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Reclamación de hipotecas multidivisa


Reclamación hipotecas multidivisa MálagaLas reclamaciones relativas a las hipotecas multidivisa han crecido exponencialmente en estos últimos años debido a que, por las características de las mismas, muchos contratantes de este tipo de hipotecas han visto como el importe del préstamo hipotecario aumentaba.

¿Qué son las hipotecas multidivisa?

Las hipotecas multidivisa son aquellas en las que el pago del préstamo se realiza en una moneda distinta del euro, como por ejemplo dólares, yenes etc. Se trata de una fórmula que podría resultar interesante a priori al aplicar un tipo de moneda que tuviera una tendencia a la baja con respecto al euro.
El problema es que este tipo de cambios entre monedas tiende a variar a lo largo del tiempo, por lo que en un momento dado el cambio puede ser menos ventajoso.

Como ya sucedió en su momento con las cláusulas suelo, la legalidad de las hipotecas multidivisa se ha planteado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual acaba de dictaminar que cuando un usuario solicita este tipo de hipoteca, la entidad bancaria debe facilitar información completa, clara y comprensible. Sobretodo en lo que respecta a que el usuario entienda que está sometido el riesgo de las variaciones cambiarias, que pueden apreciarse o depreciarse.

Ahora, se inicia un nuevo periodo de espera para que sea el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea quién dictamente acerca desi este tipo de hipotecas son ilegales, en cuyo caso se declararían nulas.
Se estima que en torno a 70.000 personas en España tienen este tipo de hipotecas.

En la actualidad, para los casos que se planteen judicialmente, deberá ser el Juez que corresponda por jurisdicción del demandante, quién determine si la información que se proporcionó para la contratación de esta hipoteca fue suficiente y clara. En caso contrario podría incluso dictaminar la ilegalidad de la misma.

Si está afectado por una hipoteca multidivisa y necesita asesoramiento legal acerca de si es factible reclamar la nulidad de la misma, contacte ahora con nuestros abogados de Málaga especializados en Derecho Inmobiliario. Podremos ayudarle a reclamar a su entidad bancaria y en última instancia reclamar judicialmente.

Competencia desleal: revelación de secretos industriales y uso del Know How sin la correspondiente licencia


La sentencia del Tribunal Supremo num. 474/2017 de 20 de julio discute el caso de una empresa norteamericana que licenció un método para limpiar y reparar tuberías sin que fuese necesario el realizar una obra, a una empresa española que una vez terminó el contrato, se las ingenió para seguir usando la técnica que en el ámbito mercantil se le llama Know How.

En Primera Instancia se condenó a los codemandados por haber llevado a cabo actos de competencia desleal contra la demandante, infringiendo los artículos 13.2 y 14.2 de la Ley de Competencia Desleal.

Por su parte, la Audiencia Provincial de de Zaragoza, desestimó el recurso interpuesto por la condenada y se confirmó la sentencia de la instancia inferior, a lo que posteriormente se interpuso por la misma parte recurso al Tribunal Supremo, alegando infracción procesal.

El Tribunal Supremo en su resolución, comienza haciendo un resumen de los antecedentes en el que se describe como la demandante, Pipe Restoration Technologies, es una sociedad americana que se dedicaba al saneamiento de tuberías mediante un sistema propio de actuación, que es lo  que se conoce como Know How de una empresa. En el año 2006, Pipe R. T. concede a Aceduraflo España, S.L. una licencia en exclusiva para la utilización de las marcas y del sistema propio, estableciéndose en el contrato la obligación de cesar en el uso de la técnica cuando finalizase el contrato, lo que sucede en 2011 por incumplimiento de Aceduraflo en el pago de los royalties a Pipe R. T.

En 2011 se constituye otra empresa, Tecnología en Restauración de Tuberías  sin Obras, S.L.U. (en adelante, Tecnología) que tenía el mismo objeto social que Aceduraflo y además en el orden social se entendió que se había constituido una sucesión de Aceduraflo a Tecnología.

También en 2011 se constituyó por uno de los socios de Aceduraflo la sociedad Aire Corindón Epoxy, S.L. que tenía por objeto social la fabricación y venta de maquinaria que se destinaría para reparar tuberías sin obras.

En la demanda inicial de Pipe contra Aceduraflo, Tecnología y Aire Corindón, se ejercitaron acciones de competencia desleal, basadas en que los demandados habían cometido violación de secretos, aprovechándose de los mismos, actos de engaños y conductas que atentan contra la buena fe.  Aceduraflo reconvino pidiendo la nulidad del contrato firmado en el año 2006, alegando que en Europa ya existía ese sistema y de haberlo sabido no habría firmado el contrato. Respecto a su vulgarización, entiende la Audiencia que este hecho no está probado por quien lo invoca.

El recurso al Tribunal Supremo, que como se ha comentado, alegaba la infracción procesal en base a que la sentencia recurrida no atiene a la lógica ni a la razón, fue desestimado este motivo por explicar la sentencia recurrida la decisión a la que llega.

También se alega que no se cumplen los requisitos de atribución  de la carga de la prueba previstos en los apartados 2 y 3 del art. 217 LEC, que también es desestimado  pues en este caso sí existía secreto industrial y correspondía a la demandada probar la vulgarización del mismo.

De igual forma, se había alegado la falta de legitimación activa a Pipe por no participar en el mercado español, a lo que el Tribunal Supremo responde que no puede negársele pues por medio de la licencia concedida a Aceduraflo, de alguna manera participaba en el comercio español.

Finalmente entiende el alto tribunal que aunque el contenido de la patente no sea idéntico al del Know How, éste puede complementarla de manera que se obtenga un mayor rendimiento empresarial. Por lo tanto, y como era de esperar, se desestima el recurso de casación.

Abogado es condenado a 3 años de prisión por estafar a extranjeros


En la sentencia del Tribunal Supremo núm. 540/2017 de 12 de julio, se discute el tipo delictivo de un letrado que estafaba a extranjeros residentes ilegalmente en España, prometiéndoles permisos de residencia y de trabajo que nunca se llegaban a conseguir, empleando para ello documentación falsa.

En lo relativo a los hechos, el abogado entre los años 2002 y 2007 cursó un gran número de solicitudes a la Dirección Provincial de Trabajo, bajo el nombre de extranjeros no residentes legalmente en España, prometiéndoles que obtendrían permisos de residencia y trabajo. En las solicitudes, los extranjeros aparecían como trabajadores para diversas empresas controladas por el abogado y con la única finalidad de aparentar una relación laboral falsa, ya que las empresas no tenían actividad económica ni trabajadores reales. El letrado se lucró por medio de estas actividades, sin llegar a prestar los servicios reales que prometía a sus clientes llegó a recibir más de 50.000 euros por estos engaños.

En la Audiencia de instancia se condenó al acusado por un delito de estafa agravada, comprendiendo en este caso, una pena de 6 años de prisión, con multa de 12 meses a razón de 20 euros al día o 6 meses de responsabilidad personal subsidiaria. El letrado presentó recurso al Tribunal Supremo alegando haberse infringido los arts. 248, 249 y 250 del Código Penal, por haberse apreciado error en la prueba y por quebrantamiento de forma. Asimismo, entiende la recurrente que un registro que tuvo lugar en el despacho del acusado debiera de haberse declarado ilícito y, por tanto, las pruebas obtenidas no podrían ser indicativas del ilícito.

Para el Tribunal Supremo, era evidente que los pagos realizados por los clientes se basaban en la creencia infundada de que se trataba de una posibilidad real de obtener los permisos que necesitaban, lo que da lugar a un nexo entre el engaño, el error y el desplazamiento patrimonial a favor del acusado, constitutivos de la estafa.

Respecto al tipo de estafa agravada, entiende el alto tribunal que no se trata de un delito de estafa agravada sino un delito de estafa continuada, pues ninguna de las estafas superaba la cantidad de 50.000 euros y debiera de haberse tenido en cuenta el elemento temporal del delito continuado. También razona que no se ha dado el delito de falsedad en documento oficial, pues no habían llegado a presentarse los documentos ante organismo público, y se incardina en delito de falsedad de documento privado.

Las pruebas también se consideran suficientes, siendo la valoración conjunta de la documental, testifical y pericial, indicios bastantes de que el acusado se enriqueció indebidamente con dinero entregado por los extranjeros tras haber depositado su confianza en él.

El quebrantamiento de forma no puede admitirse ya que el recurrente ha formulado una cuestión genérica diciendo que se declararon preguntas como impertinentes y se interrumpió en reiteradas ocasiones al perito, lo que vulneraba el derecho del acusado a la defensa. El Tribunal Supremo recuerda que debe el recurrente concretar las preguntas que han sido declaradas impertinentes para que pueda procederse a su valoración.

Tampoco queda vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 de la Constitución. Como se observa en el procedimiento, han coincidido los principios de proporcionalidad, necesidad y motivación que garantizan la legitimidad de la medida, ello puede observarse en el auto judicial que autorizaba la entrada en la fase de investigación.

Por lo comentado, se estima parcialmente el recurso de casación, y se condena al abogado a la pena de 3 años de prisión por un delito continuado de estafa.

Prisión provisional para el detenido por los atentados de Cataluña


La prisión provisional es una medida cautelar de carácter personal en la que el investigado es ingresado en prisión. Como medida cautelar y atendiendo a lo dispuesto en el art. 502.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se adoptará en defecto de que no existan medidas menos gravosas que permitan conseguir el fin perseguido. Además solamente comprenderá el tiempo imprescindible y necesario según se contiene en el art. 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Para aplicar la medida es necesario que concurran los requisitos del art. 503 de la mencionada Ley; es decir, que la pena del delito que se plantea al investigado sea igual o superior a los dos años de prisión, que haya “motivos bastantes” para creer que esa persona pudiere ser la responsable del hecho delictivo y que se persiga asegurar la presencia del investigado en el proceso, evitar la destrucción y contaminación de las fuentes de prueba relevantes al caso, y evitar que el encausado pueda atentar contra algún bien jurídico de la victima.

Recientemente la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, ha confirmado la medida para Driss. O por su presunta participación en los atentados de Cataluña.  La defensa del detenido presentó recurso de apelación que fue rechazado, pues a la vista de las pruebas practicadas, no se puede negar su implicación en los hechos, especialmente por el alquiler de la furgoneta con la que se cometió el ilícito.

Habeas corpus concedido por no facilitar a la letrada el acceso al atestado


La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga, en su auto num. 377/2017, ha estimado la petición de habeas corpus por el hecho de que la letrada del detenido no tuvo acceso al atestado policial con anterioridad al interrogatorio.

Razona la Audiencia que según la STC 13/2017, los detenidos tienen derecho de acceder a las actuaciones policiales mediante su letrado, como parte del derecho constitucional a la asistencia de letrado  que queda protegido mediante el art. 17 de la Constitución española de 1978, en el art. 520.2d) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el art. 1. Letra d) de la Ley Orgánica 6/1984 de habeas corpus .

Siguiendo la argumentación del tribunal, se entiende que el ser informado de la imputación es distinto al derecho  a examinar por sí mismo las actuaciones policiales que se han practicado, el Tribunal Constitucional ha reiterado que la negativa del instructor a entregar el material del que disponía y sin justificación alguna, produce la vulneración comentada.

Por tanto, se estima el recurso de apelación.

Día Internacional de la Democracia 2017


Día Internacional Democracia 2017Hoy, 15 de Septiembre de 2017, se celebra el Día Internacional de la Democracia en España y en todo el mundo.

Desde Roji Abogados queremos dar notoriedad a este asunto pues este día nos proporciona la oportunidad de investigar, examinar y valorar el estado actual de la democracia en el mundo actual.

La Democracia se sustenta gracias a la participación y apoyo de cada uno de los órganos nacionales de gobierno, de la comunidad internacional y sobre todo de la sociedad civil, los ciudadanos.

El tema que se ha escogido para este año es “Democracia y prevención de conflictos” que trata de la urgencia en reforzar todas las instituciones democráticas para sostener la estabilidad y la paz en el mundo.

En la democracia uno de los elementos esenciales son el respeto por los derechos humanos, el principio de celebrar elecciones periódicas a través del sufragio universal y los valores de libertad.

Además la democracia proporciona el medio para la realización efectiva de los derechos humanos y la protección de estos.

Desde Roji Abogados os invitamos a conmmorar este día tan importante para el mundo y a compartirlo en las redes sociales.

Por último les dejamos con una frase célebre:

Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia.
Theodore Roosevelt

La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a FACEBOOK


Mediante la resolución R/01870/2017 derivada del procedimiento sancionador PS/00082/2017, la Agencia Española de Protección de Datos le ha impuesto una cuantiosa sanción a FACEBOOK.

Respecto a los hechos, en marzo de 2016 se inició la investigación contra la entidad. Hay que tener en cuenta, que a la hora de tener un conflicto con la compañía sus condiciones del servicio remitirían a tribunales norteamericanos y que los servicios que presta la red social se encuentran diversificados, lo que hace más difícil a los usuarios la defensa legítima de sus derechos.

La Agencia acaba estableciendo dos sanciones en virtud de lo contenido en la Ley Orgánica de Protección de datos, ascendiendo éstas a un total de 1.200.000 euros. Según la entidad, FACEBOOK habría obtenido información confidencial de sus usuarios sin que estos hubieran prestado su consentimiento. Por la parte de la empresa, no se habrían vulnerado los derechos de los usuarios al cumplir con la legislación europea en materia de protección de datos por lo que aparentemente piensan en recurrir la resolución.

La investigación, de contenido minucioso y detallado como se observa en la resolución, demuestra que la empresa no informa de manera clara a sus usuarios. Además incluso puede guardar datos del acceso a páginas de terceros cuando éstas muestren en el espacio algún tipo de interacción con FACEBOOK como los conocidos “me gusta”.  Por otra parte, de los datos que se recopilan, el usuario no tiene conocimiento de la utilidad de los mismos.

A todo esto hay que añadir que una vez el usuario ha borrado su perfil en la red social, se siguen manteniendo sus datos recopilados por tiempo indefinido, por lo que es difícil que en un recurso la compañía pueda evitar el pago de la sanción, que en comparación con el tamaño de la empresa, es mínima.

Roji Abogados de Málaga le asesora en todas las áreas del Derecho


Roji abogados en Málaga

¿Qué servicios le ofrecen nuestros abogados en Málaga?

En Roji Abogados de Málaga creemos que ofrecer un servicio integral a nuestros clientes les resulta mucho más cómodo ya que es más fácil para ellos confiar todas sus cuestiones legales a un único equipo, que ya conocen y en el que ya confían.
Por eso, en nuestro despacho de Málaga encontrará abogados especializados en todas las áreas del Derecho.

¿En qué podemos ayudarle desde Roji Abogados?

El Ordenamiento Jurídico español es muy amplio, y por eso, existen varias áreas del Derecho diferenciadas dentro de este.
Desde Roji Abogados podemos ofrecerle profesionales de la abogacía especializados en cada uno de ellas.
A continuación le destacamos las más habituales:

Derecho de Familia

Recoge todas aquellas cuestiones relativas a las relaciones entre los miembros de una familia o de estos frente a terceros.
Dentro de esta área destacan especialmente debido a que reúnen la mayor parte de casos:

Divorcios y separaciones: para oficializar un divorcio o una separación, es necesario llevar a cabo una serie de trámites legales con los que nuestros abogados de divorcios podrán ayudarle. No solo los llevaremos a cabo por usted.

También le ayudaremos a acordar con su expareja los acuerdos que deberán alcanzar y que entrarán en vigor una vez su divorcio o separación sean efectivos. Hay que tener en cuenta que no solo se produce un cese de la convivencia, también hay que decidir acerca de cuestiones tan relevantes como la custodia de los hijos menores si se tienen, la pensión de alimentos, el reparto de los bienes etc. Como sus abogados, nuestro objetivo será conseguir el mejor acuerdo por usted, y, en caso de poder alcanzarse este, defenderle en un proceso judicial para obtener las mejores condiciones posibles.

Herencias y testamentos: tras el fallecimiento de una persona, se pone en marcha toda la maquinaria legal en la que hay que llevar a cabo una serie de trámites encaminados a declarar a los herederos legítimos y al reparto correspondiente de la herencia.
Se trata de gestiones que en algunas ocasiones pueden resultar complicadas debido a diversos factores como: si existe testamento previo, si hay que inventariar todo el patrimonio, si existen deudas, si alguno de los posibles herederos impugna el testamento etc. Nuestro bufete cuenta con abogados en Málaga especializados en herencias, que podrán llevar a cabo por usted todos los trámites legales necesarios y defender sus derechos frente a terceros.

Derecho Laboral

Tanto si usted es empresario como un trabajador, en Roji Abogados de Málaga encontrará un equipo de abogados laboralistas especializados en legislación laboral que le ofrecerán todo el asesoramiento que precise en todo tipo de materias.
Como empresario con trabajadores a su cargo, le proporcionaremos todo tipo de ayuda en la redacción de contratos y confección de nóminas. Asimismo si necesita realizar algún despido o solucionar un conflicto laboral, también podremos ayudarle a llevarlo a cabo conforme a la ley.
Como trabajador, podrá acudir a nuestros abogados laboralistas para asesorarse acerca de las condiciones de su contrato, pago de salarios, despidos e indemnizaciones. Si tiene dudas acerca de si se están vulnerando sus derechos, le asesoraremos de forma personalizada y eficaz.

Derecho mercantil

Si está pensando en fundar una empresa o sociedad, el primer paso que deberá dar será el de la elección de la forma jurídica de la misma.

Desde nuestro despacho de abogados de Málaga le ayudaremos a elegir la que más le convenga en función de las características y actividad de la misma.
Asimismo, podremos realizar por usted todos los trámites necesarios para su correcto registro y el inicio de actividad, conforme la legislación en materia mercantil exige.
Para la gestión de la misma, también es necesario en muchas ocasiones contar con el apoyo de un equipo de abogados especialistas en Derecho Mercantil, que podrán asesorarle en cada paso, ahorrándole tiempo y costes.

Negligencias médicas

Actualmente nos encontramos con casos claros de daños o consecuencias derivadas de mala praxis médica. Cuando se ha producido una negligencia médica, el afectado puede dirigirse a instancias judiciales con el fin de verse compensando por los daños sufridos por la misma.

En estas situaciones es fundamental contar con todo el apoyo legal necesario que le permitirá obtener todas las pruebas y llevar a cabo los diagnósticos que se requieran para demostrar que la negligencia se ha producido y justificar la indemnización solicitada. En Roji Abogados de Málaga estamos familiarizados con este tipo de procesos judiciales por negligencias médicas y nos encargaremos de defender sus intereses.

Si tiene cualquier tipo de duda de carácter legal y necesita un asesoramiento ágil y eficaz, no lo dude, en nuestro Despacho de abogados de Málaga encontrará a un equipo de abogados especializado en las distintas áreas del Derecho que trabajan conjuntamente para ofrecerle el mejor servicio.

Se imputa al banco ICBC por delito continuado de blanqueo de capitales


Recientemente, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado que se dirija procedimiento contra el Banco Industrial and Commercial Bank of China Europe S.A. por haber participado presuntamente en delito continuado de blanqueo de capitales.

El blanqueo de capitales viene tipificado como delito en el art. 301 del Código Penal, es un tipo amplio “El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes (…)”.

Además, tratándose de empresario, funcionario, trabajador social, intermediario en el sector financiero, facultativos, como sujetos activos del hecho delictivo, según el art. 303 se sumaria una pena absoluta de  entre 10 años y 20 años a lo anteriormente comentado.

En el caso de la entidad ICBC, según se explica en la resolución judicial, la entidad tuvo conocimiento sobre la forma de operar de ICBC España en el que se captaba fondos de organizaciones criminales. A esta conclusión  se llega a raíz de la operación “Snake” en la que se persiguió a ciudadanos chinos por blanqueo de capitales.  Según el juez, la entidad cooperó como banco de blanqueo de forma consciente “por su afán de acaparar en los primeros años de actividad el máximo volumen de efectivo de los grupos criminales a los que servía en aquellas fechas”.

Además el banco no habría cumplido la normativa que le requiere realizar controles de riesgo o informar sobre operativas sospechosas. Supuestamente pretendían captar todo el efectivo posible de dudosa procedencia para traspasarlo a ICBC Luxembourg.

Finalmente el juez entiende que como se reconoce en la ley nacional de Luxemburgo, en su Código Penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el delito de blanqueo de capitales, es pertinente  actuar contra la entidad.

 

Fuente C.G.P.J

JUICIOS DELITOS LEVES: La eliminación de las faltas redujo los juicios en un 46%


La Ley Orgánica 1/2015 de modificación del Código Penal (CP), y de 41/2015 de modificación de la Ley de enjuiciamiento Criminal (LECr), han provocado que en 2016 se produjese una drástica reducción del número de asuntos.

Según los datos que constan en la Memoria del Consejo General del poder Judicial 2017 -con datos de 2016- los 3,4 millones de asuntos que tuvieron entrada en los órganos de la jurisdicción penal suponen un 42% menos que los ingresados en 2015, supusieron algo más de 5.9 millones.

El procedimiento conocido popularmente como monitorio penal ha tenido muy poca aceptación hasta el momento. Los decretos de propuesta de imposición de pena, solo se han dictado en 112 casos, de los que se han formalizado en sentencia únicamente 99.

Destaca la reducción en 2016 del 54,1% en el número de diligencias previas acompañada de la reducción conjunta de juicios de faltas y juicios sobre delitos leves del 46,1% respecto a 2015. Mientras que la primera reducción es achacable a la no remisión de los atestados policiales sin autor conocido, la segunda lo es, además, a la destipificación de conductas antes tipificadas como faltas.

En cuanto a los procedimientos abreviados, la Disposición transitoria de la Ley 41/2015 provocó que en el segundo trimestre de 2016 se incoaran muchos más cayendo de forma notoria al trimestre siguiente como consecuencia de la masiva revisión de diligencias previas y sumarios en fase de instrucción.

Respecto a los autos de sobreseimiento del artículo 963.1.1ª de la LECr, en el segundo semestre de 2015 se dictaron 27.595, mientras que en el total del año 2016 solo se dictaron 30.178. También destaca la reducción del resto de sobreseimientos, que se ha reducido en 2016 un 58,9% respecto a 2015 y un 60,7% respecto a 2014.

Instrucción compleja

La Disposición transitoria única de la Ley 41/2015 establece que el artículo 324 se aplicará a los procedimientos que se hallen en tramitación a la entrada en vigor de esta ley, y que a tales efectos, se considerará el día de entrada en vigor como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción que se fijan en la presente ley. Esta disposición legal provocó que antes del 6 de junio de 2016 la totalidad de diligencias previas y sumarios en fase de instrucción pendientes en los órganos judiciales y cuya incoación fuese anterior al 6 de diciembre de 2015 fuesen declaradas causas de instrucción compleja o concluidos.

De esta forma, la declaración de causas de instrucción compleja en los juzgados de instrucción y de primera instancia e instrucción, y también en los de violencia contra la mujer, se ha concentrado en el segundo trimestre del año.

En los juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción en 2016 se han declarado 59.414 asuntos como de instrucción compleja, habiéndose resuelto 20.708 y quedando en tramitación 38.841.

Al final del año 2016 estaban en tramitación 38.841 asuntos declarados como de instrucción compleja. Representaban el 15,4% de los sumarios y diligencias previas en tramitación en los juzgados de instrucción y de primera instancia e instrucción, aunque en Cantabria y Murcia el porcentaje estaba próximo al 20%.

En los juzgados de violencia contra la mujer se han declarado 3.078, habiéndose resuelto 1.481 y quedando 1.596 en tramitación al final del año 2016. El porcentaje de sumarios y diligencias previas pendientes declarados como instrucción compleja era de un 7,5% del total de pendientes.

En los juzgados centrales de Instrucción se han declarado 430 asuntos de instrucción compleja (169 en el primer trimestre, 171 en el segundo, 69 en el tercero y 21 en el cuarto), de los que se han resuelto 145, quedando en tramitación 285, lo que representa el 43,4% de los sumarios y diligencias previas pendientes en estos órganos.

En las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia fueron declarados seis asuntos de instrucción compleja -uno en Asturias, tres en Canarias y dos en Cataluña-, se han resuelto dos y quedan en tramitación otros dos (EL ECONOMISTA – http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8596493/09/17/La-eliminacion-de-las-faltas-redujo-los-juicios-en-un-46.html ).

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