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La juez Alaya convoca este jueves la audiencia preliminar por las comisiones de Mercasevilla- Abogados Málaga- Mercantil y Empresas

Abogados Málaga. Mercantil y Empresas. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el supuesto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios del Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la escuela de hostelería de Mercasevilla, ha convocado para este próximo jueves la denominada audiencia preliminar, paso previo previsto por la Ley del Jurado antes de que el caso sea remitido a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

 

Hay que recordar que, en este caso, permanecen imputados el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos.

De este modo, y según las mismas fuentes, la juez instructora ha dictado una providencia en la que convoca a todas las partes para el próximo jueves, lo que se produce además después de que rechazara la petición realizada por el abogado de Mellet para que se declarasen nulas las grabaciones en las que se pide a los empresarios la comisión de 450.000 euros y que dieron lugar a la investigación judicial, ya que la juez considera que esta prueba es “lícita”.

En su escrito de defensa, el abogado de Mellet argumentaba que “las grabaciones efectuadas y aportadas al procedimiento carecen de valor probatorio resultando nulas, y por ende, igualmente nulas sus transcripciones, las declaraciones de los testigos, y de todos los que hubieran declarado con conocimiento directo o indirecto de las mismas”, añadiendo que estas grabaciones “se efectuaron malintencionadamente y como un ardid dirigido a obtener una serie de informaciones de forma provocada”.

Tras ello, la juez decidió suspender la convocatoria de la audiencia preliminar para escuchar al resto de partes personadas en este procedimiento y decidir sobre esta petición, que fue finalmente rechazada.

En su escrito de acusación, la Fiscalía reclamó sanciones de 900.000 euros y suspensiones de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho para cada uno de los cuatro acusados.

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