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Extensión del baremo indemnizatorio para accidentes de tráfico a otros ámbitos de responsabilidad civil

La aplicación del baremo previsto en el Anexo a la Disposición Adicional Octava de la Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados ha sido utilizado en múltiples ocasiones como base para la cuantificación de indemnizaciones en ámbitos distintos a los accidentes de tráfico, donde su aplicación resulta vinculante.

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de Junio de 2013 se pronuncia sobre la procedencia o conveniencia el uso del baremo en relación con el principio de indemnidad delas víctimas.

En el caso queda origen a la sentencia referida Dª. Palmira y D. Carlos Alberto interponen demanda de juicio ordinario contra D. Luis Enrique solicitando una indemnización, como consecuencia de la negligencia en el seguimiento y parto de su hija Elena, por los daños irreversibles que asciende a 904.091 Euros y por los daños patrimoniales futuros  una pensión vitalicia anual por un importe de 42.070,85 Euros. Todo ello al haber sufrido encefalopatía hipóxico-isquémica y parálisis cerebral grave con discapacidad del 69% y posibilidad de aumento en la niña nacida.

Una vez contestada la demanda por el ginecólogo D. Luis Enrique solicitando la íntegra desestimación de la misma el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia desestimando la demanda.

No obstante la Audiencia Provincial revoca la sentencia de instancia y condena al demandado a abonar en concepto de daños y perjuicios la cantidad de 874.062 Euros.

Los actores formulan recurso de casación alegando la infracción de los artículos 1.101, 1.104 y .1.106 del Código Civil en relación la reparación integral del daño al entender que no debe tenerse en cuenta el baremo para el establecimiento de la pensión vitalicia.

El Tribunal Supremo comienza expresando que el efecto expansivo del baremo para accidentes de tráfico a otros ámbitos de la responsabilidad civil  ha sido admitido con reiteración por la Sala con criterio orientativo, no vinculante, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso y el principio de indemnidad de la víctima.

Continúa diciendo el Tribunal que el baremo no solo no menoscaba el principio de indemnidad de las víctimas, sino que la mayoría de las veces son ellas las que acuden a este sistema de valoración para identificar y cuantificar el daño entendiendo que, en esa siempre difícil traducción a términos económicos del sufrimiento causado, no solo constituye el instrumento más adecuado para procurar una satisfacción pecuniaria de las víctimas, sino que viene a procurar

al sistema de unos criterios técnicos de valoración, dotándole de una seguridad y garantía para las partes mayor que la que deriva del simple arbitrio judicial.

 

Únicamente hay que tener en cuenta dos limitaciones. La primera es que el Tribunal no puede alterar los términos en los que el debate fue planteado y la segunda es que no podrá ser objeto de casación la ponderación y determinación del porcentaje de la cuantía indemnizatoria fijada por la norma por el tribunal de instancia.

 

En  este  sentido lo que ocurre en el caso en cuestión es que para la determinación, valoración y cuantificación de los días de estabilización y secuelas, la parte actora se acogió al baremo vinculante para los accidentes de tráfico, pero orientativo en otros casos, como el que resulta de la responsabilidad civil médica. Y lo que no es posible es tenerlo en cuenta cuando le interesa y apartarse del mismo si le resulta perjudicial para, como en este caso, conseguir una renta vitalicia incompatible con la indemnización que se determina: el baremo establece la posibilidad de un doble sistema indemnizatorio a elegir entre una indemnización global que se establece en función de distintos factores, entre otros el de la edad de la persona lesionada, o la renta vitalicia. Lo que no es posible son los dos, por lo tanto procede la desestimación de recurso de casación de la pare actora.

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