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Facultad de repetición contra el trabajador por sanciones de tráfico- Abogado especialista en Derecho Laboral

La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Noviembre de 2011 realiza un interesante análisis sobre las causas que posibilitan a que la empresa reclame al trabajador el importe satisfecho con ocasión de las sanciones administrativas impuestas al trabajador en el desarrollo de su profesión como conductor o transportista.

 

La entidad Transportes Lago S.L. interpone demanda en reclamación de cantidad de 1.470 Euros ante el juzgado de lo social al trabajador Borja por sanciones en relación al transporte de mercancías por carretera. Previamente la citada entidad ya había deducido al trabajador de sus nóminas, antes de despedirle, la cantidad de 8.431 Euros por el mismo concepto.

El trabajador se opone y reconviene frente a la empresa reclamándole precisamente las cantidades que, a su juicio, le habían sido indebidamente retenidas en la nómina por la empresa para resarcirse del pago de las sanciones administrativas.

El juzgado de lo social desestima la demanda formulada por la empresa y estima las pretensiones del trabajador condenando a la empresa a reintegrarle la cantidad de 8.431 Euros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el recurso de suplicación presentado por la empresa, ratificó la sentencia de instancia, por lo que la entidad Transportes Lago S.L. interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina aportando una sentencia de contraste que, a su criterio, en circunstancias análogas se había pronunciado en un sentido diferente.

El Tribunal Supremo admite el recurso de casación y admite la contradicción con la sentencia aportada, procediendo al análisis de las circunstancias concretas de cada caso que provocaron la disparidad de criterios.

En este caso las infracciones por la que fue sancionado el trabajador, Borja, consistieron en, no presentar todos los discos de los últimos 15 días, conducir 21 horas en un periodo de 24 según los tres discos aportados y utilizar dos discos diagrama sin datos de la matrícula, fecha ni conductor.

En la sentencia de contraste la infracción que el trabajador cometió consistió en no hacer los descansos reglamentarios y en no completar todos los datos en el tacógrafo.

La diferencia fundamental entre ambas sentencias es que mientras la recurrida entiende que las infracciones no pueden ser imputadas al trabajador, la sentencia de contraste entiende justamente lo contrario estableciendo que es precisamente la conducta del trabajador la que origina las sanciones administrativas.

El Tribunal Supremo entiende que es aplicable el artículo 55 del Acuerdo General para Empresas de Transporte que establece para el trabajador la carga de abonar las multas de las que sea responsable, sin embargo parece que esta disposición se refiere exclusivamente a las infracciones sobre tráfico y seguridad vial. En este sentido, parece que las sanciones administrativas que ha abonado la empresa Transportes Lago S.L. se refieren al incumplimiento de normas relativas al transporte terrestre. Esta diferencia adquiere gran importancia de cara a imputar al trabajador de forma directa la responsabilidad de abonar o no las multas.

Muy importante es también el artículo 16 del Real Decreto 1417/2005 por el que se regula la instalación y comprobación de dispositivos de limitación de velocidad en determinados vehículos, estableciendo dicho artículo que el incumplimiento de esta materia puede deberse a los conductores, pero también a los talleres que los instalan y autorizan, y determinando que “La incoación de los expedientes sancionadores se realizará por los órganos competentes en materia de transporte o de industria. Con carácter cautelar, podrá acordarse la suspensión de la autorización cuando exista negligencia o mala fe “.

Esto implica que será la administración sancionadora la que califique la conducta y la subsuma en el tipo y en este caso resulta que por los expedientes administrativos no se deduce que haya ninguna imputación al trabajador de infracción referida a normas de tráfico y seguridad vial, sino a las de transporte terrestre.

A pesar de ello la empresa puede repetir contra el trabajador si acredita que las sanciones se debieron exclusivamente a su conducta por dolo o negligencia, pero estas circunstancia no se pueden deducir de los expedientes administrativos de los cuales, además, la empresa no solo no hizo partícipe al trabajador sino que tampoco realizó las alegaciones pertinentes ni desarrollo la actividad probatoria necesaria que acreditara la conducta culpable del trabajador. Por todo ello el Alto Tribunal entiende que las infracciones cometidas se deben más bien a órdenes de la empresa para que el trabajador no respetase los horarios de descanso que a un exceso de celo del propio trabajador, y que la omisión de los datos de los discos, en el caso de que fuesen realizadas por el trabajador no tienen la gravedad necesaria como para exigirle el pago de las sanciones.

Es evidente que en la sentencia de contraste si debieron darse las circunstancias necesarias para haber estimado la conducta culpable del trabajador que debió resarcir a la empresa.

Por lo tanto el Tribunal Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia condenando a la empresa a reintegrarle al trabajador las cantidades deducidas de la nómina.

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