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El TS investigará la supuesta relación de un juez de Cataluña con la trama de las ITV, que salta a raíz de la Campeón

El Tribunal Supremo (TS) investigará al juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joaquín José Ortiz Blasco por su presunta relación con la trama para la concesión irregular de licencias de ITV en Cataluña.

Así lo ha decidido al declararse competente para instruir la causa contra este magistrado de la Sección Quinta de lo Contencioso-administrativo del TSJC supuestamente relacionado con la pieza separada de la causa que instruye la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, por el caso de las ITV, según explica en un auto la Sala de lo Penal.

Se trata de la trama en la que un grupo de empresarios pretendían supuestamente obtener concesiones irregulares de ITV y que salió a la luz a raíz de la investigación en Galicia sobre la Operación Campeón, relacionada con tráfico de influencias y el fraude en subvenciones públicas. A raíz de estas investigaciones, varias intervenciones telefónicas pusieron al descubierto el intento de acceder a concesiones de ITV de forma irregular en Cataluña.

El Supremo ha abierto ahora la investigación a Ortiz después de que el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona viese indicios de que “realizaba asesoramiento en interés y al servicio” de los empresarios del sector Ricard P. y Enric M., cuando estos presentaron varios recursos en la Sala que él preside contra resoluciones relacionadas con la concesión de estaciones de ITV.

Algunas conversaciones telefónicas intervenidas y varios testimonios han llevado a la juez de instrucción a sospechar que estos empresarios contactaban con Ortiz para buscar “la fórmula más rápida y buena”, indicando expresamente que no realizaban ninguna propuesta sin antes consultarla con él.

Ahora, el Supremo ve “suficientes” los indicios acumulados por la juez de instrucción y la Fiscalía para continuar la investigando a Ortiz por un presunto delito relativo a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de los abusos en el ejercicio de su función, ya que por su condición de aforado es el Tribunal Supremo quien debe asumirla. (Europa Press)

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