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Juzgan este jueves al empresario Tomás Olivo acusado en el caso Malaya por un delito de fraude a la Hacienda pública

El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga tiene previsto juzgar este jueves al empresario acusado en el caso ‘Malaya’ Tomás Olivo por un delito fiscal, al acusarlo la Fiscalía de un presunto fraude de 450.000 euros a la Hacienda Pública en relación a contratos de obras firmados con empresas municipales de la localidad malagueña de Marbella.

El ministerio fiscal ha solicitado dos años y medio de cárcel para el promotor. Además, pide la misma pena para el que fuera apoderado y director financiero de la empresa General de Galerías Comerciales (GGC), también acusado, pero como autor por cooperación necesaria, según el escrito de acusación inicial del fiscal.

Según explica el ministerio público en sus conclusiones provisionales a las que tuvo acceso Europa Press, dicha empresa, presidida por Olivo, firmó entre 1994 y 1997 contratos con tres empresas municipales de Marbella para los proyectos denominados aparcamiento Benavente, Arroyo Primero y Benavente, suscribiendo luego distintos contratos de ejecución de obras.

Así, la acusación pública señala en su escrito inicial que la mercantil subcontrató las actuaciones con la empresa Emasa, entidad de la que el acusado es administrador, a la vez que titular del 46 por ciento del capital social. Apunta, además, que los beneficios obtenidos en 2000 por la empresa principal (GGC) con estas obras fue de 1,4 millones de euros.

No obstante, el ministerio fiscal dice que los acusados “habían decidido ocultar” dichos beneficios en la autoliquidación que por el Impuesto de Sociedades de 2000 se presentó en 2001, aunque en la de 2003, la sociedad sí incluyó parte del beneficio de uno de los proyectos, con lo que “el perjuicio sufrido por la Hacienda Pública es de 450.321 euros”, precisa la Fiscalía.

Asimismo, apunta en su calificación provisional que se ha podido determinar que los acusados “con la finalidad de ocultar los beneficios que iban a obtenerse de los contratos de ejecución de obras suscritos con las empresas municipales de Marbella, incurrían en graves deficiencias en la llevanza de la contabilidad”, de forma que en esas cuentas no se reflejaba la realidad.

Así, la acusación explica que “no se contabilizaba la obra en curso contratada y ejecutada aún cuando se encuentre pendiente de facturar”, ni tampoco la deuda correspondiente a la subcontratación con Emasa de dichas obras, “ni los créditos contra el Ayuntamiento por los distintos reconocimientos de deuda”; supuestas irregularidades que afectarían a las dos sociedades citadas.

El fiscal señala que en el proyecto Benavente, obras valoradas en 6,4 millones, el Ayuntamiento hizo tres reconocimientos de deuda, que se cancelaron mediante la transmisión de fincas por importe de 13,3 millones de euros. No obstante, según el Tribunal de Cuentas, esas fincas “tienen un valor real muy superior al escriturado”, hechos por los que se sigue un procedimiento a parte en otro juzgado marbellí.

Para la acusación, se trata de un delito contra la Hacienda Pública, en relación con el impuesto de sociedades, del que acusa al empresario como autor y al otro procesado como cooperador necesario, pidiendo para ambos, además de dos años y medio de cárcel, un millón de euros de multa, la prohibición de obtener ayudas o beneficios fiscales y el pago de una indemnización por la cantidad presuntamente defraudada.

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Fuente: Europa Press

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