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Empresas: Compraventa participaciones sociales: Cumplimiento de la opción de venta pactada

“El motivo primero se funda en la infracción de lo dispuesto en el párrafo primero del art. 1281 CC (LEG 1889, 27) , en relación con la interpretación realizada por la audiencia sobre el contrato de 25 de enero de 2007. El recurso entiende que la interpretación que la audiencia realiza de las cláusulas 5 y 9 del contrato es arbitraria e ilógica, y contraria a la literalidad de ambas cláusulas. En la cláusula 5, Grupo Pra, S.L. se comprometía a no transmitir a ningún tercero las acciones de Metrovacesa durante el plazo de dos años. Expresamente se exceptuaban las transmisiones a terceros que asumieran respecto de las acciones las mismas obligaciones contempladas en el presente contrato, y, en cualquier caso, debería ser previamente consentido por el vendedor, Mag-Import. La literalidad de la cláusula no admite otra interpretación, afirma el recurso, que la literal, según la cual, Prasa estaba obligada a conservar y no transmitir sus acciones de Metrovacesa bajo ningún concepto, salvo la previa y expresa autorización de Mag-Import. De tal forma que con la venta de las acciones de Metrovacesa a un tercero, la demandante no sólo incumplió su obligación de permanencia, sino que convirtió en imposible el ejercicio de su derecho de opción.

Y se añade que con la literalidad de la cláusula 9, las únicas modificaciones del objeto del derecho de opción eran las que de forma obligatoria vinieran impuestas a Prasa en el seno de Metrovacesa, pero en ningún caso las de carácter voluntario. La literalidad de esta cláusula, a juicio del recurso, tampoco ofrece dudas, en el sentido de que la posibilidad de que el objeto del contrato de opción se vea alterado, no contempla ninguna decisión libre del obligado a no transmitir las acciones de Metrovacesa. De tal forma que una interpretación literal de la cláusula 9 «conduce inexorablemente a la conclusión de que Prasa no estuvo en ningún caso amparada por esa cláusula en el momento en que, sin consentimiento previo y expreso por parte de Mag-Import, decidió transmitir libremente sus acciones de Metrovacesa, en franca contravención de lo dispuesto en la cláusula 5 del mismo contrato de enero».

ii) El motivo segundo se funda en la infracción de lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 1281 CC y en el art. 1285 CC , como consecuencia de la errónea interpretación realizada del contrato. Se insiste en que la interpretación del contrato es arbitraria e ilógica, porque la interpretación conjunta del clausulado íntegro del contrato de 25 de enero de 2007 revela, como única interpretación razonable y lógica, que la única modificación del objeto de la opción admitida por el contrato era la que viniera impuesta a Prasa al llevar a cabo Metrovacesa alguna operación societaria vinculante para sus accionistas.

iii) El motivo tercero se funda en la infracción de los dispuesto en el párrafo segundo del art. 1281 CC y del art. 1282 CC , como consecuencia de la interpretación realizada del contrato, que se califica de arbitraria e ilógica, pues prescinde de la necesaria puesta en relación con lo actuado por las partes simultáneamente o inmediatamente después de su firma.

En el desarrollo del motivo argumenta que si Mag-Import estaba negociando el acuerdo de separación y el contrato de enero tiene un nexo relacional directo con las disensiones existentes, es evidente que la redacción de las cláusulas 5 y 9 no es en absoluto casual. Si Mag-Import estaba negociando el acuerdo de separación y aún así exigía a Prasa que permaneciera en el accionariado de Metrovacesa era porque quería que fuera así. En relación con los actos posteriores, los recurrentes argumentan que Prasa ‘fabricó’ el contrato simulado con el Sr. Augusto , que novó el objeto previsto en el contrato de enero. Si en su estipulación primera asumía la obligación de transmitir sus obligaciones de Metrovacesa, comprometiéndose a aceptar la OPA lanzada por Sacresa, era evidente que su conducta revelaba que en ningún caso interpretaba que esa posibilidad derivaría de la cláusula 5, ni de la cláusula 9 del contrato de 25 de enero de 2007.

Procede desestimar los tres motivos por las razones que exponemos a continuación.

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Desestimación de los motivos primero, segundo y tercero . Debemos partir de la doctrina de la Sala sobre el alcance de la revisión de la interpretación de los contratos: «los artículos del Código Civil (LEG 1889, 27) y del Código de Comercio (LEG 1885, 21) relativos a la interpretación de los contratos contienen verdaderas normas jurídicas de las que debe el intérprete hacer uso y que esa es la razón por la que la infracción de las mismas abre el acceso a la casación por la vía que permite el artículo 477, apartado 1 , de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , de modo que el control de la interpretación es, en este extraordinario recurso, sólo de legalidad» ( Sentencias 639/2010, de 18 de octubre (RJ 2010, 7463) ; 101/2012, de 7 de marzo (RJ 2012, 5436) ; 118/2012, de 13 de marzo (RJ 2012, 4527) ; 129/2013, de 7 de marzo (RJ 2013, 3152) ; y 389/2013, de 12 de junio (RJ 2013, 4372) ). De tal forma que la interpretación de los contratos corresponde al tribunal de instancia y no puede ser revisada en casación en tanto no se haya producido una vulneración de la normativa que debe ser tenida en cuenta en la interpretación de los contratos; y «que quede fuera del ámbito del recurso toda interpretación que resulte respetuosa con los imperativos que disciplinan la labor del intérprete, aunque no sea la única admisible» ( Sentencia 389/2013, de 12 de junio ).

La interpretación que la sentencia recurrida hace de las cláusulas 5 y 9 del contrato de 25 de enero de 2007 no contraviene la regla contenida en el párrafo primero del art. 1281 CC (” si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas “). Si bien, del tenor de la cláusula 5 se desprende la prohibición que recaía sobre la compradora de vender las acciones de Metrovacesa, sobre las que recaía el derecho de opción de venta, durante el plazo de dos años, en la cláusula 9 expresamente se preveía que «los derechos y obligaciones establecidos en las cláusulas 4 a 8 anteriores se entenderán aplicables igualmente a cualesquiera acciones o participaciones, ya sean de Metrovacesa o de otra entidad, que pudieran ser entregadas al comprador en canje de sus acciones como consecuencia de fusiones, escisiones, splits, contrasplits u operaciones análogas».

La valoración realizada por el tribunal de instancia de que una de estas operaciones análogas fue aquella por la que, mediante el reseñado acuerdo de separación entre el grupo Rivero/Soler y el grupo Sanahuja, el primero pasaba a quedarse con el control de la entidad francesa Gecina y a cambio de sus acciones de Metrovacesa, y consiguientemente también Grupo Pra, S.L. canjeaba sus acciones de Metrovacesa por las de Gecina, y por lo tanto el pacto de opción de venta y la prohibición de enajenación de la cláusula 5 operaban sobre las acciones de Gecina, no contradice la reseñada regla del párrafo primero del art. 1281 CC , pues el propio tenor de la cláusula 9 exige esa valoración judicial cuando no se trata de algunos de los supuestos expresamente enumerados, sino de otro encuadrable dentro del más genérico de «operaciones análogas».

Desde el momento en que, conforme a la interpretación de la cláusula 9, lo convenido en las cláusulas 4 a 8 se entiende aplicable a las acciones de Gecina, no contradice el tenor de la cláusula 5 la operación por la cual Grupo Pra, S.L. canjeó sus acciones de Metrovacesa por aquellas otras acciones de Gecina.

La reseñada interpretación realizada por el tribunal de instancia está además correctamente ajustada a la previsión del párrafo segundo del art. 1281 CC , en relación también con el art. 1282 CC , pues lo acaecido con posterioridad a la firma del acuerdo de 25 de enero de 2007, pone en evidencia que si se introdujo en dicho convenio la cláusula 9, fue porque se contemplaba la posibilidad de que los vendedores, representados por el Sr. Augusto y el Sr. Casimiro , alcanzarán un acuerdo de separación con el grupo de la familia Basilio , y se quedaran con otra sociedad distinta de Metrovacesa, sobre la que se aplicarían las cláusulas 4 a 8 del contrato de 25 de enero de 2007. El hecho de que en veinticinco días se firmara el acuerdo de separación y que, a continuación, el 11 de abril de 2007, el Sr. Augusto hubiera convenido en un documento privado con Grupo Pra, al margen de que no vincule directamente a las demandadas por no reconocerse la representación que respecto de ellas afirmaba tener el Sr. Augusto , y que, en consonancia con lo anterior, la demandante hubiera canjeado sus acciones de Metrovacesa por acciones de Gecina, corroboran aquella interpretación de la cláusula 9. Esto es: los actos posteriores ponen en evidencia que la voluntad de las partes era que la opción de venta, caso de que merced a un acuerdo de separación con la familia Basilio , como consecuencia del reparto del negocio empresarial, se quedaran con otra sociedad, mediante el correspondiente canje de acciones, pudiera hacerse extensible a las acciones de esta nueva sociedad que Grupo Pra también hubiera adquirido en canje de las acciones de Metrovacesa.

Todo lo cual, además, supone una interpretación conjunta de las cláusulas del contrato, merced a la cual cobran pleno sentido, en la línea de lo previsto en el art. 1285 CC , que se denuncia infringido.

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Formulación del motivo cuarto . El motivo se funda en la infracción de lo dispuesto en el art. 14 del RH (RCL 1947, 476 y 642) y de la jurisprudencia aplicable, al no entrar la audiencia a examinar la naturaleza, requisitos y obligaciones de las partes en el contrato de opción.

En el recurso, se argumenta que el contrato de opción es un contrato atípico, cuyas fuentes integradoras, además de lo dispuesto para cuestiones registrales en el art. 14RH , son la voluntad de las partes y la jurisprudencia. Según esta jurisprudencia, contenida en la Sentencia 440/2000, de 28 de abril (RJ 2000, 2677) , es «característica propia de la opción de compra que el concedente o promitente se obligue a no vender a nadie la cosa prometida durante el plazo estipulado, pues a lo que se compromete aquél es a vender una cosa determinada al optante al recibir la declaración de voluntad de este, de suerte que el concedente se obliga a tener la cosa disponible durante el plazo estipulado por si el optante ejerciera el derecho dentro del mismo». El recurrente argumenta que la misma obligación que tiene el propietario de la cosa en la opción de compra la tiene el propietario de la cosa en la opción de venta.

De tal forma que, según el recurso, en la medida en que la sentencia recurrida admite que una interpretación armonizada de las cláusulas 5 y 9 del contrato de 25 de enero de 2007, facultaba a Prasa a transmitir libremente el objeto de la opción, la audiencia está vulnerando frontalmente la reseñada jurisprudencia.

También se invoca la jurisprudencia según la cual «el ejercicio de la opción exige que, dentro del plazo pactado, el optante manifieste su decisión de llevar a cabo el contrato negociado notificando su voluntad positiva en este sentido al concedente, para que, sin necesidad de ninguna otra actividad, se tenga por consumada la opción». Según se afirma en el desarrollo del motivo, la audiencia ignora las exigencias que la jurisprudencia ha establecido para que pueda entenderse correctamente ejercitado el derecho de opción. El ejercicio de este derecho de opción debe: i) contener una voluntad positiva en este sentido al concedente, para que, sin necesidad de ninguna otra actividad, se tenga por consumada la opción; ii) debe ser un ejercicio inequívoco; iii) en último extremo, el titular del derecho debe hacer todo lo que esté en su mano para asegurar que quede claro el sentido de su voluntad; y iv) la extemporaneidad en su ejercicio supone la caducidad automática, sin posibilidad alguna de interrumpir el plazo, que además debe ser interpretado de forma muy restrictiva.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

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Desestimación del motivo cuarto . Una vez la sentencia de instancia, merced a la interpretación que hace de las cláusulas 5 y 9 del contrato de 25 de enero de 2007, ha admitido que el objeto de la opción de venta, que inicialmente eran las acciones de Metrovacesa, pasó a ser las acciones de Gecina, que el comprador había canjeado con las de Metrovacesa, después del acuerdo de separación, no cabe apreciar la infracción de la jurisprudencia invocada, porque el reseñado objeto de la opción de venta no se ha enajenado, simplemente se ha sustituido por otro, estando ya prevista en el contrato la eventualidad de esta sustitución.

No cabe negar la voluntad inequívoca de Grupo Pra, S.L. de hacer efectiva el derecho de opción de venta, al dirigir a los demandados (Mag-Import, S.L. e Inmobiliaria Lasho, S.A.) el requerimiento de 19 de febrero de 2009, dentro del plazo convenido (30 días siguientes al transcurso de dos años desde la firma del contrato de 25 de enero de 2007). La confusión generada sobre el contrato, al hacerse mención al de 11 de abril de 2007, en vez del de 25 de enero de 2007, tendría relevancia si no fuera porque el comportamiento realizado por las demandadas que, al ser requeridas, en vez de objetar inmediatamente que no se sentían vinculadas por el acuerdo de 11 de abril de 2007, al no estar realmente representadas por el Sr. Augusto , y sí por el acuerdo de 25 de enero de 2007, dejaron pasar el tiempo necesario para que no cupiera una rectificación con la referencia a este contrato. La voluntad de ejercitar el derecho de opción de venta es inequívoco y se puede entender que alcanzaba a las acciones de Gecina, bajo el contrato de 25 de enero de 2007, si, como ocurrió, los demandados negaban verse vinculados por el contrato de 11 de abril de 2007.

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Formulación del motivo quinto . El motivo se funda en la infracción de lo dispuesto en el art. 1258 CC (LEG 1889, 27) , en relación con los actos propios y la buena fe. La audiencia habría aplicado de forma equivocada esta doctrina, al atribuir a las actuaciones y al silencio de la demandante un sentido contrario a derecho y a toda lógica. La audiencia extrae consecuencias graves y lesivas por el mero retraso del Sr. Casimiro en contestar al primero de los requerimientos recibidos y, por el contrario, obvia cualquier reproche a Prasa, pese a su actuación y a sus silencios, muchísimo más largos, clamorosos y perjudiciales que los de la demandada.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

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Desestimación del motivo quinto . Si bien no era necesario acudir al art. 1258 CC (LEG 1889, 27) , para justificar la validez de ejercicio del derecho de opción de venta dirigido por la demandante a las demandadas, de conformidad con lo expuesto en el fundamento jurídico 15, la audiencia no contraviene el citado precepto, cuando califica de mala fe el comportamiento de las demandadas, al recibir el requerimiento de 19 de febrero de 2009, pues, en vez de advertir el equívoco, guardaron silencio y trataron de ganar tiempo, para desvelar más tarde que ellas no habían apoderado al Sr. Augusto para que las representara en el contrato de 11 de abril de 2007. Si consideraban que no estaban vinculadas por el segundo contrato y sí por el primero, el de 25 de enero de 2007, al margen de que entendieran que esta se refería a las acciones de Metrovacesa y no de Gecina, deberían haberlo comunicado así en un tiempo razonable. El silencio y la demora, con la finalidad evidente de mantener en el equívoco a la demandante el tiempo suficiente para que no pudiera concretar explícitamente que el derecho de opción de venta era conforme al contrato de 25 de enero de 2007, fue claramente un acto contrario a las exigencias de la buena fe”.

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª)
Sentencia núm. 690/2014 de 9 diciembre. RJ 2014\6523

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