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Desistimiento unilateral del contrato de arrendamiento


La mercantil Grusán S.L. interpuso demanda contra Alco Grupo Empresarial S.L.  en la que pretendía se declarase ineficaz el desistimiento unilateral de los contratos de arrendamientos que mantenían ambas, y por tanto se declarase la vigencia de los mismos, con las consecuencias para Alco, de pagar las debidas rentas e impuestos debidos, continúe pagando las rentas mensuales y se le condene en costas aún cuando se allanare a la demanda.

La parte demandada se opuso a los hechos y fundamentos de derecho, y formuló demanda reconvencional en la que se solicitaba se condenase a la actora en caso de que se opusiere a la demanda reconvencional.

En Primera Instancia, se dictó sentencia en el año 2014, en la que se estimaban las pretensiones de la parte demandante. Por su parte, en la Audiencia Provincial de Valencia que fue la encargada de conocer del recurso de apelación, se estimó parcialmente el recurso de apelación, revocándose la sentencia de primera instancia. En el fallo se declaraban extinguidos los contratos de arrendamiento pero se establecían elevadas cantidades de dinero a recibir por la mercantil Grusán.

La entidad demandante no de acuerdo con la sentencia de apelación, interpuso recurso de casación basado en la infracción de las normas sustantivas para resolver el proceso, entiende que se ha infringido el artículo 11 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre en su redacción anterior a la Ley 4/2013, de 4 de junio. De igual modo, que no se había aplicado el artículo 4.1 del Código Civil, el que establece que procede la aplicación analógica de la norma cuando ésta no contemple un supuesto específico.

También se alega que se han infringido los artículos 1.255 del Código Civil y 4.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos en la redacción aplicable a este litigio, los artículos 1.091 y 1.258 del Código Civil, y el artículo 1.124 del Código Civil.

Además, en su decisión se analizan los tres grupos de casos que se han dado en la jurisprudencia reciente. En primer caso, situaciones en las que existe una cláusula que otorga al arrendatario la facultad de desistir unilateralmente del contrato, obligándose a pagar una pequeña cantidad al arrendador. Casos como el presente, que no existe cláusula y muestra el arrendatario su deseo de extinguir el contrato, pero el arrendador no lo acepta y exige su cumplimiento. El último supuesto es en el que no existe cláusula, el arrendatario manifiesta su voluntad de extinguir el contrato, y el arrendador acepta o acaba aceptando pero reclamando indemnización por daños y perjuicios.

Se refiere la resolución a la sentencia 571/2013, de 27 de septiembre en la que se establece que el silencio o la no recepción de las llaves, no es suficiente para considerar aceptada la resolución unilateral del contrato.

Finalmente, el Tribunal Supremo estima el recurso, al entender que el artículo 11 de la LAU en la redacción que se encontraba vigente no regulaba el desistimiento para uso distinto de vivienda, lo que al estar fuera de una tutela específica, hay que estar a lo dispuesto por las partes en aplicación del artículo 1.255 del Código Civil. Además en base al artículo 1.124 del Código Civil, podía optar el arrendador al cumplimiento del contrato, exigiendo el pago de las rentas adeudadas y las que quedaban por vencer.

 

El grupo de expertos en materia de Derecho Civil de Roji Abogados queda a su disposición para cualquier consulta que tenga en materia de arrendamientos, contratación, daños sufridos en el inmueble, alquiler con derecho a compra, administración de propiedades, arrendamientos compartidos, compraventas, derechos de tanteo y retracto, arrendamientos y comunidades de propietarios, arrendamientos para uso turístico, etc., estaremos encantados de ayudarle.

Apartamentos y viviendas turísticas


Tanto los apartamentos de uso turístico y las viviendas turísticas, han experimentado un crecimiento en su uso durante la última década, en gran parte debido al mayor uso de internet que permite coordinar estos servicios entre los clientes y los propietarios de los apartamentos aún encontrándose a miles de kilómetros de distancia, mediante webs como Airbnb o Booking.

En el derecho español, la Constitución de 1978 recoge en su artículo 149.1.8º, la posibilidad que tienen las Comunidades Autónomas de asumir competencias en el ámbito turístico. En Andalucía, esta “adquisición” de competencia viene recogida en el artículo 71 de su Estatuto de Autonomía.

Sin embargo, no se materializó la competencia hasta que se promulgó la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, y en el área que nos interesa, el Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos y posteriormente el Decreto 28/2016 de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010.

En el ámbito de los apartamentos turísticos, no hay que olvidar los derechos reconocidos a los consumidores y usuarios en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, con sus distintas modificaciones. De la misma forma, las disposiciones normativas contenidas en distintas directivas Comunitarias y en la Ley de Propiedad Horizontal serán de aplicación al régimen de los apartamentos turísticos. Tampoco hay que olvidar el principio de unidad de explotación que limita, en algunos casos, el interés de los propietarios a cambio de proteger el interés turístico general.

En el Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, se define como unidad de alojamiento, el espacio independiente de un establecimiento de apartamentos turísticos, que usará el usuario de manera privativa y que contará como mínimo de un salón, comedor, cocina, dormitorio y aseo. El establecimiento de apartamentos turísticos, se considera al que esté compuesto por unidades de alojamiento y tenga como finalidad prestar el servicio de alojamiento turístico, con mobiliario adecuado para la elaboración de alimentos y bebidas en su interior, siendo explotados los apartamentos por la misma persona.

Con la reforma del Decreto 28/2016, de 2 de febrero,  se clarifica la regulación contenida en el Decreto 194/2010. Se define, en contraposición a lo que se entendía por apartamento turístico, por viviendas con fines turísticos aquellas en las que encontrándose en zona residencial se vaya a ofrecer un servicio turístico de alojamiento de forma habitual. El tipo del servicio de viviendas con fines turísticos podrá ser el de prestar el inmueble completo o por habitaciones, en este último caso deberá la persona propietaria vivir en la misma vivienda.

Respecto a los límites, deberá respetarse lo contenido en la licencia de ocupación, que en no podrá superar las 15 personas cuando el servicio sea completo y las 6 personas cuando sea por habitaciones. En ningún caso excederán las 4 plazas por habitación dice la norma. Además, en la regulación se establecen una serie de requisitos que deberán cumplir estas viviendas, requisitos que podrán verse reducidos en el caso de que la vivienda o el edificio en el que se integra sean catalogados como Bien de Interés Cultural.

Para prestar el servicio de alojamiento de viviendas turísticas, es necesario realizar la correspondiente inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. Cabe decir que no están sujetas a la normativa, aquellas viviendas en las que se ceda su uso sin que exista contraprestación económica y las contratadas por un período continuado superior a dos meses por la misma persona.

Por tanto, la diferencia se encuentra en que si un titular o explotador cuenta con un mismo inmueble, o en dos contiguos, tres o más viviendas destinadas a estos servicios turísticos,  le será de aplicación el régimen contenido en el Decreto 194/2010 sobre apartamentos turísticos que cuenta con un nivel de exigencias mayor que el contenido en la norma sobre viviendas turísticas, que se regula como se ha comentado, en el Decreto 28/2016.

 

Roji Abogados queda a su disposición para cualquier consulta sobre apartamentos o viviendas turísticas, problemas con los inquilinos o los propietarios, daños o suciedad tanto si es inquilino como propietario, asesoramiento en materia contractual, reclamaciones al seguro, recursos y alegaciones a expedientes administrativos.

Secreto de las comunicaciones en el ámbito laboral


El derecho al secreto de las comunicaciones queda recogido en el artículo 18.3 de la Constitución española. Aún así, al encontrarse España dentro de la Unión Europea, se encuentra sometida a las decisiones de los altos tribunales europeos. En la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de septiembre de 2017 se delimita el derecho al Secreto de las Comunicaciones en el ámbito laboral, en especial los casos en los que el empleador consulta las comunicaciones enviadas por sus trabajadores sin el conocimiento de los mismos.

Se trata del asunto Barbulescu contra Rumanía. El origen del asunto viene de una demanda dirigida contra el mencionado país en 2008 por un ciudadano rumano, el señor Barbulescu, fundamentando la demanda en el artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que es el artículo que le legitima para interponer demanda cuando considere que se le ha vulnerado alguno de los derechos contenidos en el Convenio.

En este caso, la reclamación se basa en que su jefe no tuvo en consideración su derecho al respeto de su vida privada y correspondencia, contenido en el artículo 8 del citado Convenio, a la hora de extinguir la relación laboral con el demandante. De igual modo dice que los tribunales de su país no le protegieron en ese derecho.

Respecto a los hechos relevantes, cabe decir el demandante trabajaba para una empresa privada como ingeniero de ventas. Siguiendo las instrucciones de la misma, creó una cuenta en Yahoo Messenger (que es un servicio de mensajería instantánea mediante internet) para tratar con los clientes. Se reseña que el trabajador ya disponía de otra cuenta personal en la red social.

En la normativa interna de la empresa, se recogía que los empleados no podían usar “ordenadores, fotocopiadoras, teléfonos, télex y máquina de fax con fines personales”. No se incluía en dicha norma la facultad de la empresa de vigilar las comunicaciones de sus empleados.

Fue en el año 2007 cuando la compañía mediante una nota informativa hace firmar a los empleados un texto en el que se dice, en resumen, que en la empresa no hay que usar el tiempo de trabajo para fines personales o prácticas ajenas a las actividades laborales, y que la entidad se ve obligada a verificar y controlar el trabajo de los empleados para tomar las medidas oportunas contra aquellos que incumplan estos términos.

Entre los días 5 y 13 de julio de 2007, la empresa registró las conversaciones del demandante en Yahoo Messenger, citándole por su director el día 13 de julio e informándole que sus conversaciones habían sido supervisadas y del uso del trabajador se desprendía que había utilizado internet para fines personales. No fue informado sobre si la supervisión afectaba al contenido o solo al tiempo de uso de internet, que era superior al tiempo medio de los trabajadores de la empresa. El demandante, alegó por escrito que sólo había utilizado internet con fines profesionales.

El mismo día fue convocado por segunda vez, y se le informó de que el uso de internet había sido privado y se adjuntaron 45 páginas con las transcripciones que el demandante había mantenido con su novia y su hermano, también contenían mensajes que había mandado el demandante desde su cuenta personal de Yahoo Messenger, se dice en la sentencia que no revelaban información personal. El día 13 de julio el demandante informó por escrito que consideraba a la empresa responsable de la comisión de un delito de violación del secreto de correspondencia y el día 1 de agosto se rescindió la relación laboral con el trabajador.

Señala el Tribunal que existe un conflicto entre el derecho de la empresa a vigilar y el derecho de los empleados a la protección de su vida privada, conflicto que a nivel de la Unión Europea se ha resuelto mediante la Directiva 95/46/CE, que establece los niveles de vigilancia de la utilización de internet y del correo electrónico en los lugares de trabajo, siendo los principales principios los siguientes: Que exista la necesidad de la vigilancia; que se persigan unos fines específicos, explícitos y legítimos; el trato de los datos solo tendrá lugar con una finalidad legítima; los datos personales tratados deben ser pertinentes y adecuados respecto a la finalidad que se persigue; y deberá garantizarse por el empleador que los datos obtenidos no serán accesibles a terceros.

En base a la jurisprudencia del TEDH, comenta el Tribunal que las comunicaciones de este caso si se pueden entender comprendidas dentro del concepto de intimidad familiar. Además,  si bien es cierto que el demandante infringió el reglamento interno de la compañía, no ha quedado probado que la misma informase a sus trabajadores de la supervisión antes de que se informase de la actividad de vigilancia. El demandante no fue informado de la naturaleza y el alcance de la supervisión del empleador o la posibilidad de que éste accediese a sus comunicaciones.

Reconoce el TEDH que a pesar de que la situación se encuentre en constante cambio, no hay que olvidar que en estos casos debe de respetarse la proporcionalidad y las garantías procesales en contra del carácter arbitrario de los empleadores. Para ello hay que considerar si el empleado ha sido debidamente informado, el alcance de la supervisión y grado de intrusión en la vida privada del empleado, la existencia de los fines legítimos, la adecuación de la medida; es decir, si hubiese sido posible conseguir el fin deseado con medidas menos lesivas, si se siguieron garantías adecuadas durante la supervisión de las comunicaciones y cuales fueron las consecuencias de esta supervisión para el empleado. Además, se dice que las autoridades internas deben velar porque los empleados puedan presentar recurso ante un órgano judicial competente que se pronuncie sobre los requisitos expuestos.

Entiende el alto tribunal que el demandante no fue debidamente informado y que los tribunales de su país no valoraron el alcance de la supervisión realizada y el grado de intrusión en la vida privada del demandante, ni los requisitos antes comentados.  Por tanto, al no haber protegido los tribunales nacionales el derecho del demandante al respeto de su vida privada y su correspondencia, se ha producido una violación del artículo 8 del Convenio.

Finalmente se estima en parte las pretensiones del demandado, aunque la cantidad solicitada se reduce a la suma de 1.365 Euros que debe ingresar el Estado demandado al demandante, más costas y gastos.

 

Desde Roji Abogados ponemos a su disposición a nuestros expertos en Derecho Laboral para lo que necesite, ya sea en caso de sanciones, despidos, eres, vulneración de derechos fundamentales, accidentes de trabajo e indemnizaciones, distintos tipos de baja, contratación laboral y cuestiones derivadas de la Seguridad Social. Estaremos encantados de atenderle en Málaga, Marbella, Fuengirola, Torre del Mar, Vélez-Málaga o Antequera.

El Tribunal Supremo desestima el recurso sobre el “impuesto al sol”


El Tribunal Supremo en sentencia num. 3531/2017 de 13 de octubre de 2017, ha desestimado el recurso que había presentado la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER) contra el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, el que comúnmente es conocido como “impuesto al sol”.

En la resolución se pone de manifiesto que el consumidor que es autosuficiente, genera su propia energía para autoconsumo y no se encuentra conectado al sistema eléctrico general, no paga nada. Se defiende que no hay un impuesto al sol como tal, ya que la finalidad del tributo es que un autoconsumidor que también hace uso del sistema eléctrico, contribuya con los costes y cargas que el mismo genera, ya que en caso de necesitarlo, éste ha de estar disponible para el autoconsumidor.

Los recurrentes hacían especial mención a los artículos 17 y 18 del Real Decreto impugnado, diciendo que vulneran el artículo 9.3 de la Ley del Sector Eléctrico, en el que se menciona que los autoconsumidores tienen que pagar las mismas cantidades de acceso a las redes, cargos y costes del sistema de la misma forma que un consumidor que no autoconsume. Los recurrentes refieren que a los autoconsumidores en algunos casos se les exigen dos cargos adicionales e innecesarios, como son el cargo variable transitorio y cargo fijo, por la energía consumida y la potencia instalada, pagando los autoconsumidores más que los otros sujetos por el ahorro de energía que pudieran alcanzar.

Para el alto tribunal, no tiene razón la recurrente cuando dice que se establecen cargos a los autoconsumidores que no tienen que desembolsar los consumidores ordinarios, lo que sucede es que el sistema de cargos debidos a los costes del sistema y la función de respaldo del sistema incluye como factor de cálculo la totalidad de energía consumida comprendiéndose también la energía proveniente de autoconsumo. Además, dice el Tribunal Supremo que en virtud del artículo 9.3 de la Ley, el Gobierno podría reducir los peajes, cargos y costes no peninsulares cuando por las modalidades de autoconsumo supongan una reducción de costes a los mencionados sistemas, de igual modo se contempla en los artículos 17.6 y 18.5 del Reglamento impugnado.

Respecto a la potencia contratada, en la sentencia se expresa que dependiendo de las características con las que cuente el sistema del autoconsumidor, pudiendo éste contratar una potencia que incluya o no la energía autoconsumida, pero necesitando que el sistema técnico del autoconsumidor cuente con las circunstancias apropiadas para ser gestionable y compatible con la potencia contratada, por tanto está en la mano del autoconsumidor aprovechar los beneficios que le pudieren ser de aplicación en la normativa impositiva.

De igual modo se descarta que se haya discriminado a los autoconsumidores por el hecho de que el Gobierno haya eximido de los cargos asociados a los costes del sistema hasta finales de 2019 a los sistemas de cogeneración. Entiende el supremo que se trata de sujetos de características y problemática distinta, y que por tanto el Gobierno puede establecer distintos regímenes motivados por razones de oportunidad o de otro género.

Finalmente, la sentencia desestima que los mencionados artículos 17 y 18 del Real Decreto sean arbitrarios, que generen inseguridad jurídica o que el propio Real Decreto sea contrario al derecho comunitario, en lo relativo a las energías renovables, mercado interior de la electricidad o la eficiencia energética.

 

 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Condenado al conducir sin la correspondiente licencia administrativa


En la sentencia del Tribunal Supremo 3041/2017 de fecha de 20 de julio de 2017, se discute la aplicación de un delito contra la seguridad vial por carencia del permiso de conducir.

Sobre los hechos probados, queda constatado que Prudencio condujo un ciclomotor sin contar con la licencia para conducir. En primera instancia se dictó sentencia absolutoria, por entenderse que no existió el plus de riesgo superior al meramente abstracto y que sirva de justificación para el reproche penal, entendiéndose que únicamente deb sancionarse el hecho por la vía administrativa. La sentencia fue recurrida en apelación por la representación del Ministerio Fiscal, que tuvo como resultado la confirmación de la sentencia en primera instancia.

Ante estos hechos, vuelve la representación del Ministerio Fiscal a interponer recurso, esta vez al Tribunal Supremo, al amparo del núm. 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por no aplicarse el artículo 384.2 del Código Penal que es el artículo que impone penas  a aquellos que conducen sin haber obtenido nunca la pertinente licencia de conducir.

El Tribunal Supremo, aludiendo a la sentencia del mismo tribunal 369/2017 de 22 de mayo, entre otras, razona que de una lectura literal del precepto infringido, no se observa la exigencia de un peligro concreto para la seguridad vial, constituyendo el tipo el hecho de conducir un vehículo sin su correspondiente permiso administrativo. Este hecho constituye el riesgo, ya que no se ha comprobado las capacidades físicas y psíquicas del conductor, cuya reducción del mismo pretende la citada norma.

Por tanto, la conducta típica se consuma cuando se conduce sin el permiso o la licencia aunque no se haya cometido infracción o conducta temeraria alguna. El recurso de casación es estimado y se permite, a pesar de ser contra sentencia absolutoria, en tanto se limita a corregir errores de subsunción y a fijar criterios de interpretación, sin modificarse la interpretación de los hechos hecha por el tribunal inferior.

Se condena al acusado como autor de un delito contra la seguridad vial del artículo 384.3 del Código Penal a una multa de 12 meses con una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago del artículo 53.1 del Código Penal.

Resolución de contrato de compraventa y entrega de cantidades anticipadas por los compradores


Doña Ariadna y Don Gaspar, que eran compradores en una promoción de viviendas, formularon demanda contra el Banco Popular Español (entidad bancaria de la promotora) , donde se ingresaban las cantidades a cuenta del precio de la vivienda, reclamando el 40% de las cantidades entregadas a cuenta, pues el 60% ya había sido abonado por la promotora. Los demandantes y la promotora habían alcanzado el acuerdo de resolver el contrato de compraventa celebrado, con devolución del 60% del precio recibido a cuenta. A pesar de este acuerdo privado, los demandantes reclaman judicialmente al banco las cantidades no devueltas por entender que los derechos que otorga la Ley 57/1968 a los cesionarios son irrenunciables y les corresponde la devolución total de las cantidades entregadas.

En primera instancia se desestimó la demanda por la no existencia de un aval individualizado a los compradores, y además no teniendo el banco en este caso la obligación de emitir el aval éstos salvo por petición de la misma parte.  Posteriormente, la parte actora interpuso recurso de apelación que fue desestimado y se interpuso por la misma, recurso de casación.

El recurso de casación, se basa en el interés casacional fundamentándose en tres motivos: en primer lugar, la infracción del art. 7 y del art. 1.2 de la Ley 57/1968 respecto a la exigibilidad de responsabilidad de las entidades bancarias; en segundo se dice que se ha infringido el artículo 1902 del Código Civil en tanto la omisión consiste en la falta de exigencia de aval al promotor sin que se haya asegurado el buen fin de las cantidades de cara al comprador según lo establecido en la Ley 57/1968; En tercer lugar, se alega que se ha infringido el art. 1257 del Código Civil en relación con lo comentado de la Ley 57/1968 pues debieran haberse hecho constar en el acuerdo privado, los beneficios irrenunciables que dicha norma confiere a la parte compradora. Por otro lado, la parte recurrida alegó la no existencia de interés casacional al no haberse aportado distintas sentencias de audiencias provinciales.

Comenta el Tribunal Supremo que pese a la dudosa admisibilidad del recurso de casación, se entiende aceptado el planteamiento del mismo ya que cuando se planteó el recurso en 2014, podría existir confusión respecto a la aplicación de las normas alegadas, aunque ya tras la reciente jurisprudencia, en especial atención a la sentencia 226/2016, de 8 de abril y a la sentencia de 21 de diciembre de 2015; se ha fijado que en las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968, que las entidades de crédito que libremente admitan ingresos por parte de los compradores en una cuenta de la promotora y, sin exigir la apertura de una cuenta especial con su correspondiente garantía, responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas e ingresadas por ellos.

Además, en la sentencia se comenta que la desestimación de la demanda en primera instancia no debiera de haber residido en que el banco no tuviese la obligación de velar por la entrega de los avales por parte de la vendedora, sino por el acuerdo alcanzado entre vendedora y compradora en 2010 por el que las cantidades habían dejado de ser exigibles. De igual forma, entiende que la alegación de que los derechos reflejados en el art. 7 de la Ley 57/1968 presentan carácter irrenunciable de los derechos del cesionario no puede ser admitida ya que en el acuerdo transaccional no existía renuncia a esos derechos. Por otra parte, en dicho acuerdo se decide por la libre voluntad de las partes, la resolución del contrato de compraventa, las cantidades a entregar por la vendedora a la compradora y se acuerda que ninguna tiene nada más que reclamar a la otra.

A mayor abundamiento, según recoge el tribunal referenciando a la sentencia de pleno 322/2015, de 23 de septiembre, dentro de las consecuencias de la transacción a la que llegaron los compradores y promotora, por una parte, en el caso de que exista aval o seguro se deban garantizar la totalidad de las cantidades anticipadas y , por otra, que el comprador no tenga la facultad de disponer de su derecho sobre los anticipos (lo que también comprende a los intereses) y transigir sobre el mismo.

Por tanto, como se dicta en la sentencia del Tribunal Supremo num. 459/2017 de 18 de julio, la responsabilidad de los demandados en este caso se ha de limitar a la cantidad transigida en el caso de que no fuese satisfecha por la promotora. Por lo dicho, el recurso de casación es desestimado imponiéndose costas a la parte recurrente.

¿Cómo actuar en caso de despido? Puntos clave


Como actuar en caso de despidoAbogado Laboralista Málaga le explica cómo debe actuar en situación de despido para evitar que se sus derechos se vean perjudicados.

Aunque el despido no sea una situación en la que queramos vernos nunca, cabe la posibilidad de que en un momento dado se nos llame a un despacho o bien recibamos una comunicación mediante la cual se nos informa del fin de nuestra relación laboral.

Es importante que conozcamos los derechos que nos asisten para que sepamos reaccionar correctamente e identificar aquellas situaciones que no se ajustan a la ley.

La forma más habitual de despido es la presencial, es decir, un responsable de la empresa, o alguien del departamento de RRHH nos llama a su despacho para comunicárnoslo.

Si ese es el caso recuerde estos puntos básicos:

1. LEA TODA LA DOCUMENTACIÓN

Tómese el tiempo necesario para leer con atención cualquier documento que se le entregue para detectar cualquier posible error.

2. FIRMA

En primer lugar recuerde: NO tiene la obligación de firmar nada. Esta puede ser una buena estrategia ya que la empresa tiene la obligación de demostrar que se le ha comunicado el despido personalmente. En caso de demorarse, ganaría tiempo para asesorarse.

Si decide firmar hacerlo hágalo en todas las hojas y además incluya al lado la fecha y, esto es importante, las palabras “No conforme”

Poner estas dos palabras,  aunque a priori le parezca que todo lo que aparece en los documentos es correcto puede ser ayuda en un proceso posterior de mediación o juicio.

3. FINIQUITO

El finiquito corresponde a la cantidad de dinero que aún le deba la empresa por el periodo trabajado, parte proporcional de las vacaciones etc.

Si en el acto de despido se le entrega finiquito y el importe correspondiente a este, también debe poner “No conforme” y escribir a su vez la cifra exacta recibida. Recuerde comprobar que dicha cifra coincide con las que constan en el finiquito.

Si no se le paga el finiquito en ese momento también deberá hacerlo constar en el mismo documento, de puño y letra. Bastará con una frase tipo “La cantidad X queda pendiente de cobrar…”

No acepte solo promesas de que se le va a pagar, por precaución, ponga siempre que está pendiente del cobro.

4. INDEMNIZACIÓN

Si el despido se realiza de forma correcta, en el mismo acto de despido debería entregarse por un lado el finiquito y por otro la indemnización que corresponda según el tipo de despido.

5. GRABACIÓN

En este contexto de despido, es legal realizar una grabación en la que se recojan las circunstancias en las que se ha comunicado el despido. Puede resultar de mucha ayuda de cara a un juicio posterior, sobre todo si durante el mismo ha habido alguna irregularidad, se han proferido cualquier tipo de amenazas etc.

Aunque el despido presencial es el más habitual, existen otras formas de llevar a cabo el despido que tienen validez legal.

Carta certificada: el despido puede comunicarse a través de carta certificada. En este caso no hay inconveniente en firmar la recepción ya que solo se deja constancia de haberla recibido, no de estar conforme con el contenido

Telegrama o Burofax: se tratan de uno de los medios más habituales de comunicación a distancia del despido. Se puede firmar su recepción sin que ello implique la aceptación del contenido de la carta de despido.

Medios electrónicos como correo electrónico, mensajería (Whatsapp, Telegram…): muchos Tribunales están admitiendo este tipo de vías aunque su fiabilidad no es total ya que existen programas capaces de editar el contenido de los mismos, por lo que podrían ser impugnables, alargando así el proceso judicial.

Una vez producido el despido es fundamental que busquemos asesoramiento especializado para garantizar que todo el proceso se ha llevado conforme a la ley y que tanto finiquito como indemnización si corresponden han sido calculados correctamente.

Si estamos en desacuerdo que la forma de despido, la indemnización y cualesquiera otros detalles debemos acudir a un abogado laboralista experto para que nos asesore y defienda nuestros derechos frente a la empresa.

En Roji Abogados tendrá acceso a un abogado laboralista en Málaga especializado que le asesorará de forma personalizada y podrá defender sus derechos por vía judicial en caso de ser necesario.

 

Reducción de jornada por decisión del empresario


Abogado laboralista Málaga - Reducción de jornadaRecuerde que en caso de necesitar resolver una consulta Roji tendrá disponible un abogado laboralista en Málaga que le asesorará acerca de sus derechos.

El empresario está capacitado para llevar a cabo una reducción de la jornada laboral de forma unilateral, siempre y cuando se cumplan los requisitos que la legislación en materia laboral establece.

En primer lugar, debemos tener claro que, desde el punto de vista legal, existen dos tipos de jornadas, la jornada convencional y la contractual.

La jornada convencional es la que viene establecida por el Convenio colectivo al que esté adherido la empresa.

La jornada contractual es aquella que viene establecida en el contrato individual del trabajador, en pactos o acuerdos colectivos de los trabajadores con el empresario (pero no de Convenio colectivo) y que ha sido otorgada por el empresario de forma unilateral.

La diferencia entre ambas es importante ya que de ello dependerán los requisitos y los pasos a dar para llevar a cabo la reducción.

Si el empresario quiere reducir la jornada convencional deberá cumplir con lo establecido en el Estatuto de los trabajadores al respecto, que señala que deberá existir un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Si esto no es posible, deberá someterse la decisión a mediación y arbitraje y en última instancia a un arbitraje de carácter obligatorio en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Consultivos.

Si es la jornada contractual la que se desea rebajar, los requisitos y procedimiento cambian y son los siguientes:

  • La reducción de jornada debe estar debidamente justificada independientemente del número de trabajadores que estén afectados por la misma. Las causas han de ser económicas, técnicas, organizativas o de producción
  • La reducción debe ser de entre el 10 y el 70% de la jornada habitual y su carácter ha de ser temporal.
  • No se podrán hacer horas extraordinarias salvo en casos muy específicos de fuerza mayor.
  • La reducción de jornada no causa derecho a indemnización para los trabajadores afectados por ella. Se compensarán las horas que se dejen de trabajar a través de una prestación por desempleo.
  • El empresario dejará de cotizar la parte proporcional de la jornada que se deja de realizar.
  • Se deberán realizar acciones formativas relacionadas con la actividad profesional con el objetivo de aumentar la empleabilidad de los trabajadores.

Si usted es empresario y desea aplicar una reducción de jornada en su empresa, no dude en consultar con nuestros abogados laboralistas de Málaga para obtener el asesoramiento necesario en cuanto a los requisitos y trámites que debe realizar para cumplir con la ley.

Si usted es un trabajador afectado por una reducción de jornada y desea saber si se ha realizado conforme a la legislación laboral vigente, podrá consultar con un abogado laboralista en Málaga que le asesorará de forma personalizada y defenderá sus derechos.

Liquidation of a common asset paid by personal incomes


In terms of marital relations, the article 1398 of the Civil Code provides what can be considered as a debt of the community of property. The third point of the article establishes that the quantities that only one of the spouses paid and they should have been paid by the community of property, they constitute a credit for the payer and a debt for the community.

The application of the said article is discussed in the judgment of the Supreme Court num. 498/2017 of September 13th. The case derives from the proceedings of liquidation of the joint assets of the community of property and the first appeal was based on the article 1358 of the Civil Code, in which it is provided that the privative or common goods obtained with common or personal money during the community of property, it will generate it appropriate credit in favour of the other spouse or the community of property. Because of this article, the Court understood that including the sale of a property by this way as a debt against the community of property is valid.

The appeal to the Supreme Court was issued by the initial claimant and based on the possible infringement of the article 1355 of the Civil Code, which says that the spouses by a common agreement can change the term of a privative asset into a common asset of the community of property, so the initial defendant could not claim to the community of property the privative quantities paid by him for the property that it was sold.

The appeal is dismissed; the Supreme Court appreciates that the article 1355 should not be applied in this case because there was not a common agreement or attribution of the property. The judgment is based on the article 1398 of the Civil Code and the prior judgment is affirmed. The costs shall be deemed against the appellant.

El derecho al Honor contra el derecho a la Libertad de Expresión


La colisión entre el derecho al Honor y el derecho a la Libertad de Expresión vuelve a ser tratada en la sentencia del Tribunal Supremo núm. 488/2017 de 11 de septiembre.

El recurso viene tras una demanda interpuesta por Dª. Carmela contra la periodista D.ª Pilar y Audiovisual Española 2000 S.A., solicitando que se declarase una intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de la actora; de igual modo, que se condenase al periódico “La Razón” en su versión digital a publicarse la sentencia que recaiga, más 60.000 euros de indemnización para los demandados añadiendo el lucro obtenido por la noticia y con condena en costas.

Todo ello, por haberse publicado en la edición digital del periódico un artículo titulado de la siguiente forma: “Carmela, la colombiana “cazadiputados” y subtitulado “La empresaria persigue a los políticos para conseguir fama y dinero: Belarmino y Gumersindo son solo dos de sus víctimas” y cuyo contenido puede ser leído en la sentencia que se está comentando.

Respecto al procedimiento judicial, el Juzgado de Primera Instancia n. º 3 de Santa Cruz de Tenerife, dictó sentencia en la que se estimaba parcialmente la demanda y se condenaba a los demandados a desembolsar 3.000 euros, más los intereses devengados y que las costas serían satisfechas por mitad por cada parte. En la Audiencia Provincial se confirmó la sentencia de la Instancia inferior imponiéndose las costas a los apelantes.

Las partes demandadas en el inicio, interpusieron recurso de casación fundamentado que se había vulnerado su derecho a la libertad de expresión recogido en el artículo 20.1 de la Constitución Española, cuestionándose el juicio de ponderación del tribunal sentenciador y aduciéndose la existencia de interés casacional por oposición a la doctrina del alto tribunal.

Por un lado, las recurrentes alegan que las expresiones contenidas en el artículo no atentaban contra el honor de la demandante y que al entrar en juego la libertad de expresión, no era procedente realizar el examen de la veracidad ni cuestionar las fuentes de la periodista que alega el secreto profesional como motivo fundamental de esconder sus fuentes.

En contraposición, la parte recurrida entiende que la ponderación de derechos fundamentales ha sido correcta y alega que la libertad de expresión no puede ser amparada por “comentarios vejatorios” y que el hecho de que haya llegado a intervenir en televisión no es relevante porque tuvo lugar un mes después de que se publicase la noticia. De igual forma el Ministerio Fiscal ha interesado la desestimación del recurso.

Entiende el alto tribunal que procede desestimar el recurso pues la sentencia recurrida se ajusta en lo esencial a la delimitación de derechos que se ha venido reflejando según consta en la jurisprudencia, además de que en este caso, las expresiones empleadas fueran totalmente innecesarias para la información que se estaba prestando.