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La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un año de prisión por un delito contra la libertad religiosa que impuso la Audiencia Provincial de Baleares a cinco jóvenes que en febrero de 2014 irrumpieron en una misa en la iglesia de Sant Miquel de Palma de Mallorca, como protesta contra la reforma de la ley del aborto.

El delito contra la libertad religiosa, viene recogido en el artículo 523 del Código Penal que establece la pena de prisión de seis meses a seis años, para aquellos que impidieren o interrumpieren actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el registro público correspondiente, y de cuatro a diez meses si se realiza en cualquier otro lugar.

En el caso que llega al Supremo, la Sala recuerda que la ley exige que se actué con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, de manera que el impedimento causado de cualquier otra forma no sería considerado delictivo. También se exige por la doctrina que los resultados ocasionados tengan cierta relevancia.

Respecto a los hechos, cabe decir que los jóvenes entraron en la iglesia y durante la misa de 12 del domingo, la interrumpieron con pancartas al grito de “aborto libre y gratuito” y “fuera los rosarios de nuestros ovarios”. Los presentes en la iglesia formaron una cadena extendiendo brazos y manos para expulsar a los denunciados y que cesasen su actividad.

Razona el Tribunal Supremo que en este acto, como es lógico, hubo interrupción de un acto religioso, en un día precepto, y que resulta de especial importancia para la confesión católica. Tuvo una duración de más de diez minutos por lo que supone un tercio o un cuarto de lo que suele durar una misa usualmente, cesando la interrupción no por voluntad propia, todo ello supone que el hecho reprochable tenga la relevancia exigida por el tipo.

El “animus” de los acusados era el de perturbar el acto religioso, siendo plenamente consciente de ello, lo que supone la existencia de dolo directo. Si bien la protesta en lo relativo al aborto es legítima, pierde dicha condición por la forma de realizar la misma.

Como dice la resolución: “No es aceptable que los acusados, que se han desarrollado y alcanzado sus conocimientos en el seno de un sistema democrático, puedan creer seriamente que los derechos que les corresponden son prevalentes en todo caso respecto de los derechos de los demás, hasta el punto de hacerlos desaparecer. Ni que ignoren que, así como tienen derecho a manifestarse para expresar libremente sus opiniones, los demás están asistidos del mismo derecho. Y que, en el caso, el ejercicio de aquel derecho les pudiera permitir suprimir el de los demás a participar libremente en los actos o ceremonias de la confesión religiosa a la que libremente han decidido adscribirse, cuando se llevan a cabo en los lugares que esa confesión ha destinado al culto”.

Por tanto, los recursos interpuestos por los acusados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares son desestimados y se mantiene la condena de un año de prisión para cada uno de los acusados.

 

 

Fuente: C. G. P. J.

 

 

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