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Indemnización tras el divorcio aunque haya separación de bienes


A priori, la separación de bienes implica que cada miembro de una pareja posee en propiedad exclusiva sus propios bienes. Muchas parejas optan por elegir este régimen económico para su matrimonio en la creencia de que, en caso de divorcio, se agilizarían los trámites, en lo que respecta el reparto del patrimonio.
La realidad es que puede darse la circunstancia de que se dictamine una indemnización tras el divorcio, aún a pesar de que su régimen económico sea el de separación de bienes.
Este supuesto tiene su base legal en el Código Civil, donde encontraremos que:

“Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación”.

No todos los cónyuges tendrán derecho a recibir una compensación tras el divorcio. Para que esto se produzca se deberán dar como mínimo estas dos circunstancias:

1- Los cónyuges debieron acordar un régimen de separación de bienes
2- Ambos cónyuges a su vez han contribuido al sostenimiento de las cargas familiares. Para ello se tendrá por computado el trabajo doméstico.

El Tribunal Supremo, a través de diversas sentencias ha concretado aún más los requisitos para que se reconozca el derecho a la compensación. De esta forma hay que tener en cuenta que:

– No es necesario que no haya existido un incremento patrimonial del otro cónyuge
– Aunque se haya contado con la ayuda de una empleada doméstica, esto no invalida el derecho a percibir una indemnización.

Por tanto, si está en proceso de divorcio o separación, aunque su régimen económico matrimonial sea la separación de bienes, es posible que tenga derecho a percibir una indemnización.

Contacte con abogados matrimonialistas en Málaga para que estudiemos su caso con detalle y podamos determinar si puede solicitarla.

Además, le ayudaremos con el resto de acuerdos relativos al Convenio Regulador, tales como la custodia de hijos, pensión de alimentos, régimen de visitas etc

Abogados inmobiliarios en Málaga


Abogados inmobiliarios en MálagaLas transacciones inmobiliarias son una de las operaciones económicas de mayor importancia. En la región de Málaga, debido a la gran afluencia de residentes no extranjeros que deciden establecer su primera o segunda residencia en España, el volumen de este tipo de transacciones es muy elevado.

Nuestros abogados inmobiliarios de Málaga cuentan con una dilatada experiencia basada en años de asesoramiento a clientes tanto del territorio nacional como extranjeros, que desean realizar cualquier tipo de transacción.

La compraventa de inmuebles es una de las operaciones que más se llevan a cabo en nuestra región. Gracias a la asistencia de abogados inmobiliarios, el cliente tiene la certeza de que la transacción cuenta con todas las garantías, tanto en lo económico, como en las legales, ya que controlarán todos los detalles de la operación, asegurándose de que la propiedad no tenga vicios ocultos y por otro lado le asesorarán y ayudarán con todos los trámites legales de cara a la Administración, como el pago de impuestos, cambios de titularidad etc.

Los alquileres son otro tipo de operaciones inmobiliarias en los que es importante ofrecer seguridad jurídica tanto a inquilinos como a los propietarios de la vivienda o local. A través de garantías adicionales y la redacción de contratos en los que se contemplen todas las posibles incidencias, se puede conseguir una transacción segura. Nuestros abogados inmobiliarios de Málaga pueden asesorarle acerca de todos los detalles de la operación así como en el redactado de los contratos. Asimismo, velarán por que sus derechos sean respetados.

En caso de conflicto, podremos actuar como intermediarios en defensa de los intereses de nuestro cliente y, en caso de ser necesario, le representaremos en la vía judicial.

Si está pensando en realizar alguna transacción inmobiliaria y quiere contar con todas las garantías, no dude en solicitar asesoramiento legal. Nuestros abogados inmobiliarios de Málaga le ayudarán a realizar todas las comprobaciones previas a la transacción así como todos los documentos y contratos que se precisen, así como los trámites administrativos.

Confíe en Abogados Inmobiliarios Málaga. No dude en consultarnos qué podemos hacer por usted.

 

La importancia de los abogados de divorcios


Abogados de divorcios en MálagaEl divorcio o separación de una pareja es un hecho de por sí desagradable para ambos, y por eso, el objetivo debe ser que todo el proceso se supere de la forma más rápida y menos conflictiva para ambos.

Los abogados de divorcios están especializados no solo en llevar a cabo los trámites necesarios para llevar a cabo el proceso de divorcio, sino que cuentan con la experiencia necesaria para mediar entre la pareja y tratar de conseguir los acuerdos que más ventajosos sean para ambos.

Como abogados de divorcios, desde Roji, siempre recomendamos a la pareja que en la medida de lo posible inicien un proceso de divorcio de mutuo acuerdo ya que les aportará ventajas a todos los niveles, puesto que es más rápido, más económico y desgasta menos psicológicamente.

Para poder llevar a cabo un divorcio por mutuo acuerdo es totalmente necesario que los miembros de la pareja lleguen a un consenso acerca de todos los aspectos relativos a este y que afectarán a todos los miembros de la familia una vez hecho efectivo.

La custodia de hijos menores es uno de los temas sobre el que se ha de decidir de mayor importancia. Nuestros abogados de divorcios procuran que prevalezca en cualquier caso el interés de los menores y por eso, teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada miembro de la pareja, sugieren las mejores fórmulas de custodia que beneficien a todos, especialmente a ellos.

En ese sentido, la custodia compartida es una solución que ha ido ganando popularidad en los últimos años ya que permite que ambos progenitores dispongan del mismo tiempo de convivencia con sus hijos, lo que beneficia a todos los miembros de la familia.
Para el resto de acuerdos relativos a la pensión de alimentos, régimen de visitas (en caso de custodia a favor de uno de los progenitores), pensión compensatoria, liquidación del régimen económico matrimonial etc. nuestros abogados de divorcios también median para que los acuerdos sean justos y equitativos para todos.

Enfrentarse a un divorcio o separación nunca es fácil, pero es recomendable no hacerlo solo/a y buscar la ayuda de un profesional que nos pueda guiar y ayudar durante todo el proceso legal. Si necesita abogados de divorcios en Málaga, no dude en solicitarnos más información acerca de todos nuestros servicios.

No obligación de trabajar en casos de extinción del contrato voluntariamente por impago de salarios


La sentencia del Tribunal Supremo núm. 619/2017 de 13 de julio, de la sala de lo social, resuelve un recurso que se había dictado para la unificación de doctrina respecto a si el retraso en el impago de los salarios durante mas de un año podrían justificar la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador.

En el caso concreto, si se aprecia la contradicción que exige el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción social al plantearse dos casos idénticos: el de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 16 de abril de 2014 y el presente, en los que se ejercita la acción por parte del trabajador desde la vigencia de la relación laboral y decide después abandonar el trabajo ante el reiterado incumplimiento empresarial de pagar el salario, además y de igual forma, los trabajadores encontraron otro lugar de trabajo al poco tiempo.

Como ha entendido el Tribunal Supremo en sentencias anteriores,  en los casos en los que se justifique que la conducta del empresario perjudica la dignidad o la integridad física o moral del trabajador, podrá acordarse alguna de las medidas cautelares contempladas en el apartado 4 del artículo 180 de esta Ley, entre las que se comprende la suspensión de la relación laboral. Aunque cabe decir, que cuando el trabajador decide libremente suspender la relación laboral sin la intervención del órgano judicial asume el riesgo de que la sentencia sea desestimatoria y las consecuencias que pueda tener.

En el caso concreto, al comunicar la trabajadora la baja e interponer la demanda con antelación a la fecha en la que comenzó a trabajar para otra entidad, y a los 15 días celebrarse el acto de conciliación con resultado de sin avenencia, no hay duda de que la relación laboral era existente en la fecha de la comunicación por la trabajadora, la presentación de la papeleta de conciliación, y de la demanda que inició el procedimiento, lo que da lugar a que el alto tribunal acaba estimando el recurso.

El acuerdo para reducir la cláusula suelo y renunciar a las acciones legales contra la entidad bancaria


Ya han sido varias las sentencias que han declarado nulos los acuerdos que suelen realizar las entidades bancarias con sus clientes, en los que se reduce la cláusula suelo sin necesidad de acudir a la justicia, renunciando los clientes a ejercer acciones contra la compañía para la nulidad de las mismas o cobro de las cantidades entregadas por este concepto.

Destaca la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza num. 455/2017 de 24 de julio en la que se recurre la sentencia en instancia inferior que había declarado la nulidad de la cláusula suelo-techo, en su modalidad de Instrumento de cobertura de tipo de interés, incluyéndose las posteriores rebajas mediante documento privado.

Recuerda la Audiencia que para analizar la problemática de las cláusulas suelo, hay que partir de lo establecido por la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, que establecía las circunstancias para negar la transparencia de una cláusula entre las que se encuentran la falta de información suficientemente clara, la inserción conjunta de las cláusulas techo, la no existencia de simulaciones de las diversas posibilidades según el tipo de interés a la hora de contratar y la no existencia de haber informado previa, clara y comprensible, sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la misma entidad, además de la abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas las cláusulas que diluyen la atención del consumidor.

En el caso concreto, no constaba que las cláusulas estuviesen presentes en la escritura y no se había probado que la entidad había informado apropiadamente a los consumidores, y de igual forma, las novaciones que se establecen con la intención de reducir la cláusula suelo se encuentran entre un sinfín de datos de difícil comprensión para aquellos que no cuentan con una formación específica.

Todo ello, y ateniendo a la Directiva 93/13 (LCEur 1993, 1071) comentada por el Auto del TJUE de 11 de junio de 2015, en el que se permite a los jueces declarar las cláusulas como abusivas en estos contratos. Además las recientes sentencias de la Audiencia Provincial del Zaragoza a lo largo de 2017 han entendido que no puede intentarse por la vía contractual el remediar algo que es nulo.

Finalmente, concluye la sentencia que se está comentando que, una efectiva negociación con arreglo a los principios generales como las exigencias de la buena fe contractual, habría supuesto iniciar un nuevo periodo contractual debiendo haberse evitado en todo caso la inclusión de una “cláusula sospechosa”. Por tanto, se desetima el recurso planteado por la entidad bancaria.

Nulidad del laudo arbitral


Un laudo arbitral es la resolución final que establece un arbitro a un conflicto entre dos partes que es ajena, en un principio, al poder judicial. En nuestro ordenamiento queda regulado por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre.

Como procedimiento extrajudicial para la resolución de controversias, presenta una serie de ventajas frente a la justicia ordinaria, ya que destaca por su mayor celeridad, discrecionalidad de las partes a la hora de elegir, por ejemplo la ley aplicable, y su reducido coste.

A pesar de sus ventajas, no siempre es posible acogerse a este medio de resolución de conflictos, ya que la Ley contempla excepciones como cuando se haya producido una intoxicación, lesión personal o fallecimiento de alguna persona.

Aún así, un laudo arbitral puede ser sometido a revisión judicial en circunstancias excepcionales como sucede en la sentencia núm. 6/2017 de 28 de julio del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias. La demanda se fundamentaba en que el convenio arbitral era nulo pues el ejercicio de la acción de incumplimiento ejercitado por la sociedad afectaba a a la cláusula VIGÉSIMA, apartado e) del convenio parasocial que se había firmado en septiembre de 2014.

De igual modo, se argumenta que los demandados no habían podido hacer valer sus derechos de defensa, ya que no habían sido notificados  para contestar ni habían recibido el laudo. Asimismo se dice que el laudo había vulnerado los principios de igualdad, audiencia, contradicción y que no se había cumplido lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara a la hora de designar al arbitro.

Por su parte, la entidad demandada se opone a estos argumentos entendiendo que en el procedimiento núm. 12/2015 de la sentencia de fecha de 3 de marzo de 2016 del TSJ de Canarias ya había sido resuelta esta cuestión.

Establece el Tribunal que la Ley de Arbitraje no permite al Órgano Judicial reexaminar las cuestiones que se han debatido en el procedimiento arbitral, lo que si permite es velar porque se han cumplido las debidas garantías procesales y si el mismo se ajustó a los límites que se recogían en el convenio arbitral, o si en el arbitraje se tratan controversias que no le son competentes.

Finalmente tras la evaluación del convenio arbitral y de distinta jurisprudencia, entiende el Tribunal que la caducidad solo afecta a un apartado específico del contrato parasocial, por tanto no se puede hablar del plazo de caducidad de un año para el ejercicio de la reclamación de la cláusula penal ni de la cláusula de indemnización de daños y perjuicios. Por tanto, acaba el Tribunal Superior de Justicia solo anulando la parte que se corresponde con la caducidad mencionada.

El acoso por internet o “stalking”


El Stalking es un tipo de acoso que se produce por internet, en el que una persona mediante una conducta permanente en el tiempo y usando mayoritariamente medios electrónicos, produce un hostigamiento en la víctima que le va perjudicando en todos los aspectos de su vida.

En España queda reconocido como delito autónomo tras la reforma del Código Penal materializada en la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en su art. 172 ter recoge que será castigado con pena de prisión de tres meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses, aquel que acose a otra persona de manera insistente y reiterada, afectando de manera grave al desarrollo de su vida cotidiana.

En la STS 324/2017 se comenta que el fundamento del delito en nuestro sistema jurídico es la afectación de la libertad que puede quedar maltratada por la actividad intrusa que puede llegar a condicionar costumbres o hábitos, como única forma de sacudirse la sensación de encontrarse perseguido y atosigado.

Como se señala en la STS 554/2017 de 12 de julio, el legislador tipifica el delito de acoso y hostigamiento “stalking” como una variante del delito de acoso, contando con los siguientes elementos básicos: que la actividad sea insistente, reiterada, que el sujeto activo no tenga legitimidad para realizar su conducta y que produzca grave alteración en la vida cotidiana de la víctima. Señala el alto Tribunal que aunque el tipo penal no comprenda el número de acciones que deben reputarse como ilícitas, lo que queda claro es que la conducta ha de ser repetitiva y reiterarse en distintos espacios de tiempo.

Tampoco se aceptan las meras molestias como suficientes para incluirse en el tipo, por tanto se trata de un delito de resultado, en el que hay que considerar las circunstancias del caso concreto para valorar la existencia del acoso. Además, como se recoge en la mencionada STS 554/2017 de 12 de julio, influye de forma notable el que haya existido una relación de pareja entre acusado y victima dado que la norma penal nació a consecuencia del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, de Estambul en fecha de 11 de mayo de 2011.

La Administración Electrónica a partir de octubre de 2017


Tras las reformas en materia administrativa producidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público, han modificado ampliamente la Administración Electrónica. El ámbito de aplicación de las mencionadas normas, se circunscribe a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración local y el sector Público Institucional.

Según el art. 14.2 de la Ley 39/2015, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, los que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad profesional, en especial mención a registradores de la propiedad y notarios, deberán de relacionarse electrónicamente con las Administraciones. Lo mismo sucede con aquellos que representen a un interesado que tuviese la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración y con los empleados de las Administraciones Públicas que en su reglamento específico se apreciase dicha obligación.

A partir del 2 de octubre de 2017, las oficinas de registro se transformaran en oficinas de asistencia en materia de registro de los ministerios o de sus organismos, debiendo digitalizarse la información que se presenta, conforme establece el artículo 16 de la Ley 39/2015 y la disposición adicional segunda. Además, en virtud del art. 13.b) de la misma ley, las personas tienen el derecho de ser asistidas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

En principio, no se impide la presentación de documentos en días inhábiles, a lo que habrá que atenerse a lo dispuesto en el art. 31.2 b) de la Ley 39/2015.

Según el art. 16.5 de la Ley 39/2015, si una norma determina el carácter obligatorio de presentar documentos en un soporte específico no susceptible de digitalización , este debe de ser aceptado en la oficina de registro. Respecto a la presentación en papel no es posible salvo que la naturaleza del documento exija otra forma más adecuada.

Por su parte, el ciudadano como persona física no incluida en los supuestos mencionados por el art. 14,2 de la Ley 39/2015, puede presentar documentación en papel mediante las oficinas de asistencia en materia de registros.

Respecto a la realización de copias auténticas de los documentos, el art. 27.1 de la Ley 39/2015 permite que se hagan las mismas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada. Estas copias deberán incluir los metadatos adecuados que indiquen que se trata de una copia.

Cuando sea necesaria la presentación de documentos que han sido elaborados por las Administraciones Públicas, según el art. 28 de la Ley 39/2015, no es necesario que los presente el interesado siempre que haya expresado su consentimiento a la Administración a consultarlos por sí misma, y no se haya opuesto expresamente en el procedimiento de origen a estos trámites. En todo caso, si a la Administración no le fuere posible recabar los documentos necesarios, se los solicitará nuevamente al interesado.

De igual modo , cabe reseñar que se creará un registro de apoderamientos según lo contenido en el art. 6 de la Ley 39/2015, en el que se deberán inscribir los de carácter general por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para poder actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas, debiendo dicho poder estar bastanteado.

 

Reclamación de hipotecas multidivisa


Reclamación hipotecas multidivisa MálagaLas reclamaciones relativas a las hipotecas multidivisa han crecido exponencialmente en estos últimos años debido a que, por las características de las mismas, muchos contratantes de este tipo de hipotecas han visto como el importe del préstamo hipotecario aumentaba.

¿Qué son las hipotecas multidivisa?

Las hipotecas multidivisa son aquellas en las que el pago del préstamo se realiza en una moneda distinta del euro, como por ejemplo dólares, yenes etc. Se trata de una fórmula que podría resultar interesante a priori al aplicar un tipo de moneda que tuviera una tendencia a la baja con respecto al euro.
El problema es que este tipo de cambios entre monedas tiende a variar a lo largo del tiempo, por lo que en un momento dado el cambio puede ser menos ventajoso.

Como ya sucedió en su momento con las cláusulas suelo, la legalidad de las hipotecas multidivisa se ha planteado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual acaba de dictaminar que cuando un usuario solicita este tipo de hipoteca, la entidad bancaria debe facilitar información completa, clara y comprensible. Sobretodo en lo que respecta a que el usuario entienda que está sometido el riesgo de las variaciones cambiarias, que pueden apreciarse o depreciarse.

Ahora, se inicia un nuevo periodo de espera para que sea el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea quién dictamente acerca desi este tipo de hipotecas son ilegales, en cuyo caso se declararían nulas.
Se estima que en torno a 70.000 personas en España tienen este tipo de hipotecas.

En la actualidad, para los casos que se planteen judicialmente, deberá ser el Juez que corresponda por jurisdicción del demandante, quién determine si la información que se proporcionó para la contratación de esta hipoteca fue suficiente y clara. En caso contrario podría incluso dictaminar la ilegalidad de la misma.

Si está afectado por una hipoteca multidivisa y necesita asesoramiento legal acerca de si es factible reclamar la nulidad de la misma, contacte ahora con nuestros abogados de Málaga especializados en Derecho Inmobiliario. Podremos ayudarle a reclamar a su entidad bancaria y en última instancia reclamar judicialmente.

Competencia desleal: revelación de secretos industriales y uso del Know How sin la correspondiente licencia


La sentencia del Tribunal Supremo num. 474/2017 de 20 de julio discute el caso de una empresa norteamericana que licenció un método para limpiar y reparar tuberías sin que fuese necesario el realizar una obra, a una empresa española que una vez terminó el contrato, se las ingenió para seguir usando la técnica que en el ámbito mercantil se le llama Know How.

En Primera Instancia se condenó a los codemandados por haber llevado a cabo actos de competencia desleal contra la demandante, infringiendo los artículos 13.2 y 14.2 de la Ley de Competencia Desleal.

Por su parte, la Audiencia Provincial de de Zaragoza, desestimó el recurso interpuesto por la condenada y se confirmó la sentencia de la instancia inferior, a lo que posteriormente se interpuso por la misma parte recurso al Tribunal Supremo, alegando infracción procesal.

El Tribunal Supremo en su resolución, comienza haciendo un resumen de los antecedentes en el que se describe como la demandante, Pipe Restoration Technologies, es una sociedad americana que se dedicaba al saneamiento de tuberías mediante un sistema propio de actuación, que es lo  que se conoce como Know How de una empresa. En el año 2006, Pipe R. T. concede a Aceduraflo España, S.L. una licencia en exclusiva para la utilización de las marcas y del sistema propio, estableciéndose en el contrato la obligación de cesar en el uso de la técnica cuando finalizase el contrato, lo que sucede en 2011 por incumplimiento de Aceduraflo en el pago de los royalties a Pipe R. T.

En 2011 se constituye otra empresa, Tecnología en Restauración de Tuberías  sin Obras, S.L.U. (en adelante, Tecnología) que tenía el mismo objeto social que Aceduraflo y además en el orden social se entendió que se había constituido una sucesión de Aceduraflo a Tecnología.

También en 2011 se constituyó por uno de los socios de Aceduraflo la sociedad Aire Corindón Epoxy, S.L. que tenía por objeto social la fabricación y venta de maquinaria que se destinaría para reparar tuberías sin obras.

En la demanda inicial de Pipe contra Aceduraflo, Tecnología y Aire Corindón, se ejercitaron acciones de competencia desleal, basadas en que los demandados habían cometido violación de secretos, aprovechándose de los mismos, actos de engaños y conductas que atentan contra la buena fe.  Aceduraflo reconvino pidiendo la nulidad del contrato firmado en el año 2006, alegando que en Europa ya existía ese sistema y de haberlo sabido no habría firmado el contrato. Respecto a su vulgarización, entiende la Audiencia que este hecho no está probado por quien lo invoca.

El recurso al Tribunal Supremo, que como se ha comentado, alegaba la infracción procesal en base a que la sentencia recurrida no atiene a la lógica ni a la razón, fue desestimado este motivo por explicar la sentencia recurrida la decisión a la que llega.

También se alega que no se cumplen los requisitos de atribución  de la carga de la prueba previstos en los apartados 2 y 3 del art. 217 LEC, que también es desestimado  pues en este caso sí existía secreto industrial y correspondía a la demandada probar la vulgarización del mismo.

De igual forma, se había alegado la falta de legitimación activa a Pipe por no participar en el mercado español, a lo que el Tribunal Supremo responde que no puede negársele pues por medio de la licencia concedida a Aceduraflo, de alguna manera participaba en el comercio español.

Finalmente entiende el alto tribunal que aunque el contenido de la patente no sea idéntico al del Know How, éste puede complementarla de manera que se obtenga un mayor rendimiento empresarial. Por lo tanto, y como era de esperar, se desestima el recurso de casación.