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El Laudo es nulo por contener disposiciones que exceden del objeto del arbitraje y que limitan los derechos de terceros

TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 4 de abril de 2014, Recurso 132/2013.

 

La aplicación de la anterior doctrina obliga a desestimar el recurso examinado porque con los datos obrantes en los hechos declarados probados, dejando aparte el contenido del Laudo, no existe base alguna para entender que nos encontramos ante un grupo de empresas patológico y, consecuentemente, debe concluirse que Iberia Express no estaba representada por Iberia Operadora, ni por representación expresa, ni por la tácita derivada de la existencia de un grupo de empresas patológico. Por ello, el arbitro si pretendía afectar los derechos o intereses de Iberia Express debió oírla antes de dictar el laudo y al no hacerlo violó los principios de igualdad de partes y de audiencia que deben respetarse, conforme al artículo 24 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre , de aplicación supletoria para llenar el vacío que dejan los artículos 91-2 (último párrafo) del E.T . y 65-4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (L.J .S.), cual señala la sentencia recurrida. Pero, además, debe tenerse presente que el artículo 65-4 de la L.J .S. regula la situación de terceros perjudicados por el laudo, condición que tiene Iberia Express, habida cuenta su personalidad jurídica independiente de la de la empresa matriz, así como que la misma no era parte del conflicto, pues este existía entre Iberia Operadora y sus pilotos. en razón de ello la imposición del arbitraje obligatorio, ex art. 10 del R.D.L. 17/1977, de 4 de marzo que acordó el Consejo de Ministros se limitó a las partes del conflicto, esto es a Iberia Operadora y al SEPLA, cual allí se dice. El arbitraje obligatorio en cuanto limita los derechos a la negociación colectiva y a la huelga debe ser objeto de interpretación restrictiva y no puede obligar a terceros ajenos al conflicto (huelga con ocasión de la negociación de un nuevo convenio colectivo), cual era Iberia Express, quien no empleaba a ninguno de los huelguistas y no estaba negociando su convenio colectivo, pese a tratarse de una sociedad ya en funcionamiento.
La alegación de que la empresa matriz representaba a la filial, quien, por ende, no quedó indefensa no es acogible, porque en nuestro derecho es lícita la existencia de un grupo de empresas y nuestro ordenamiento permite que cada una tenga una personalidad jurídica propia e independiente, sin que exista responsabilidad solidaria de las distintas empresas del grupo. Cierto que esa regla general admite excepciones en el derecho laboral cuando se trata los llamados “grupos de empresa patológicos” por las anomalías que presentan en su funcionamiento, pero incluso en esos supuestos, debe oírse a todas la empresas afectadas por la resolución a dictar sobre si se dan los presupuestos que condicionan la existencia de “grupos patológicos”. El argumento relativo a que Iberia Express no es sujeto del Laudo sino objeto de él no es de recibo, porque el Laudo le impone obligaciones concretas en cuanto al personal (pilotos) a contratar y condiciones contractuales de los mismos a la par que le limita su actividad, lo que obligaba en todo caso oírla por estar en juego su viabilidad en esas condiciones.
Además, el Laudo no argumenta sobre la existencia de un “grupo de empresas patológico”, ni declara su existencia irregular con la consiguiente responsabilidad solidaria de las empresas integrantes, sino todo lo contrario. En efecto, en su apartado A) relativo a disposiciones sobre Iberia Express, dispone que se reconoce la facultad de Iberia Operadora o de las entidades o grupos en que se integra, “de constituir las empresas que estime convenientes para el mejor desarrollo de su actividad y, en concreto Iberia Express como entidad empresarial con plena autonomía de gestión. Ello sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que puedan derivarse para Iberia de la vinculación patrimonial de la entidad creada con la empresa o grupo matriz” (debe recordarse que Iberia Express fue constituida el 14 de octubre de 2011 y el 25 de marzo de 2012 inició su actividad como compañía aérea teniendo 329 empleados de alta en Seguridad Social el 7 de julio de 2012). Pero, seguidamente, el Laudo impone a Iberia Express obligaciones con respecto a la contratación de pilotos de Iberia, escalafón único y demás que antes se señalaron a la par que limita el número de sus vuelos y lugares a los que puede volar. Con ello el árbitro, tras haberla reconocido “como entidad empresarial con plena autonomía de gestión” acaba restringiendo los derechos de quien no ha sido parte en el procedimiento arbitral. Precisamente impone la confusión de plantillas, no ya para quienes ya volaban con Iberia, sino, también, para los pilotos de nuevo ingreso.
A mayor abundamiento, según acordó el Consejo de Ministros, el arbitraje tendría por objeto “resolver en equidad cuantas cuestiones se hayan suscitado en el planteamiento y desarrollo de la huelga”. Esas cuestiones, según la exposición de motivos, estaban relacionadas con la creación de Iberia Express, con la cesión de actividad de aviones a dicha filial, con la cesión de actividad a otras compañías y con la obstrucción a la negociación del VIII Convenio Colectivo. El arbitraje de equidad podía imponer a Iberia obligaciones con respecto a sus relaciones comerciales con Iberia Express (cesión de vuelos y de aviones), pero no podía limitar la actividad de esta, ni obligarla a contratar a ciertos pilotos, ni a que el régimen laboral de los pilotos de ambas fuese común, ni a que existiera un escalafón común de pilotos con trasvases de una a otra empresa. Ni ese no era el objeto del arbitraje, ni Iberia Express, como sociedad independiente era parte de ese arbitraje. Y si el arbitrio entendió otra cosa debió oírla, cual le obligaba el punto Cuarto del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2012.
Para terminar reseñar que el propio árbitro ha reconocido estos argumentos y, tras conocer la sentencia de la Audiencia Nacional objeto del presente recurso, ha procedido a ejecutar la misma, para lo que llamó de nuevo a las partes, incluida Iberia Express, las oyó y procedió a dictar un nuevo Laudo el 21 de diciembre de 2012 (BOE 14 de marzo de 2013) que reproduce en sus partes esenciales al anterior. Esta actuación del árbitro supone que el mismo reconoce que debió oír a Iberia Express y que en el primer Laudo no consideró, expresa o tácitamente, que existía “un grupo de empresas patológico” y que la matriz representaba a la filial, lo que rebate los argumentos del recurso interpuesto por los representantes de los trabajadores y corrobora la necesidad de desestimarlo, cual se razonó antes. …”
“… Primera. Porque el arbitraje obligatorio que establece el artículo 10 del R.D.L. 17/1977 es una institución jurídica para la solución extrajudicial de conflictos que tiene su naturaleza propia y especial y que debe ser interpretado de forma restrictiva, por cuanto supone una limitación de los derechos a la negociación colectiva y a la huelga, cual ha declarado el Tribunal Constitucional en su sentencia 11/1981, de 8 de abril . Esta naturaleza especial da lugar a que no sean de aplicación al procedimiento arbitral las normas que regulan los procesos judiciales.
Segunda. Porque lo dicho en el anterior apartado tiene mayor relevancia cuando se trata del llamado arbitraje de equidad, supuesto en el que el árbitro actúa como hombre bueno o amigable componedor, sin que le sean exigibles especiales conocimientos jurídicos, porque, aunque debe motivar su decisión, no es preciso que la funde en normas jurídicas, exclusión que debe afectar a las normas procesales.
Tercera. Porque el artículo 65-4 de la L.J .S., norma especial, regula el proceso de anulación de los laudos arbitrales por haberse resuelto aspectos no sometidos a él o que no pudieran ser objeto del mismo, sin preveer la subsanación de los errores en la tramitación del arbitraje. Incluso autoriza que la nulidad se pida por terceros perjudicados por lesividad, sin que tampoco en estos casos se prevea la anulación de las actuaciones para que se celebre nuevo arbitraje en el que sea parte el tercero.
Cuarta. Porque en nuestro derecho el arbitraje es un procedimiento autónomo y la anulación del laudo por motivos como el que nos ocupa impide replantear la vía arbitral, pues ha quedado agotada, salvo que se celebre un nuevo convenio arbitral o se imponga un nuevo arbitraje obligatorio que amplie el objeto del arbitraje (en este sentido S.TS. (1ª) de 2 de julio de 2007 (R. 2177/2000 ).
Quinta. Porque en definitiva el ámbito, subjetivo y objetivo, del arbitraje lo determina el convenio arbitral y en su caso el Acuerdo que impone el arbitraje obligatorio. En el supuesto que nos ocupa, el objeto del arbitraje era la huelga declarada en la empresa Iberia LAE S.A.U., Operadora a instancia del SEPLA y su objeto era resolver las cuestiones suscitadas en el planteamiento y desarrollo de la huelga (Apartados Primero y Tercero del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2012). En ese Acuerdo no se incluyó, como parte ni como objeto del arbitraje, la existencia y forma de operar de Iberia-Express, sociedad ya creada y en funcionamiento. Por ende, esta empresa tiene la condición de tercero y no puede ser incluida como parte en el arbitraje por la simple decisión del árbitro, sino en virtud de un Convenio Arbitral que la misma suscriba o de un nuevo Acuerdo del Consejo de Ministros, decisión cuya legalidad requeriría una huelga del personal de Iberia Express que afectara a intereses generales, cual establece el art. 10 del R.D.L. 17/1977 para imponerlo. …”

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