Noticias


Disyuntiva: Grabaciones que contienen información delictiva para su uso en los tribunales penales.

Actualmente con el auge de los medios tecnológicos, especialmente los denominados Smartphone, es cada vez más fácil que pueda vulnerarse el artículo 18 CE en lo relativo a la intimidad personal y familiar; y en lo referente al secreto de las comunicaciones (pues es posible grabar una conversación de manera sencilla sin que todos los participantes de la misma lo tengan en conocimiento).

El problema radica cuando entra en conflicto con la notitia criminis como se plantea en el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada (Sala de lo Civil y Penal, sección 1ª) 22/2016 de 22 marzo. En primer lugar, hay que recordar que el art. 18 CE al que nos hemos referido en el párrafo anterior, entra dentro de los llamados Derechos Fundamentales (en sentido estricto, los contenidos en los artículos 14 a 29 CE) que gozan de especial protección mediante el recurso de amparo según lo dispuesto en el art. 53.2 CE. El derecho al secreto de las comunicaciones del art. 18.3 CE se refiere a la “impenetrabilidad de la comunicación por terceros” por lo que, en principio, no hay problema en que uno de los partícipes guarde la comunicación e incluso llegue a transmitírsela a un tercero con la salvedad de que el contenido retransmitido no entre en la esfera de la intimidad personal de algún interlocutor (como se expresa en la STC. 114/1984, de 29 de noviembre y de manera similar el Tribunal Supremo: SSTS de 20 de mayo de 1997, 22 de septiembre de 2006 y 7 de febrero de 2014).

Por tanto, aparentemente no existe inconveniente en que una grabación que no vulnere el derecho al secreto de las comunicaciones pueda emplearse como notitia criminis (información que da lugar al ejercicio de la acción penal por el órgano correspondiente representante del Estado). Sin embargo, si puede existir problema en que dicha información pueda ser considerada como una prueba válida como se observa en la sentencia de 21 de marzo de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: “(…) En los Autos de esta Sala de 28 de octubre de 2010 y 2 de abril de 2012 abordábamos la cuestión de la licitud y del valor probatorio de las grabaciones privadas efectuadas por algún interlocutor sin conocimiento de los demás interlocutores, y, en línea con la jurisprudencia más consolidada, proponíamos la siguiente distinción:

  1. a) Si la grabación ha registrado “evidencias para la prueba de la autoría de un delito ya perpetrado”, y esas evidencias consisten en manifestaciones de alguno de los acusados de las que puede inferirse el reconocimiento de su participación en los hechos, la grabación, lícitamente obtenida (pues no vulnera el derecho a la intimidad, dado que se limita a registrar una manifestación dirigida a quien la graba, y no se trata de la interceptación de una conversación ajena), puede servir como notitia criminis, pero no puede ser aportada como prueba por cuanto ello vulneraría el derecho a no confesarse culpable y comportaría “un torcimiento de ese blindaje especial que la Constitución y la ley procesal ofrece al acusado”: en efecto, tales manifestaciones se habrían realizado en un contexto que no comportaba renuncia procesal válida, con asesoramiento y conocimiento de sus derechos, al derecho a guardar silencio, por lo que si no puede obligarse al acusado a reconocer su culpabilidad, tampoco puede aportarse como prueba una manifestación auto inculpatoria vertida fuera del proceso ignorando que podía ser reproducida en el acto del juicio;
  2. b) Si, en cambio, la grabación se dispone para “acreditar la perpetración de un delito”, ningún inconveniente existe en aportarlo y valorarlo como prueba, por cuanto el elemento de convicción que aporta no es un reconocimiento o confesión, directa o indirecta, de haber realizado una conducta, sino el hecho mismo en que consiste el delito (…)”.

En conclusión, se puede decir que una grabación sin el consentimiento de todos los partícipes, puede ser empleada para iniciar la acción penal (que se persiga el delito) pero si ha sido conseguida sin cumplirse todos los requisitos para su validez (como el conocimiento de que están siendo grabadas) es complicado que sea admitida por el Juez.

 

Contacte con nosotros y resuelva las dudas sobre su caso llamándonos a los teléfonos:

Teléfonos 952 211 011 607 202 361

También puede contactarnos a través de la dirección de correo electrónico

Correo electrónico info@rojiabogados.com

Si lo prefiere puede acercarse a nuestras oficinas en:

Oficinas Málaga Antequera Fuengirola Marbella Torre del Mar