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Juan Antonio Roca reconoce que dio “gratificaciones” a exediles y cobró de empresarios por asesorarles- Abogado especialista en Derecho Penal Marbella

El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha admitido que cobró de tres empresarios por asesorarles sobre convenios urbanísticos y también ha reconocido el pago de “gratificaciones” a los grupos municipales que formaban el equipo de gobierno para que permanecieran “unidos hasta el final de la legislatura”.

La vista oral del caso ‘Malaya’ se ha retomado este lunes con la última parte del juicio, en la que se analizarán estos presuntos pagos por parte de empresarios a Roca y los supuestos cobros de éste y exconcejales marbellíes, recogidos, según la Fiscalía Anticorrupción, en los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores. El principal acusado ha sido el primero en declarar y seguirá este martes.

En concreto, Roca ha indicado que cobró por el asesoramiento al empresario Fidel San Román, a la entidad Aifos, concretamente a través de conversaciones sólo con su entonces director comercial, Francisco García Lebrón, también acusado, y al que era responsable de Construcciones Salamanca, Emilio Rodríguez Bugallo, que falleció.

Ha explicado que eran convenios “concretos” y que se debió a que con ellos tenía “otro tipo de relación”, precisando el asesoramiento dado en cada caso y la cantidad cobrada. Así, ha dicho que fue un millón de San Román, 740.000 euros de Construcciones Salamanca y 1,8 millones de Aifos, empresa sobre la que ha dicho que sólo vio una vez al dueño, el acusado Jesús Ruiz Casado, y que no conocía al otro procesado.

Ha negado que sus sugerencias garantizaran la concesión de licencias o el éxito empresarial. De hecho, en el caso de San Román, ha apuntado que “fue nefasto el asesoramiento que le di porque ha pagado cuatro millones al Ayuntamiento y un millón a mí y no tiene nada, sólo un papel precioso”.

Asimismo, Roca ha admitido que dio “gratificaciones” a “los grupos políticos”, con las que “pretendía que no hubiera transfuguismo ni que abandonaran la disciplina”. Roca ha señalado que se daba una cantidad “más importante” a los tenientes de alcalde y los portavoces que a los ediles y ha precisado que el dinero se entregaba a los responsables de las formaciones en sobres con las iniciales.

En este sentido, ha explicado que, tras la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz de la Alcaldía y configurarse el gobierno local, formado por concejales del GIL, PSOE y PA, el exregidor Jesús Gil “dijo a la alcaldesa Marisol Yagüe que el tripartito era insostenible”, por lo que éste “me encarga que hable con ellos para que intenten aguantar hasta final de legislatura”.

Ha precisado que se reunió con los portavoces de los partidos, Yagüe, Isabel García Marcos –ambas acusadas– y Carlos Fernández –huido–, quien “ya iba un poco por libre y vino a decir que estaba buscando un mejor postor para ubicarse en un futuro partido para las próximas elecciones”, ha dicho.

Ante esto, ha explicado que habló con Gil y se decidió llegar a un acuerdo económico “para sostener el GIL hasta las siguientes elecciones”. Ese acuerdo “no se plasma en ningún documento y ni siquiera se fija cantidad”, ha apuntado, pero “yo me comprometo a que cuando tengo liquidez voy dando dinero y gratificando”, ha añadido.

Ha dicho que él asume esos pagos porque “en ese momento me convierto, muy a mi pesar, en representante del partido, soy la persona de Jesús Gil, que era el que había propiciado la moción de censura”. Así, ha explicado que “con esos acuerdos de los empresarios yo saco para gratificar a los grupos políticos y para sacar, incluso, una compensación para mí”.

ARCHIVOS MARAS

Preguntado sobre los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, una de las principales pruebas para el fiscal, Roca ha reconocido el reflejo de cobros y pagos, aunque ha asegurado que no es una contabilidad, sino “una mezcolanza de saldos con ingresos en A, en B, con salidas en A y en B” y que arrojan “unas previsiones”. “No necesariamente es un arqueo cuadrado de una tesorería”, ha indicado.

Sobre las referencias en dichos archivos a otros empresarios acusados, que figurarían con iniciales, el principal procesado ha dicho que “se refieren a negocios que he tenido con estos señores que también construyen” y ha indicado que se irán analizando “y podré decir por qué he obtenido esos ingresos de esos empresarios y cuál es la razón de mi relación comercial” con ellos.

En el caso de las iniciales que se vinculan a exediles, sí se ha referido a algunos nombres, como Yagüe, a la que le constaría un apunte de 84.000 euros, o Isabel García Marcos, con 42.000 euros, explicando, además, pagos “distintos”, como el del exconcejal Rafael González, con quien se comprometió a darle la cantidad de su sueldo embargada; un “préstamo” dado a la exregidora para una operación que luego “de su gratificación se lo desconté”, o para el piso de un hijo de ésta en Madrid.

Roca ha negado que tuviera en nómina a los exediles para sus intereses y que la intención de las gratificaciones fuera tener el sentido del voto en las comisiones de gobierno, emplazando al fiscal a que le diga “en qué caso concreto se votó a favor de una resolución que me beneficie y que sea contraria al resto de cosas”. Ha rechazado que los pagos fueran para acuerdos concretos o una relación con el urbanismo, alegando que “desde 2003, no se adopta ninguna resolución contraria a legalidad”.

Fuentes judiciales han indicado, tras la declaración de Roca, que se trata de un “reconocimiento parcial” de los hechos por los que está acusado y por los que se le solicita una pena de 30 años de cárcel, algo que inicialmente no forma parte de acuerdo de conformidad alguno y que respondería, en todo caso, a una intención de “diluir” el delito inicial, hacia uno de cohecho impropio.

URBANISMO

El principal acusado ha vuelto a asegurar en su declaración que Gil “prácticamente decidía todo”, sobre todo en lo referente “a temas económicos, temas urbanísticos y de obras”. Además, ha apuntado que “la comisión de gobierno lo único que hacía era santificar lo que decidía Jesús Gil”, añadiendo que “los órganos colectivos en el Ayuntamiento de Marbella en la época de Jesús Gil no existían”.

Luego, ya con Julián Muñoz como alcalde, ha señalado que fue despedido “porque se había enterado de que al día siguiente se iba a presentar una moción de censura y me argumentó que sabía que yo estaba detrás”. “Ya no contaba con su confianza y me despidió”, ha dicho, explicando que, al ser elegida Yagüe, le pidió que le asesorara para “normalizar” el urbanismo, pero nunca tuvo contrato como tal.

Ha negado que los convenios incluyeran el otorgamiento directo de la licencia pero sí ha señalado que “el promotor no es sordo ni ajeno a la realidad de Marbella” y sabía que “la política del Ayuntamiento era de darla”, en el momento en el que firmara el convenio. Sobre los entonces concejales, ha señalado que “pocos de los tenientes de alcalde que formaban parte de la comisión tenían conocimientos suficientes para poder valorar en sí ni siquiera qué era un convenio”.

La sesión ha comenzado haciéndose público otro acuerdo de conformidad –el cuarto– entre la Fiscalía Anticorrupción y la defensa de un acusado, en concreto Eusebio Sierra, en el que se reconoce un pago de 60.000 euros, requerido por Roca, con el que se pretendía agilizar el reconocimiento de una deuda. Se fija una pena de seis meses de cárcel y multa de 48.600 euros.

En dicho escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se hace referencia a que un apunte de los archivos Maras “se corresponde con la entrega efectuada por Eusebio Sierra Sánchez, empleado de la entidad Proincosta, atendiendo al requerimiento efectuado a la sociedad por Juan Antonio Roca Nicolás” y se explican las actuaciones realizadas por la empresa y las aprobaciones del Ayuntamiento.

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