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La Fiscalía señala que se han ejecutado al menos ocho demoliciones de construcciones ilegales en 2011- Abogado especialista en Derecho Inmobiliario

El fiscal delegado de Medio Ambiente en Málaga, Juan Calvo Rubio, ha indicado que en 2011 se han realizado en la provincia malagueña al menos ocho demoliciones de construcciones irregulares, una vez que ha habido sentencia condenatoria firme, ésta se ha ejecutado y se han concluido otros trámites; y ha apuntado que por norma general se solicita por parte de la Fiscalía en todos los casos de obras no legalizables.

 

Calvo Rubio ha explicado que “si se produce una condena por el ataque a un bien jurídico protegido, que en este caso es el uso del suelo, y no se procede a la demolición, es como si no se hubiera hecho nada, tan sólo la condena, pero no se restaura ese bien jurídico, que es uno de los aspectos que se persigue”.

Además, ha señalado que hay que tener en cuenta que “si lo que pretendemos es la resocialización del individuo, éste se debe arrepentir del delito cometido y cumplir con las normas de la sociedad”, por lo que ha añadido que “si se condena, pero no se hace que restaure ese bien jurídico protegido, no se consigue esa resocialización”.

Por esto, ha señalado que “entendemos que no tiene sentido la condena si no hay demolición”, aunque ha admitido que puede haber “circunstancias excepcionales”, como situaciones de suelo consolidado. No obstante, ha incidido en que “la norma general debería ser la demolición, por coherencia, y la excepción, que puede darse, la no demolición”.

Respecto a la suspensión de la pena de las personas condenadas, ha recordado que “es un beneficio y no un derecho” y ha indicado que el Código Penal se refiere a que “sea la primera vez, a que la pena no exceda los dos años y a haber asegurado las responsabilidades civiles, es decir, haber tratado de disminuir los efectos del delito“.

En los delitos contra la ordenación del territorio, Calvo Rubio ha estimado que “la única forma de disminuir los efectos es procediendo a la restauración del bien jurídico protegido hasta el momento anterior al delito”. “Es decir, si no había una casa y la construyo, lo que tengo es que demolerla y dejar el terreno como estaba antes”, ha apuntado.

Por esto, desde la Fiscalía, “lo que se propugna siempre es que la suspensión de la condena no se conceda hasta que se demuestre que la persona vuelve a entrar en la sociedad, a aceptar sus normas y a cumplirlas”, ha afirmado a Europa Press, añadiendo que en los casos de construcciones ilegales “el individuo tiene que asumir que eso es un delito“.

En este sentido, ha precisado que desde la Sección de Medio Ambiente, formada por tres fiscales, se intenta tener constancia de todas las ejecuciones de sentencias. Además, a nivel general, ha destacado que han aumentado las diligencias de investigación penal que se llevan desde la Fiscalía.

El fiscal delegado ha asegurado que los objetivos de esta área son poder acudir a todos los juicios sobre estos delitos “que sería lo ideal”, volver a encargarse de los casos en esta materia que existen en Marbella y tener más presencia en los procedimientos, tanto durante la investigación, como en las ejecuciones de las sentencias.

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