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PRIVACION DE ELEMENTO DE USO PRIVATIVO. CONSENTIMIENTO EXPRESO

La comunidad de propietarios  trata de proceder a la instalación de un ascensor en el patio común del edificio pero de uso privativo de una propietaria ofreciendo una indemnización de 3.000 Euros en compensación por la pérdida de este uso interponiendo para ello la correspondiente demanda de juicio ordinario.

No obstante la propietaria se opone a dichas pretensiones solicitando la absolución y subsidiariamente que la indemnización sea de 90.000 Euros por la pérdida de valor del piso de su propiedad.

El juzgado de primera instancia estima parcialmente la demanda y condena a la propietaria demandada a permitir y autorizar la instalación del ascensor, concediéndole una indemnización de 14.774 Euros.

Dicha sentencia es recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid por la propietaria demandada y su recurso es estimado y revocada la sentencia procediendo en consecuencia a su absolución.

La comunidad de propietarios estima que existe una vulneración de la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades en sus artículos 2, 4, 6 y 7  por lo que interponen el oportuno recurso de casación ante el Tribunal Supremo que es admitido y resuelto mediante Sentencia de fecha 12 de Abril de 2012.

La comunidad recurrente considera que según los artículos 2, 4, 6 y 7 de la Ley 51/2003 han quedado superada la necesidad de que el propietario afectado deba prestar su consentimiento expreso para la realización e instalación de la obra o servicio que le prive de su derecho exclusivo y privativo de uso, según establece el artículo 11. 4 de la Ley de Propiedad Horizontal.

No obstante el Tribunal Supremo no coincide con este planteamiento pues el artículo 11.4 es absolutamente claro y no da lugar a ninguna interpretación, cuando la obra o innovación haga inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un propietario requerirá, en todo caso, el consentimiento expreso de éste.

De igual forma considera el  Tribunal Supremo que la propietaria afectada no está adoptando una actitud discriminatoria ni perpetuando una situación de tal índole, sino que únicamente está ejercitando la defensa de los legítimos derechos que le asisten.

La parte recurrente intenta hacer valer la redacción del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal que se modificó con la entrada en vigor de la Ley 51/2003 en cuanto al sistema de mayorías para la instalación de servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad a personas con  minusvalía.

Sin embargo aun cuando se den estos casos, si la obra o instalación puede encuadrarse dentro del artículo 11.4 de la Ley de Propiedad Horizontal por inutilizar una parte del edificio para el uso de un propietario, sigue siendo necesario el consentimiento expreso de éste. Por lo tanto el motivo ha de ser desestimado y confirmada la sentencia recurrida.

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