establecidos por los ayuntamientos, da lugar a una situación que es contraria al principio de capacidad económica contenido en el art. 31.1 de la Constitución. La razón es que el contribuyente estaría ingresando la misma cantidad impositiva en el caso de producirse una ganancia o una pérdida económica.

La inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, queda reducida a los casos en los que se grave situaciones inexpresivas de capacidad económica; es decir, cuando no se haya producido un incremento del valor del terreno al momento de producirse la transmisión. Por tanto no puede entenderse que todo el impuesto sea contrario al texto constitucional.

Siguiendo el periodo general de la prescripción presente en la Ley General Tributaria, no es posible solicitar la devolución de ingresos indebidos una vez han transcurrido cuatro años. No deberían pasar desapercibidos en este tema, los intereses de demora que producen los ingresos indebidos, no pudiendo computarse los retrasos injustificados por parte del solicitante. Asimismo, a la hora de plantearse actuar, es necesario considerar que los procedimientos de reclamación a la Administración varían según estemos ante una autoliquidación por parte del sujeto pasivo, o una liquidación realizada por la Administración pública y pueden seguir caminos diferentes.

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