Noticias

Terminate unilaterally a contract of lease


The Supreme Court, in the Judgment num. 297/2017 of may 16th, analyses if it is possible to terminate a contract by the will of one sole party when there is not any stipulation in the contract that allows it.

In the case, the lessee sued the lessor in order to get of him the payment of 9.771,38€ which was the quantity of the guarantee deposit in the contract of lease plus legal interests and judicial expenses. The claimant considered terminated the contact after that the defendant had refused to renegotiate the terms and conditions of the contract with the reasons that due to the economical crisis it was not possible to comply with the agreement.

The lessee considered terminated the contract by unilateral withdrawal sending the lessor a registered fax (burofax) and then, due to the inactivity of the defendant, the claimant went to a notary public to deposit the keys of the property, officially requiring the lessor to take the keys and return the guarantee deposit for the contract of lease.

The defendant opposed the claim, and counterclaimed the other party, saying that there was not any stipulation in the contract allowing one party to terminate the contract before the term had arrived, so the lessee should comply with his obligations until the term arrived and pay also the judicial expenses, legal interests and the unpaid leases or instalments.

The Supreme Court summarised the doctrine related to this issue in three types of situations that could arise. First, there are cases in which the contract stipulates the right of the lessee to terminate unilaterally the contract paying a determinate quantity of money to the lessor. Second, in other cases there is not such right of the lessee but when he shows his intention of terminating the contract, the lessor refuses it and asks for the fulfilment of the contract. Third, cases in which there is not stipulation although the lessor accepts the termination of the contract but adding the possible damages caused by this early termination.

This case is related with the second group. Jurisprudence understands that the silence in giving a response, or the not reception of the keys, can not be considered as an acceptance. Finally, the petition of the claimant is dismissed and he is ordered to pay.

Capacidad procesal de una sociedad extinta


Capacidad procesal de una sociedad mercantil disuelta y liquidada e inscrita la disolución en el Registro Mercantil.

Pueden plantearse dudas sobre la posibilidad de demandar a una sociedad promotora de la construcción de un edificio que ha vendido un piso a un particular y surgen defectos en la colocación del pavimento de la vivienda. Dentro del tiempo máximo consentido por la ley para ejercitar la acción contra la promotora, ésta se disuelve y se liquida, quedando constancia de ello en el Registro Mercantil.

El Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,  en Sentencia núm. 324/2017 de 24 mayo, trata una cuestión idéntica.  El artículo 6.1.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil atribuye  capacidad para ser partes a las personas jurídicas, aunque exista disparidad de opiniones en la doctrina sobre la capacidad de la sociedad liquidada y disuelta. Anterior jurisprudencia ha entendido que sí, que la sociedad en cuestión aunque haya sido liquidada y disuelta tiene capacidad procesal perviviendo su personalidad jurídica hasta que se agoten todas sus relaciones jurídicas, debiendo en este caso responder antes sus obligaciones sin importar que sean pasadas o sobrevenidas. Como se recoge en la Sentencia, la cancelación de los asientos registrales de una sociedad no implica la efectiva extinción de su personalidad jurídica, teniendo la inscripción extintiva en el Registro Mercantil un carácter declarativo. Por tanto, no puede entenderse que la inscripción de la extinción tenga un carácter sanatorio respecto a las obligaciones societarias o defectos que hayan surgido en la liquidación.

La Dirección General de Registros y del Notariado, en diversas resoluciones, ha seguido la misma doctrina, estableciendo que después de la cancelación se mantiene la personalidad jurídica de la sociedad como centro residual de imputación hasta que se agoten las relaciones jurídicas en las que la sociedad es titular, de forma que no se perjudique al acreedor. Del mismo modo, se entiende según la Ley de Sociedades de Capital que las sociedades de capital, anónimas y limitadas, tienen que inscribirse en el Registro Mercantil para gozar de tal nombre, pero ello no implica que antes de dicha inscripción puedan contar con personalidad jurídica, como sociedad en formación o irregular. En estos casos, gozan de capacidad para ser parte atendiendo al artículo 6.1.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, además de lo dispuesto en el articulo 6.2 de la misma Ley para ser demandadas.

Finalmente, se estima el recurso de casación y se entiende que la disuelta promotora tenía legitimación para ser demandada.

Delito de Fraude por continuar recibiendo pensiones


Delito de Fraude contra la Seguridad Social por ocultar fallecimiento del beneficiario y continuar recibiendo pensiones.

En los hechos de la Sentencia núm. 425/2017 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se describe la situación de un hombre que oculta el fallecimiento de su padre a la Seguridad Social y a la entidad bancaria de la que el fallecido era titular de la cuenta para supuestamente seguir cobrando una pensión de incapacidad permanente absoluta. En total fueron 15 años en los que el acusado del delito se había aprovechado del cobro de la pensión, ascendiendo a una cantidad de 288.298, 45 euros.

En su defensa, el recurrente alegó que se había infringido el art. 24.2 CE, respecto al principio de presunción de inocencia. Entiende que no hay prueba de que esta persona ocultase el fallecimiento de su padre, de modo consciente y deliberado, y que hay elementos fácticos que apoyan su razonamiento, como el hecho de que alertase del error a la Seguridad Social en el año 2013 y, de haberse endeudado en el año 2006 con una entidad financiera poniendo como garantía hipotecaria la vivienda de su esposa. Todo ello debe ocasionar una duda razonable sobre la intencionalidad del momento de disposición de los fondos que, según la parte recurrente, debe ser interpretada a favor del reo.

Para la Sala, hay indicios suficientes que demuestran el conocimiento del acusado. Éste era el único autorizado tras el fallecimiento de su padre y continuó haciendo movimientos variados en la cuenta, además de que esta persona era la que gestionaba la cuenta antes del fallecimiento, por la limitación de su progenitor para gestionar sus recursos. Por tanto, no se puede desvirtuar la convicción de culpabilidad por estos motivos.

En segundo lugar, alega el recurrente que no se ha dado engaño previo y suficiente, no pudiendo cometerse éste por omisión por haber comunicado la defunción de su padre al Registro Civil. Esta comunicación se llevo a cabo mediante el único procedimiento que estaba obligado a seguir por ser su padre marino mercante jubilado (no perteneciendo a las clases pasivas del Estado).

El Tribunal en lo referente al delito de estafa, justifica el engaño en la actuación por parte del acusado al afirmar hechos falsos como verdaderos o bien el ocultamiento de hechos reales “así cuando se omiten los comportamientos legales exigidos para evitar el resultado producido o cuando quienes tienen posición de garante para generar un riesgo serio para el patrimonio del acreedor no le comunican el riesgo inminente de incumplimiento y del consiguiente perjuicio patrimonial que hubiera podido evitar el resultado o cuando se omite facilitar la información obligada”. Por lo que se refiere al caso concreto, el engaño consiste en la falta de comunicación del fallecimiento.

Además, la jurisprudencia ha reconocido en numerosas ocasiones el delito de estafa en situaciones similares, y no puede considerarse como un comportamiento normal el percibir durante tantos años unas cantidades “que se sabe no corresponden a quien las recibe”; pudiendo ser el engaño activo o, como en este caso, pasivo u omisivo.  Queda justificado el engaño bastante y relevante por parte del recurrente que fue “el determinante del desplazamiento patrimonial”.

Tampoco puede desvirtuarse la existencia del dolo por parte del acusado  ni puede apreciarse error de hecho en la apreciación de la prueba pues el haber comunicado el fallecimiento de su padre 15 años después de su muerte no elimina el dolo existente durante esos 15 años.

En el fallo como era de esperar se acaba desestimando el recurso interpuesto y se interponen las costas al recurrente.

Limitación temporal a la compensación económica por desequilibrio tras la separación o el divorcio


El Código Civil recoge en su art. 97 que el cónyuge que sufra una situación de desequilibrio económico con respecto del otro tras la separación o el divorcio, tendrá derecho a una pensión temporal, pago único o por tiempo indefinido según se establezca atendiendo a las circunstancias específicas del caso concreto o al acuerdo que se haya llegado.

No es tarea sencilla para un tribunal apreciar correctamente la determinación de la compensación económica; de hecho, como puede apreciarse en la Sentencia del Tribunal Supremo Sentencia núm. 340/2017 de 30 mayo. RJ 2017\2504, la Sentencia en Primera Instancia declaró una pensión compensatoria del padre de la familia a la madre, de 900 euros mensuales durante dos años salvo que se extinguiese según lo indicado en el art. 101 del Código Civil (cuando cesa la causa que motivó la compensación, o la persona beneficiada convive con otra persona o se casa de nuevo). El Tribunal en Apelación cambia el carácter temporal de la pensión que había sido fijado en dos años y la hace indefinida (salvo lo dispuesto en el mencionado art. 101).

El Tribunal Supremo acaba fijando la pensión en 5 años a favor de la madre, atendiendo a sus circunstancias personales y las posibilidades que se le presentan, entendiendo por éstas “(…) atendida su edad, formación y disponibilidad para el trabajo- para poder reequilibrar su situación económica respecto del impacto que la ruptura conyugal le haya podido suponer”. Para considerar el desequilibrio económico, también podrán tener en cuenta el tiempo que la pareja haya vivido junta antes del matrimonio para considerar el desequilibrio económico.

Según el Tribunal Supremo, en otra Sentencia anterior, “para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatoria debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio”.

Por tanto, se observa que no siempre es idéntica la posición de los tribunales a la hora de establecer la compensación ante un caso concreto y siempre, dentro de los límites procesales, podrá recurrirse la Sentencia en busca de un mejor resultado.

 

Delitos contra la seguridad vial – tráfico: principio “non bis in idem”


 

El principio jurídico “non bis in idem” o “ne bis in idem” goza de especial importancia en la jurisdicción penal. Significa que no puede juzgarse a una misma persona dos veces por los mismos hechos cometidos en contra de la ley. Ya presente en la época del imperio romano, se encuentra actualmente en el art. 25.1 de nuestra Constitución “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. También es importante en la jurisdicción administrativa al contenerse en el art. 31.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público “No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento”.

Este principio podría parecer afectado en algunos casos de concurrencia de delitos contra la seguridad vial. En la Sentencia núm. 419/2017 de 8 junio,  RJ 2017\2634 del Tribunal Supremo se discute si la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia y una condena conjunta con el delito de conducción bajo los efectos del alcohol, infringirían el principio que se está comentando.

Para el Tribunal Constitucional existen una serie de requisitos que deben de cumplirse para apreciar este principio. Según la Sentencia número 2/1981, de 30 de enero, en su fundamento jurídico 4º, éste existe “en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento (…)”. Asimismo la Sentencia número 161/1997, de 2 de octubre,  en su fundamento jurídico 10º, argumenta como el “conductor” es considerado el sujeto activo de los delitos  contra la seguridad del tráfico siendo los bienes jurídicos protegidos “la vida o la integridad de las personas”. Por otra parte, el hecho de desobedecer atenta contra “el orden público” y contra el principio de autoridad.

Termina entendiendo el Tribunal Supremo que en estos casos no se vulnera el principio “non bis in ídem” pues no llegan a cumplirse con el requisito del “fundamento”, si bien ambos delitos en este caso cumplen con identidad de sujeto y de hecho.

Constitucionalidad de las plusvalías municipales


El pasado once de mayo, el pleno del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Estos artículos están incluidos dentro de la sección del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal. Siguiendo la redacción de la norma, su finalidad es gravar el incremento del valor que sufren los terrenos con el paso del tiempo debido a la acción urbanística municipal. Por ejemplo, la construcción de un acceso a la autovía y un parque público hace que las viviendas de la zona sean propensas a revalorizarse positivamente.

El problema surge al no contemplar la norma ningún supuesto en el que la ganancia patrimonial sea neutra o negativa, situación que desgraciadamente se viene sufriendo en los últimos años. El Tribunal Constitucional ha entendido que en los casos en que se grava al contribuyente cuando la propiedad de éste ha sufrido una revalorización negativa no habiéndose adaptado los mínimos catastrales y coeficientes establecidos por los ayuntamientos, da lugar a una situación que es contraria al principio de capacidad económica contenido en el art. 31.1 de la Constitución. La razón es que el contribuyente estaría ingresando la misma cantidad impositiva en el caso de producirse una ganancia o una pérdida económica.

La inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, queda reducida a los casos en los que se grave situaciones inexpresivas de capacidad económica; es decir, cuando no se haya producido un incremento del valor del terreno al momento de producirse la transmisión. Por tanto no puede entenderse que todo el impuesto sea contrario al texto constitucional.

Siguiendo el periodo general de la prescripción presente en la Ley General Tributaria, no es posible solicitar la devolución de ingresos indebidos una vez han transcurrido cuatro años. No deberían pasar desapercibidos en este tema, los intereses de demora que producen los ingresos indebidos, no pudiendo computarse los retrasos injustificados por parte del solicitante. Asimismo, a la hora de plantearse actuar, es necesario considerar que los procedimientos de reclamación a la Administración varían según estemos ante una autoliquidación por parte del sujeto pasivo, o una liquidación realizada por la Administración pública y pueden seguir caminos diferentes.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA


Recientemente se ha publicado la Ley 2/2017 de 21 de junio como modificación a la Ley 1/1996 de 10 de enero, que regula la asistencia jurídica gratuita y ha entrado en vigor a fecha del día de hoy, 26 de junio de 2017.

El fundamento de la Ley queda recogido en el artículo 119 de la Constitución “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.

La ley desarrolla el concepto de justicia gratuita y el procedimiento necesario para su reconocimiento y efectividad. El ámbito de aplicación de la misma es amplio, contemplándose en “(…) todo tipo de procesos judiciales, incluidos recursos de amparo constitucional, la vía administrativa previa cuando así se establezca en la legislación específica, así como el asesoramiento previo al proceso (…)” según el artículo 1.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita incluye la exención del pago de tasas y depósitos judiciales, la asistencia de peritos y la obtención gratuita o reducción del 80% de los derechos arancelarios en la obtención de documentación notarial o de los Registros de la Propiedad y Mercantil, en el caso de que esté relacionada o sea requerida en el proceso.

Para el computo de la insuficiencia de recursos económicos para litigar, hay que tener en cuenta a la unidad familiar no pudiendo ésta superar los recursos e ingresos brutos las cantidades máximas tasadas por ley. En unidades familiares de un miembro no puede superarse la cantidad de 2 veces el IPREM (12.780,26€), en unidades familiares de dos o tres miembros no puede superarse la cantidad de 2,5 veces el IPREM (15.975,33€) y en familias de más de cuatro miembros la cantidad de 3 veces el IPREM (19.170,39€).

Por otra parte, pueden superarse las cantidades indicadas cuando así lo reconozca la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a solicitantes que sean ascendientes de una familia numerosa de categoría especial, o se den circunstancias especiales que justifiquen su reconocimiento. En ambos casos no se puede superar la cantidad de 5 veces el IPREM (31.950,65€) y se considerará la carencia de patrimonio suficiente para litigar del solicitante.

Además, existen una serie de solicitantes que no necesitan acreditar la insuficiencia de recursos económicos, como las víctimas de violencia de género, terrorismo y de trata de seres humanos cuando tengan vinculación con el proceso; los menores de edad y personas con discapacidad en el caso de que hayan sufrido abuso o maltrato; y las personas que hayan sufrido un accidente por el que tienen secuelas que impiden el desarrollo de su actividad profesional, requiriendo ayuda de terceras personas para realizar las labores de su vida cotidiana.

La principal modificación de la Ley es la no sujeción al IVA de las cantidades percibidas por los profesionales participantes en el servicio obligatorio de justicia gratuita, teniendo éstas carácter indemnizatorio. Asimismo, añade el carácter obligatorio del servicio para los colegios profesionales.

Para solicitarla, los interesados deben acudir a los Colegios de Abogados y cumplimentar las solicitudes necesarias. También pueden acudir al juzgado del domicilio de la persona solicitante en el caso de que no se hayan iniciado las actuaciones en el proceso judicial o  a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, en el caso de que se quiera solicitar conforme a las circunstancias especiales mencionadas.

ACCIDENTE DE TRABAJADOR DE VUELTA A CASA: ACCIDENTE LABORAL “IN ITINERE”


El fallecido, oficial de primera de la construcción, regresaba de dejar a dos compañeros en su casa cuando sufrió un grave accidente que hizo que su vehículo se saliera de la vía.

Sus herederos legales reclaman que las correspondientes prestaciones de Seguridad Social se consideren generadas por accidente de trabajo. Agotada la vía administrativa interponen demanda contra INSS, la TGSS, mutua y la empresa empleadora.

En primera instancia, la demanda es desestimada, recurriendo los herederos en suplicación ante el correspondiente Tribunal Superior de Justicia, el cual ratificó la sentencia de primera instancia, argumentando que los hechos muestran fractura del elemento cronológico, ya que, considera que la alteración del recorrido por desviaciones o alteraciones temporales anormales por motivos de interés particular que rompen el nexo causal con la ida o la vuelta al trabajo.

Las herederas del fallecido deciden elevar la cuestión al Tribunal Supremo, el cual se pronuncia en sentencia de 14 de febrero de 2017, a favor de las recurrentes, declarando que los hechos probados acreditan que la finalidad principal del viaje durante el cual se produce el fallecimiento tiene un claro carácter laboral. Añadiendo que aunque podía haber regresado a su domicilio de manera directa, el desvío para dejar a sus compañeros no hace que desaparezca la naturaleza laboral.

Se trata de una interpretación flexible del Tribunal Supremo a la hora de calificar un accidente como laboral, considerando que determinadas situaciones como la que en este caso concreto se ha producido no rompen el elemento cronológico que constituye la ida y regreso del trabajo.

Suspensión del pago de la pensión de alimentos


La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de diciembre 2016 viene a resolver, en el ámbito de la controversia judicial surgida en un proceso matrimonial, sobre la posible suspensión del pago de la pensión de alimentos cuando el obligado carece de medios económicos.

La parte demanda solicitaba que la pensión de alimentos a imponer al padre fuera de cincuenta euros mensuales, sin perjuicio de dejar sin efecto el cumplimiento de la misma hasta que el padre obtuviera la libertad del centro penitenciario donde se encontraba preso.

Por el Juzgado de Primera Instancia se estableció que el padre debía abonar en concepto de pensión de alimentos la cantidad de ciento veinte euros mensuales, más la mitad de los gastos extraordinarios que generara la menor, previa justificación de los mismos.

La Audiencia Provincial que conoció del recurso de apelación revocó dicha resolución del Juzgado de Primera Instancia, acordando dejar en suspenso el pago de la pensión de alimentos hasta que el padre obtuviera un régimen penitenciario que le permitiera obtener ingresos con los que cubrir el importe de la pensión o bien recobre la libertad. Dicho pronunciamiento de la Audiencia Provincial fue recurrido en casación por la parte contraria, por entender infringidos los artículos 93 y 146 del Código Civil, y por oposición la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las sentencias nº 564/2014 de 14 de octubre, que señalan <<<que la obligación de pagar alimentos a los hijos menores no se extingue por el solo hecho de haber ingresado en prisión el progenitor, que debe prestarlos si al tiempo no se acredita la falta de ingresos o de recursos para poder hacerlos efectivos>>>. Y de la sentencia 111/2015 de 2 de enero   que señalaba <<<que ante una situación de dificulta económica habrá de examinarse el caso concreto y revisar la sala si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del C.C., lo normal será fijar en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación , pues ante la mínima presunción de ingresos cualquiera que fuera sus origen, se habría que acudir a la solución que se predica como normal, aun a costa de un gran sacrificio del progenitor alimentante>>>.

La sentencia termina desestimando el recurso por entender que el pronunciamiento de la Audiencia Provincial no extinguía los alimentos, los dejaba en suspensión, siendo la falta de medios, que no la situación carcelaria la que fundamentaba dicha medida, por lo que entendiendo que la medida era muy excepcional, y temporal no se conculca la doctrina jurisprudencial de la Sala.

Roji Abogados – Málaga – Marbella – Fuengirola – Antequera – Vélez 

FILIACION – IMPUGNACIÓN: EL RECONOCIMIENTO DE COMPLACENCIA


Analiza el Tribunal Supremo en la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo Sala 1ª de 15 de julio de 2016 (siendo ponente Don Ángel Fernando Pantaleón Prieto) la cuestión, carente en la actualidad de regulación legal expresa, del reconocimiento de complacencia.

 

En el presente caso, Doña Rosalía es madre soltera de Carlota, cuya paternidad no quedó legalmente reconocida. Posteriormente, Rosalía contrae matrimonio con Don Obdulio y, no siendo éste último padre biológico de Carlota, y a sabiendas de tal, procede a reconocer como hija a Carlota con el expreso consentimiento de Doña Rosalía. Aproximadamente un año después de dicho reconocimiento, cesa la relación conyugal entre Doña Rosalía y Don Obdulio. Seguidamente, se inicia el procedimiento de divorcio y Don Obdulio, a su vez, pretende impugnar su propio reconocimiento.

 

El Alto Tribunal, en la presente sentencia trata de fijar la doctrina de la sala atendiendo a tres cuestiones controvertidas sobre el reconocimiento de complacencia, siendo las siguientes: 1) Si, por razón de complacencia, esos reconocimientos son, o no, nulos de pleno derecho; 2) Si cabe, o no, que quien ha realizado un reconocimiento de complacencia de su paternidad ejercite una acción de impugnación de la paternidad fundada en el hecho de no ser el padre biológico del reconocido; y 3) La aplicación, o no, al caso de las reglas de la filiación sobrevenida.

 

Cabe señalar, en primer lugar, que el reconocimiento de complacencia es aquél que realiza una persona con conocimiento de que dicha declaración no se corresponde con la realidad biológica. En resumidas cuentas, el reconocedor es sabedor o consciente de que el que va a reconocer como hijo propio, no lo es biológicamente hablando, y a pesar de ello, tiene la intención de asumir una relación de filiación con el reconocido con todos las cargas y obligaciones que ello conlleva. Por otro lado, hay que señalar que para el caso del reconocimiento de complacencia no se acude a la institución de adopción, sino a un reconocimiento de filiación que es mucho más sencillo y económico (lo que a veces implica un fraude de ley, como afirma la presente sentencia, por lo que hemos de distinguir el reconocimiento de complacencia del llamado reconocimiento ‘‘de conveniencia’’, o en fraude de ley».

 

En este sentido, el Tribunal Supremo señala:

 

Lo que caracteriza a los reconocimientos de que se trata es que el autor del reconocimiento, sabiendo o teniendo la convicción de que no es el padre biológico del reconocido, declara su voluntad de reconocerlo con el propósito práctico de tenerlo por hijo biológico suyo: con la finalidad jurídica de constituir entre ambos una relación jurídica de filiación paterna como la que es propia de la paternidad por naturaleza. Eso diferencia radicalmente los reconocimientos de complacencia de los denominados reconocimientos «de conveniencia»: con la finalidad de crear una mera apariencia de que existe dicha relación de filiación, en orden a conseguir la consecuencia jurídica favorable de una norma (sobre nacionalidad, permisos de residencia, beneficios sociales, etc.) cuyo supuesto de hecho la requiere. Estos reconocimientos se contemplan en el apartado 4 del artículo 235-27 del Código Civil de Catalunya, a cuyo tenor: «El reconocimiento de paternidad hecho en fraude de ley es nulo. La acción de nulidad es imprescriptible y puede ser ejercida por el Ministerio Fiscal o por cualquier otra persona con interés legítimo y directo»”.

 

En cuanto a las cuestiones jurídicas antes mencionadas que se plantea el Alto Tribunal y pretende fijar doctrina jurisprudencial, la enunciamos a continuación.

 

1ª) ‘‘Si, por razón de complacencia, esos reconocimientos son, o no, nulos de pleno derecho’’. La respuesta ha de ser negativa. En la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2016 señala que ‘‘El reconocimiento de complacencia de la paternidad no es nulo por ser de complacencia. No cabe negar, por esa razón, la inscripción en el Registro Civil de tal reconocimiento de complacencia, aunque el encargado del Registro Civil disponga en las actuaciones de datos significativos y concluyentes de los que se deduzca que el reconocimiento no se ajusta a la verdad lógica’’. Señala la sentencia que esto es así ya que el Código Civil no establece como requisito estructural para la validez del reconocimiento que éste se corresponda con la realidad biológica. Ningún artículo del Código Civil contempla una acción de anulación del reconocimiento por falta de correspondencia con aquélla. Y, además, ninguno de los requisitos que se exigen para la validez o eficacia del reconocimiento busca asegurar que éste se corresponda con la realidad natural. Recuerda el Tribunal Supremo aquí que en materia de filiación nos encontramos con dos intereses contrapuestos, es decir, la búsqueda de la veracidad biológica contra la seguridad jurídica, interés éste último que se hace especialmente importante cuando interviene el interés superior del menor.

 

2ª) ‘‘Asumiendo que la respuesta a la cuestión 1.ª sea negativa: ¿cabe, o no, que el reconocedor de complacencia de su paternidad provoque la ineficacia sobrevenida del reconocimiento, ejercitando una acción de impugnación de la paternidad fundada en el hecho de no ser el padre biológico del reconocido?’’ En este sentido, el Alto Tribunal responde a esta cuestión de manera afirmativa, y, si la acción prospera, el reconocimiento devendrá ineficaz. Establece el Tribunal así doctrina jurisprudencial, señalando que “Cabe que quien ha realizado un reconocimiento de complacencia de su paternidad ejercite una acción de impugnación de la paternidad, fundada en el hecho de no ser el padre biológico del reconocido. Si esa acción prospera, el reconocimiento devendrá ineficaz. La acción procedente será la regulada en el artículo 136 CC si la paternidad determinada legalmente por el reconocimiento es matrimonial en el momento de ejercicio de la acción; y será la que regula el artículo 140.II CC si la paternidad es no matrimonial y ha existido posesión de estado, aunque ésta no persista al tiempo del ejercicio de la acción”.

 

3ª) ‘‘Asumiendo, en fin, que la respuesta a la cuestión 2.ª sea afirmativa: habiendo contraído matrimonio el reconocedor de complacencia y la madre del reconocido con posterioridad al nacimiento de éste, y habida cuenta de lo que dispone el artículo 119 CC, la acción de impugnación de la paternidad que el reconocedor podrá ejercitar ¿es la regulada en el artículo 136 CC con un plazo de caducidad de un año, o la regulada en el artículo 140.II CC con un plazo de caducidad de cuatro años (dando por supuesto que existió la correspondiente posesión de estado, como es natural cuando se trata de un reconocimiento de complacencia)?’’ A esta cuestión viene a resolver el Alto Tribunal estableciendo la siguiente doctrina: si el autor del reconocimiento de complacencia y madre del reconocido contraen matrimonio con posterioridad al nacimiento de éste, la acción de impugnación a ejercitar es la del art. 136 CC, durante el plazo de caducidad de un año. También habrá de ejercitarse dicha acción si el reconocimiento se realiza antes de matrimonio, para el que el art. 119 CC prevé el efecto de robustecer la protección jurídica de la familia, ello quiere decir hacer más difícil la impugnación de la filiación.

 

Por todo ello, el Alto Tribunal acuerda desestimar el recurso de casación interpuesto por Don Obdulio, confirmando la sentencia dictada en apelación.