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Pensión de viudedad: acreditación de la situación de pareja de hecho- Abogado Málaga- Divorcios y familia

El incremento de este tipo de uniones en la realidad social hizo necesaria una respuesta del derecho ante la problemática que se derivaba de las misma en distintos ámbitos, pues nuestras leyes no preveían nada mas allá de los casos de matrimonio. Nuestros tribunales señalaron que no de toda convivencia entre dos personas se podían reconocer derechos.

 

En primer lugar la unión habría de tener una serie de notas para la consideración de unión paramatrimonial. Dichas notas eran, la convivencia, un proyecto común de vida, y en definitiva lo que se ha venido llamando la convivencia “more uxorio”, es decir, que aquella unión tuviera caracteres externos de matrimonio, que se conviviera maritalmente, ahora eso sí, durante una cierta permanencia en el tiempo. Como decíamos, la realidad social se imponía, por lo que, comenzaron a introducirse en diversas leyes el reconocimiento de derechos a las parejas de hecho y sin perjuicio de la evolución que al respecto ya existen en la actualidad.

Una de esas leyes fue la de la Ley de la Seguridad Social, sin perjuicio de que se establezcan una serie de requisitos para poder obtener por una pareja de hecho el reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad.

El supuesto que hoy comentamos, es el resuelto por el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 26 de septiembre de 2011, al resolver el recurso de casación que para unificación de doctrina interpone el reclamante, siendo el óbice de la cuestión a resolver, la forma de acreditar la existencia de pareja de hecho a que se refiere el artículo 174.3 LGSS para alcanzar la pensión de viudedad, y más en concreto, cuando el hecho causante de la prestación solicitada se produjo antes de la entrada en vigor de la ley 40/2007 por lo que resultaba de aplicación la disposición adicional tercera de dicha norma, sin que constara la inscripción en alguno de los registros especiales de uniones de hecho de la Comunidad Autónoma o Ayuntamiento del lugar de residencia, ni documento público en el que figure su constitución. El demandante, si bien vio estimadas sus pretensiones en primera instancia, tras el recurso de suplicación, el Tribunal Superior de Justicia que conoció del mismo, revocó la sentencia de instancia y desestimó íntegramente la demanda, pues aunque reconocía la sentencia la relación prolongada mantenida de la que había nacido una hija, dado que no llegaron a inscribir su unión, ni otorgar documento público para acreditarla, se entendió que no concurrían los requisitos legales.

El recurso para la unificación de doctrina interpuesto frente a la sentencia de suplicación se alegaba que además de la inscripción en registros Públicos o el otorgamiento de documento público, existían otros mecanismos que permiten la acreditación de la convivencia. Asimismo, acredita la existencia de un pronunciamiento contradictorio con el que nos ocupaba, al reconocer en el mismo que el certificado de empadronamiento y la existencia de hijos en común era suficientes para acreditar el requisito de convivencia sin necesidad de inscripción en registro y en ambos casos el fallecimiento se había producido antes de la entrada en vigor de la Ley 40/2007.

Comienza el tribunal recordando los requisitos exigidos por la mentada disposición adicional y señala que es claro que por la remisión que se hace en ella al primer inciso del 174.3 LGSS sólo se requiere acreditación de una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. Y aunque la norma, también alude al certificado de empadronamiento, la Sala ya se había pronunciado en otras sentencias señalando que la exigencia del certificado de empadronamiento en el que nunca pudieron haber pensado los convivientes, seria convertir en ineficaz, para un elevado porcentaje de supuestos la disposición adicional, ya que difícilmente pueden exigirse como requisitos constitutivos unos requisitos formales que la parte no podía conocer antes de su publicación.

Por todo ello, se estima el recurso de casación y se anula la sentencia dictada en suplicación.

Fuente: Roji Abogados

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