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Teoría del Riesgo e inversión de la carga probatoria.

La Sentencia de fecha 29 de Marzo de 2012 dictada por el Tribunal Supremo entra a analizar una interesante cuestión sobre la inversión de la carga de la prueba en función de la facilidad probatoria de las partes y teniendo en cuenta la creación del riesgo.

La empresa demandante ha sido condenada previamente en la jurisdicción social al recargo de las prestaciones a la seguridad social respecto a la incapacidad permanente declarada respecto de dos empleadas que resultaron intoxicadas en sus instalaciones tras un proceso de desinsectación.

Esta empresa interpone demanda de juicio ordinario frente a la entidad Rentokil S.A. que fumigó dichas instalaciones en reclamación del importe de esos recargos y de los gastos judiciales ocasionados derivados de los correspondientes procedimientos administrativos y judiciales.

La empresa demandada se opone a las pretensiones solicitando la desestimación de la demanda.

Las sentencias de primera instancia y de apelación son absolutamente opuestas ya que mientras la del juzgado desestima la demanda al entender que la intoxicación que sufrieron las trabajadoras del hotel fue por no haber adoptado ni respetado las medidas de seguridad adecuadas, la Audiencia Provincial considera que la empresa demandada, que fumigó unas pisos del hotel para desinsectarlos, ejercita una actividad de riesgo que causó la intoxicación de las trabajadoras, no habiendo probado que actuase debidamente o que el daño causado lo provocaran otras personas o agentes, estimando parcialmente la demanda y condenando a la entidad demandada a abonar 1.320.000 Euros a la parte actora.

Ante esta resolución se interpone por la entidad demandada recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. En esta ocasión el motivo o las infracciones de los recursos están muy relacionados al versar sobre las normas reguladoras de la carga probatoria y la aplicación de la teoría del riesgo.

Para ello hay que analizar aspectos fundamentales como si la actividad realizada por la entidad demandada puede considerarse que crea un riesgo y si en función de ese riesgo puede modificarse la carga probatoria.

La infracción de la carga probatoria únicamente se produce cuando las consecuencias de la falta de acreditación de unos hechos las asume la parte a quién no le correspondía probarlos. La jurisprudencia solo ha admitido esta inversión cuando se trata de actividades de riesgo extraordinario, daños desproporcionados o falta de colaboración del causante del daño.

En este caso se debe dilucidar si la intoxicación de las trabajadoras se produjo por responsabilidad de la empresa que desinsectó o por negligencia de la empresa actora que no se ocupó de que se respetasen las medidas preventivas después de realizada la desinsectación.

El Tribunal Supremo entiende por un lado que la actividad de la demandada aun creando riesgo para la salud no puede considerarse extremadamente peligrosa y que adoptándose las medidas adecuadas se evita todo riesgo, por ello no procede la inversión de la carga de la prueba en este caso y no es la empresa demandada la que ha de probar que su acción fue inocua, ni por lo tanto asumir las consecuencias de no haber probado esta circunstancia.

Más bien considera el Tribunal Supremo que se acredita que las trabajadoras no respetaron el periodo señalado por la empresa demandada antes de entrar a los pisos fumigados y que además de ello utilizaron productos no recomendados antes de expirar el tiempo de precaución recomendado.

Por todo ello no se considera que en el presente caso deba aplicarse la inversión de la carga de la prueba en función de la teoría del riesgo pues tampoco existe una norma específica que autorice a hacerlo, debiendo estimar el recurso de casación interpuesto.

 

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Fuente: Europa Press

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