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“… Pero además ha de tenerse presente que los acuerdos alcanzados en un proceso de mediación, como el que nos ocupa, tienen un “plus” de obligatoriedad. En efecto, ha de recordarse que el artículo 23.3 de la precitada Ley 5/2012 en su último párrafo habla del carácter vinculante del acuerdo alcanzado en mediación. Pero sobre todo esa obligatoriedad “reforzada” vendría dada porque estaríamos ante negocios jurídicos de familia cuya elaboración se efectua en un entorno especialmente apto para que la expresión de la voluntad allí recogida lo haya sido sin vicio alguno, pues se desarrolla, gracias a la intervención técnica del mediador, garantizando la voluntariedad de la participación, la igualdad en el desarrollo de los debates que llevan al consenso e incluso con la posibilidad de contar con información y asesoramiento suficiente. Esa “pureza” negocial puesta en relación con las numerosas referencias del Código Civil al “acuerdo de las partes” a la hora de fijar las medidas del artículo 91 y siguientes en los procesos de familia ( artículos 91 , 92.5 , 96 y 97 1 ª), supone que los pactos alcanzados en un proceso de mediación técnicamente correcto pero no trasladados a un convenio regulador ratificado judicialmente deben tener un alto peso en la adopción por el Juez de las medidas a que se refieren. O dicho de otra forma, deberá ser quien se aparta de lo convenido en mediación quien acredite, de forma rotunda, aquellas circunstancias coetáneas o posteriores al proceso mediacional que justifiquen el que lo pactado por las partes entonces no deba ser ahora ratificado judicialmente …”.

Juzgado de 1.ª Instancia Málaga, n.º 5, 984/2013, de 17 de diciembre, Recurso 575/2013.

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