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El funcionario del Grupo Correos acusado de malversar fondos públicos ha aceptado este lunes cinco meses y 15 días de prisión, así como la suspensión de empleo durante tres años que sustituye a la pena de inhabilitación que interesaba provisionalmente la Fiscalía, lo que hubiera suspuesto su expulsión de la carrera en la administración.

J.M.C., destinado en un despacho del municipio de Vícar, debía ser enjuiciado ante un tribunal de jurado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería que no se constituido finalmente al alcanzarse una conformidad, según ha informado el letrado del acusado, Miguel Ángel Torres.

La Fiscalía solicitaba en el escrito de calificación provisional que ha sido modificado la pena de nueve meses de cárcel y otros 18 meses de inhabilitación absoluta por un delito de malversación fondos públicos. J.M.C. deberá abonar también una multa de un mes a razón de tres euros al día.

El funcionario iba a ser enjuiciado por apropiarse presuntamente de dinero en efectivo de la caja de la oficina en la trabajaba, de material y de productos de Correos, así como del importe de una transferencia efectuada a través de Western Union por valor de 2.500 euros que no había sido recogida en las dependencias de Correos en plazo por su destinatario.

El fiscal estimó que se daban las atenuantes de reparación del daño y de confesión ya que J.M.C. reconoció haber sustraído el dinero una vez se iniciaron tanto el proceso penal y como el expediente disciplinario por parte la empresa pública, que deberá ser ahora resuelto después de que haya finalizado el proceso penal.

Según se recoge en el escrito de calificación, el acusado, quien desempeñaba desde 2004 el cargo de director de la oficina técnica de Vícar, se “apoderó en diversas ocasiones y en distintas cuantías” de dinero en efectivo de la caja. Cuantifica el montante presuntamente sustraído entre enero y octubre de 2009 en un total de 8.141 euros.

Detalla, asimismo, que cogió productos y material de la oficina por valor de 439,79 euros y se apropió, supuestamente, de 2.500 euros de un sobrante pendiente de regularizar por la oficina y procedente de una operación con Western Union que el destinatario no cobró en el plazo señalado.

El fiscal atribuye a J.M.C. la intención de obtener un ánimo de beneficio ilícito con sus acciones, que, subraya, pudo cometer gracias a las funciones que tenía delegadas aunque le reconoce que, desde la apertura del expediente disciplinario y la tramitación del proceso penal, admitió en diversas ocasiones ser el autor de los hechos.

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