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El Concello tapiará el edificio de Castelao para cumplir ante el juez y evitar la multa a Fervenza

Tras reunirse con el asesor jurídico municipal, el alcalde moañés, José Fervenza, aseguró que el Concello cumplirá la orden judicial y repondrá la legalidad urbanística en el inmueble de la calle Daniel Castelao que construyó promociones Peymouro, por lo que deberá tapiar las cuatro ventanas y modificar el resto de elementos que no se ajustan a la licencia solicitada. Lo hará subsidiariamente si la promotora o la comunidad de propietarios no acometen los trabajos de forma voluntaria. “Nosotros lo tendremos que licitar a una empresa, porque con medios propios es imposible”, indica el abogado municipal, Vázquez Cueto. Eso sí, las costas las deberá asumir después Peymouro.
De hecho, el propio Fervenza confirmó ayer que los técnicos de Urbanismo están valorando ya el coste real de los trabajos necesarios antes de encargárselos a alguna constructora. “Amosamos que queremos cumprir a lei nun caso que arrastramos dende 2007”, argumenta el regidor. Además de dar cumplimiento al mandato judicial, en la reunión de ayer se acordó recurrir la multa que el Contencioso número 3 de Pontevedra impuso la semana pasada al propio regidor, que debería abonar 1.500 euros de su patrimonio personal por no tapiar antes dichas ventanas. “Argumentaremos que estamos gestionando la reposición de la legalidad. El juzgado debe comprender que no solo es necesario entenderse con Peymouro, sino que nos tenemos que reunir con todos los propietarios que residen en el inmueble, de ahí el retraso”, apunta Vázquez Cueto. “O que non podemos facer é entrar pola forza nunha vivenda para tapiar as fiestras, por iso estamos a falar cos residentes”, añade Fervenza, que espera no tener que pagar finalmente la sanción económica. El inmueble tiene 31 viviendas, además de locales comerciales.
Por su parte, el abogado que representa a la promotora, y que ayer pretendía reunirse con los responsables municipales, mantiene que la empresa no tiene obligación reponer la legalidad porque no es la propietaria de las viviendas y asegura que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó seguir adelante con el procedimiento administrativo para determinar si se infringe la ley, “pero no obliga directamente a tapiar los huecos que exige el denunciante”.

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