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¿El Gobierno Prevé despido colectivo en el sector público?

Despido Colectivo en el Sector Público

La profundidad de la crisis tiene en las tasas de desempleo su manifestación más elocuente. Nada ni nadie se libra, ni el sector público. La reforma laboral aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto Ley 3/2012 incluye medidas dirigidas a éste. El objetivo es combinar flexibilidad y garantía, pero esto es complejo de establecer cuando se trata del sector público. La referencia es política, no empresarial o de mercado. La contaminación política y, sobre todo, partidista, distorsiona cualquier resultado de los análisis sobre el éxito o el fracaso de las medidas adoptadas. La Administración no es ni empresa, ni empresario.

El RDL 3/2012 regula, por primera vez, la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público (disposición adicional segunda). Se añade una nueva disposición adicional, la vigésima, al Estatuto de los Trabajadores, para hacer posible el despido colectivo del personal laboral del sector público.

En primer lugar, se trata sólo del personal laboral, por lo tanto, no afecta al personal funcionario que disfruta de un estatuto jurídico presidido, entre otros principios, por el de su inamovilidad. La desigualdad entre unos y otros podría dar lugar a la crítica cuando ambos llevan a cabo actividades que no suponen ejercicio de potestades. El que el personal laboral pueda ser despedido pero no el funcionario, podría ser calificado como injusto.

En segundo lugar, el régimen del despido es el del Estatuto de los Trabajadores, mas con las peculiaridades establecidas en el propio RDL y en la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones.

En tercer lugar, la principal peculiaridad afecta a las causas que podrían justificar el despido colectivo. Inicialmente, son similares a las que sirven para justificarlo si se trata del personal del sector privado. Las diferencias se suscitan cuando se trata del personal laboral de la Administración pública. El RDL distingue entre el personal laboral del sector público que presta sus servicios, por un lado, en sociedades y fundaciones públicas y, por otro, en Administraciones públicas. Aquél sigue el régimen general; en cambio, las causas de despido de este último deben adaptarse a la singularidad del sujeto para el que trabajan. Las causas técnicas aluden a los “cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate”, y las causas organizativas a los “cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.”

El problema se plantea cuando se detalla la causa económica que justifica el despido colectivo del personal laboral al servicio de una Administración pública. No hay la referencia objetiva que el régimen general utiliza cuando se trata del personal del sector privado: “cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas”. Una Administración no cuenta con esta referencia de mercado. La causa económica asume otro criterio: el presupuestario: “cuando se produzca en las mismas [Administraciones] una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes”. La expresión utilizada (la insuficiencia presupuestaria) es extraña a la legalidad presupuestaria, lo que, además, podría plantear problemas de acreditación de cuándo se produce realmente.

En definitiva, la medida intenta flexibilizar la gestión del personal laboral del sector público. Es una medida que afronta las consecuencias de un problema aún más grave y que es la causa de todos los males: la hiperinflación administrativa. Se han calculado en más de 20.000 las entidades que integran este sector. Sospecho que la realidad es aún mayor. A mi juicio, más que regular los despidos colectivos del personal, habría que regular preferentemente el “despido colectivo” de entes públicos. Aquí la racionalización es imperiosa. En este contexto y, sólo en este contexto, tendría sentido medidas como la que comento.

En Roji Abogados Málaga tratamos asuntos de carácter penal, laboral, mercantil, de familia (separaciones, divorcios, custodias), relacionados con herencias y testamentos, de carácter inmobiliario o de construcción, así como relacionados con consumo y bancario, especialmente en la protección de derechos de los consumidores y las hipotecas. Prestamos un servicio a nivel nacional aunque nuestra sede central se encuentra en Málaga capital y disponemos de delegaciones en Torremolinos, Marbella, Fuengirola, Antequera y Velez-Málaga.

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Fuente: Expansión

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