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Responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad- Abogado Málaga

La cuestión analizada por el Tribunal Supremo en la Sentencia de fecha 4 de Octubre de 2011 se centra básicamente en delimitar hasta donde llega la responsabilidad de los administradores de las sociedades capitalistas y en diferenciar los requisitos de la acción individual de responsabilidad y la acción de responsabilidad por deudas que establecía la anterior Ley de Sociedades Anónimas.

 

El litigio comienza por la demanda interpuesta por la entidad Dronas 2002 S.L. frente a a D. Lucio, D. Pascual, Dª. Sofía, Dª. Pilar, D. Justiniano y D, Máximo como administradores de la entidad Alvárez Fra S.A. en reclamación de 359.346,30 Euros al haber resultado impagadas unas facturas y unos pagarés emitidos por unos servicios de transporte que la demandante prestó a la empresa que administraban los demandados en el año 2.000 y parte del 2.001.

Por su parte contestaron la demanda oponiéndose a la misma y solicitando su absolución.

El Juzgado de Primera Instancia estimó íntegramente la demanda y condenó solidariamente a los demandados a abonar la cantidad requerida.

De los demandados únicamente formularon recurso de apelación frente a dicha sentencia Dª. Sofía y D. Máximo, y la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso de Dª. Sofía y rebajó la cantidad a abonar a 232.556 Euros ya que cesó en su cargo el 14 de Diciembre del año 2000 y estimó íntegramente el recurso de D. Máximo revocando la sentencia de instancia considerando que no fue nombrado administrador hasta el 16 de Abril del año 2001.

Ante la sentencia de la Audiencia Provincial la entidad demandante interpuso recurso por infracción procesal y recurso de casación.

El recurso por infracción procesal se basa a juicio de la parte recurrente en una incongruencia a la hora de valorar la acción ejercitada en relación a la falta de aplicación del artículo 262 de la Ley de Sociedades Anónimas, vigente al momento de los hechos.

El Tribunal Supremo entiende que existe una gran diferencia entre la acción individual de responsabilidad del art 135 de la Ley de Sociedades Anónimas y la acción de responsabilidad por deudas sociales del artículo 262.5 ya que la primera exige culpa, daño y relación de causalidad existiendo un criterio de imputación subjetivo, y en la segunda no se requiere una relación ni reproche de causalidad, existiendo una responsabilidad ex lege. En este sentido aunque unos mismos hechos puedan ser causa de las dos acciones, para que sean aplicables ambos preceptos hay que ejercitarlas en la demanda, no pudiendo el tribunal bajo la aplicación del principio “iura novit curia” suplir la actividad de la parte pues podría causar indefensión en la parte demandada. Por lo tanto no constando en la demanda de la parte actora ni expresa ni tácitamente que se ejercita la acción del artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, este motivo debe decaer.

En cuanto al recurso de casación por infracción de la responsabilidad derivada del artículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas, hoy 241 de la Ley de Sociedades de Capital. La parte recurrente entiende que la administradora, la demandada Dª. Sofía, debe responder no solo del daño causado hasta su cese, sino de la totalidad del mismo pues a la negligencia no cabe ponerle fecha final con su renuncia.

El Tribunal Supremo rechaza también este motivo pues aunque siempre entiende que la actividad de Dª. Sofía ha sido negligente, no encuentra nexo de causalidad entre su actuación y parte del daño causado pues parte de los servicios impagados se contrataron después de su cese, y la las hipotecas constituidas sobre los activos de la empresa son también de fecha posterior al cese, por lo tanto en este sentido ratifica la sentencia de la Audiencia

Provincial.

Respecto a D. Máximo el Tribunal Supremo considera que su nombramiento como administrador es posterior a la contratación de los servicios de la parte actora y que además actuó diligentemente solicitando la suspensión de pagos de la entidad que representaba por lo que nada puede objetarse a sus funciones como administrador, ratificando igualmente la sentencia de la Audiencia Provincial y desestimando los recursos de infracción procesal y de casación interpuestos por la parte demandante.

Fuente: Roji Abogados

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