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No obligación de trabajar en casos de extinción del contrato voluntariamente por impago de salarios

La sentencia del Tribunal Supremo núm. 619/2017 de 13 de julio, de la sala de lo social, resuelve un recurso que se había dictado para la unificación de doctrina respecto a si el retraso en el impago de los salarios durante mas de un año podrían justificar la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador.

En el caso concreto, si se aprecia la contradicción que exige el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción social al plantearse dos casos idénticos: el de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 16 de abril de 2014 y el presente, en los que se ejercita la acción por parte del trabajador desde la vigencia de la relación laboral y decide después abandonar el trabajo ante el reiterado incumplimiento empresarial de pagar el salario, además y de igual forma, los trabajadores encontraron otro lugar de trabajo al poco tiempo.

Como ha entendido el Tribunal Supremo en sentencias anteriores,  en los casos en los que se justifique que la conducta del empresario perjudica la dignidad o la integridad física o moral del trabajador, podrá acordarse alguna de las medidas cautelares contempladas en el apartado 4 del artículo 180 de esta Ley, entre las que se comprende la suspensión de la relación laboral. Aunque cabe decir, que cuando el trabajador decide libremente suspender la relación laboral sin la intervención del órgano judicial asume el riesgo de que la sentencia sea desestimatoria y las consecuencias que pueda tener.

En el caso concreto, al comunicar la trabajadora la baja e interponer la demanda con antelación a la fecha en la que comenzó a trabajar para otra entidad, y a los 15 días celebrarse el acto de conciliación con resultado de sin avenencia, no hay duda de que la relación laboral era existente en la fecha de la comunicación por la trabajadora, la presentación de la papeleta de conciliación, y de la demanda que inició el procedimiento, lo que da lugar a que el alto tribunal acaba estimando el recurso.

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