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Necesaria autorización de la Junta al Presidente para ejercitar acciones en defensa de la Comunidad- Abogado especialista en comunidades de propietarios

La sentencia de 10 de octubre de 2011 establece como doctrina jurisprudencial la necesidad de un previo acuerdo de la junta de propietarios que autorice expresamente al presidente de la comunidad para ejercitar acciones judiciales en defensa de esta.

 

La cuestión parte de la demanda interpuesta por un comunero contra la comunidad instando declaración de nulidad de la junta y subsidiariamente del acuerdo adoptado en el seno de ella relativo a que se autorizaba al presidente a instar acciones judiciales contra el demandante para paralizar las obras. A su vez, el presidente de la comunidad interpuso acción declarativa de que las obras eran ilegales y el restablecimiento de los elementos comunes a su estado original.
Ambas acciones fueron acumuladas en un solo procedimiento y mientras que en primera instancia se estimaron los pedimentos del propietario y desestimaron la pretensión de la comunidad, la Audiencia estimó el recurso de la comunidad y aunque decretó la nulidad de la junta y del acuerdo relativo a que el presidente ejercitara acciones contra el comunero, vino a reconocer legitimación activa al presidente para actuar en defensa de la comunidad entendiendo no ser necesario la previa autorización de la junta de propietarios y declaró que las obras ejecutadas eran ilegales al afectar a la estructura y seguridad del edificio.
Así las cosas, se interpuso recurso de casación por entender, no solo que dicho pronunciamiento iba en contra de la jurisprudencia del Alto Tribunal sino también por la existencia de jurisprudencia contradictoria. Se admite el recurso porque el pronunciamiento es contrario a la jurisprudencia que no por la existencia de jurisprudencia contradictoria por existir jurisprudencia del supremo al respecto.

El Alto Tribunal estima que efectivamente el presidente debe ser autorizado por la Junta de Propietarios para ejercitar acciones judiciales, mediante un acuerdo válidamente emitido. Asimismo la jurisprudencia es clara cuando exige que el acuerdo para actuar en juicio en defensa de los intereses de la Comunidad es requisito indispensable atribuido a la Junta de Propietarios.

Y en base a lo expuesto se estima el recurso de casación estimando las pretensiones del recurrente y estableciendo que el presidente para ejercitar acciones en defensa de la comunidad tendrá que hallarse autorizado por acuerdo válidamente adoptado en Junta de Propietarios, ya que ante la constancia en autos de la falta de acuerdo que sustente la actuación del presidente, el cual actuó única y exclusivamente en calidad de tal, la conclusión ha de ser la de falta de legitimación activa de éste para formular la demanda interpuesta en defensa de la comunidad de propietarios.

Por lo tanto, el recurso de casación fue estimado estableciendo la doctrina jurisprudencial señala al inicio.

Fuente: Roji Abogados Málaga 952 211 011

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