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En principio y atendiendo a la sentencia del TS (Sala de lo Civil, Sección Pleno) num. 367/2016 de 3 de junio, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación atribuye el concepto de abusividad al ámbito de la contratación con consumidores pero también establece en su exposición de motivos, que esta declaración de abusividad podría darse entre profesionales cuando la condición general sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes.

Por su parte, la Sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, rechazó que el control de abusividad pueda extenderse a cláusulas perjudiciales para los profesionales o empresarios, aunque de igual modo acordó que el control de incorporación de las condiciones generales si se extiende a la cláusula contractual que goce de dicha naturaleza de condición general (en relación a los arts. 5.5 LCGC y 7 LCGC).

Sin embargo, como se dijo en la sentencia 246/2014 de 28 de mayo, una compraventa de un despacho para el ejercicio de una actividad profesional de prestación de servicios queda fuera de la protección de la legislación especial en materia de consumidores sin que quede sujeta al control de la abusividad o contenido.   Además, en la sentencia 227/2015, de 30 de abril, se estableció que la nulidad de las cláusulas abusivas no se entiende como una vía de protección al adherente en general, sino al que tiene una condición legal de consumidor o usuario.

De igual modo, tampoco puede admitirse el segundo control de transparencia en contratos en los que el adherente no tenga la cualidad legal de consumidor.  Comenta el Tribunal Supremo que el legislador no ofrece protección al adherente no consumidor, salvo lo dispuesto en la legislación civil y mercantil general sobre respeto a la buena fe y respeto al equilibro de las prestaciones para que se eviten situaciones de abuso contractual.

Como pilar básico de la legislación civil, se encuentra el principio de la buena fe, especialmente como parámetro de interpretación contractual. En relación a este principio, destacan entre otros, los arts. 7 y 1.258 del Código Civil y 57  del Código de Comercio, que establecen que los contratos obligan a todas las consecuencias que según la naturaleza de los mismos, sean conformes a la buena fe.

En esta línea argumental, podría entenderse la nulidad de ciertas cláusulas que tengan una regulación contraria a la legítima expectativa, que según el contrato que las partes hayan suscrito, pudiera tener el adherente. Dice el Supremo que esta conclusión es acorde con las previsiones de los Principios de Derecho Europeo de los Contratos, en las que se prevé la nulidad de cláusulas abusivas sin importar la condición de consumidor de la parte adherente, entendiendo por tales aquellas que “causen, en perjuicio de una parte y en contra de los principios de la buena fe, un desequilibrio notable en los derechos y obligaciones de las partes derivados del contrato” sin que se permita el control del contenido respecto de las cláusulas que “concreten el objeto principal del contrato, siempre que tal cláusula esté redactada de manera clara y comprensible”.

Todo ello queda circunscrito a la adecuada prueba (o falta de la misma) que acredite que la adherente no tuvo perfecta conciencia de la existencia y funcionalidad de la cláusula de dudosa abusividad, pues también hay que preservar el principio de la libre voluntad de las partes y el principio de pacta sunt servanda.

 

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