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Cumplimiento de obligaciones fiscales y sanción tributaria

En la sentencia del Tribunal Supremo num. 1163/2017 de 30 de junio se discute una sanción tributaria a una sociedad a la que se le deniega la deducción de una factura por considerarse esta falseada. La sociedad interpuso recurso de casación contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía manteniéndose la sanción impuesta a la empresa por una cantidad de 36.821,41 euros.

Todo comenzó en el año 2008, durante una inspección a la entidad se fue requiriendo todo tipo de documentación contable y mercantil, requiriendo la Administración el detalle de una factura y su original, que nunca fueron entregadas. Se concedió a la empresa el trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución y posteriormente, extendida el acta de disconformidad, se concedió trámite de alegaciones constando que la sociedad tiene constancia de la existencia de Diligencias obtenidas respecto a la misma.

Entiende la recurrente que se ha producido indefensión en el procedimiento, opinión contraria al Tribunal Supremo ya que en el procedimiento de inspección tributaria, la audiencia es un trámite previo a la propuesta de liquidación, donde se pone de manifiesto todo lo contenido en el expediente para que el interesado realice las manifestaciones que considere oportunas. Entiende de igual modo la Sala que la recurrente contaba con su derecho a la defensa intacto pues a pesar de no conocer el expediente completo, la parte que conocía era suficiente para poder realizar alegaciones.

Asimismo, la demanda sobre el fondo afirmaba que la Inspección no había valorado los medios de prueba aportados por la recurrente ni que la Administración haya probado debidamente que la operación mercantil haya sido fraudulenta por no tener la empresa proveedora una infraestructura material suficiente para esa contratación.

Respecto a las obligaciones  de facturación de empresarios y profesionales, según el Real Decreto 1496/2003, los ingresos deben justificarse mediante “factura completa”, incluyéndose numeración, fecha de expedición, nombre y apellidos, razón o denominación social del expedidor y del destinatario, así como la descripción de la operación y su importe. Por otra parte, el carácter deducible de un gasto se atiene a su efectiva realización como servicio o actividad que motiva el pago. La carga de la prueba recae sobre el sujeto pasivo, en este caso la empresa recurrente. Además, entiende el órgano juzgador que existen otros medios que pueden probar la deducción en el caso de que la factura no estuviese adornada con todos los gastos que se pretenden deducir.

En casos en los que sea difícilmente reconstruible los hechos y se beneficie de dicha dificultad el sujeto pasivo, ante situaciones de ausencia de prueba directa, la Administración puede basarse en presunciones como se recoge en el art. 106.1 y art. 108 de la Ley General Tributaria. En el caso concreto, según expresa el Tribunal, se ha llevado a cabo una prueba por indicios, hechos aislados que podrían no significar nada, aunque en conjunto “llevan a una determinada conclusión mediante un razonamiento lógico”, goza de especial importancia que el subcontratista careciese de una infraestructura suficiente y no mediando contratos escritos de la ejecución de obras, ni cuentas bancarias y ni si quiera, compras a proveedores.

Finalmente se desestima el recurso por los motivos comentados. Recuerda el Tribunal que según el art. 105 de la LGT “quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo así como la doctrina establecida por el Tribunal Supremo” y no ha sido así, ya que no se ha acreditado que los gastos aparecidos en determinadas facturas se correspondiesen  con la actividad desarrollada, que se cumplían todo los requisitos para ser deducibles y que se había desarrollado dicha actividad desde el punto de vista material. También es correcta la sanción puesta a la empresa.

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