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RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA

Los procedimientos en los cuales se viene solicitando la  declaración de responsabilidad médica suelen basarse en  falta de consentimiento o  incumplimiento de la lex artis. Pues bien, La sentencia del Tribunal Supremo  de 4 de enero de 2013, resuelve la controversia derivada de la demanda de reclamación interpuesta contra la compañía aseguradora, el hospital y facultativos, en la cual se interesaba se declararan responsables de la muerte del paciente y se les concediera una indemnización para la esposa  y otra para los hijos, como consecuencia de no realizarse una prueba que permitiera realizar un diagnostico adecuado. La demanda no prosperó, ni en la primera, ni en la segunda instancia, motivo por el cual  se interpuso recurso  extraordinario de infracción procesal y  recurso de  casación.

 

Una de las cuestiones objeto del recurso de infracción procesal, se constreñía a que  por el perito  se habían  realizado una serie de manifestaciones no recogidas en el informe pericial presentado en su día. Frente a ello, la sentencia señala que lo señalado en el acto de la vista  y no recogido en el informe pericial, quedan a la libre apreciación del juzgador con arreglo a las normas de la sana crítica, y no existiendo irracionalidad, ni arbitrariedad, ni falta de lógica  en la valoración realizada por el juzgador de instancia frente a las misma deben ser admitidas.

 

Asimismo señala, que cuando se entiende que la instancia ha existido una irregularidad en la prueba que afecte a la idoneidad del medio probatorio, debe ser  impugnado en el momento procesal oportuno, esto es, en los momentos inmediatos a la infracción, ya sea por vía de recurso de queja o protesta, y tal defecto de actuación constituye una pasividad que excluye la posibilidad de reclamación ulterior en conformidad con el art. 459 y 469.2 LEC.

 

Por lo que se refiere al recurso de casación donde se alegaba infracción del art. 1902 y 1903 ambos del Código civil,  en base a que al paciente no se le realizaron las pruebas necesarias para la obtención de un diagnostico, vulnerándose  la lex artis. La sentencia recuerda, que el recurso de casación no es una tercera instancia, no pudiendo pretender a través del mismo,  que se revisen los hechos para alcanzar  conclusiones diferentes.  Estima la sentencia, que en la medida que la prueba en cuestión se hiciera o no, no  hubiera evitado el fatal desenlace al tratarse de un aneurisma asintomático,  tal como indicó el perito, se trató de un caso desafortunado por el porcentaje  de fallecimiento en relación  con la gravedad de la hemorragia que sufrió se encontraba dentro del grupo del 50% de mortalidad y tampoco cumplía la estadística de riesgo de hemorragia mínimo.

 

El segundo motivo se alegaba infracción del art. 1214CC y 1544CC, la sentencia indica que el primero de los articulo estaba derogado, y que lo que había quedado probado es que los facultativos hicieron las pruebas necesarias, no pudiendo prever el desenlace con la evolución del paciente, ya que la prueba en cuestión a la vista de lo asintomático, no constituía protocolo realizarle la prueba diagnóstica de urgencia sino por vía ordinaria. Incluso recoge la sentencia, que el perito señaló que en tales casos nunca se operan de urgencias sino que se pone a los pacientes en lista de espera.

 

Por lo que se refiere a la infracción del 1101 y 1104 CC    basada en que  no se acreditó  el motivo de la demora en el tiempo de realizar la prueba y el responsable de dicha demora. Se desestima porque  de la prueba practicada quedaba  acreditado que resultó concluyente no solo para enervar la existencia de omisión irrelevante sino la ausencia de causalidad entre la omisión y el fallecimiento.

 

Por último se denunciaba vulneración de la Ley de Consumidores y Usuarios, motivo que tampoco prosperó, por entender que no existió vulneración de los derechos del paciente como consumidor, ya que  el servicio prestado fue adecuado.

 

Por todo ello, se desestiman los recursos interpuestos y se confirma la  sentencia de la Audiencia Provincial, por la  cual  todos los codemandados quedaban absueltos.

 

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