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matrimonio, pareja de hecho, liquidación de gananciales, renuncia pensión compensatoria

En la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1925/2018  de 30 de mayo, se razona si los cónyuges pueden pactar de forma previa al matrimonio el renunciar a la pensión compensatoria que en el futuro pudiera corresponderles.

Razona el alto tribunal que aunque si bien en primera instancia se concede la pensión compensatoria que había sido solicitada por la mujer demandante, pues determinaba la resolución judicial “se trata de analizar si lo pactado lesionaba el derecho a la igualdad de la Sra. Gloria , por el sometimiento que implicaba, ya que ésta al momento no solo de la firma sino incluso también al momento de la ruptura carecía de recursos económicos, de cualquier tipo de ingresos, de autonomía económica…”, debe abogarse por la postura de la Audiencia Provincial, que revoca la sentencia inferior.

Ello al entender que en el caso concreto se trata de una cuestión de puto contenido económico, de carácter disponible por los cónyuges y por tanto, supeditada a la autonomía de la voluntad de los mismos, siendo un negocio jurídico válido  ya que:  “[…] no existe conculcación del derecho de igualdad de ambos cónyuges, pues, como se desprende de los autos ambos por edad, profesión y experiencia anterior, eran plenamente conscientes del acuerdo a que habían llegado de tipo económico, entre los dos, ante Notario, afectando sólo y exclusivamente a los mismos en el orden económico, dada la inexistencia de hijos comunes […]”

Sin embargo, la parte inicialmente demandante presenta recurso de casación solicitando que se declare infringida la “doctrina conforme a la cual los pactos prematrimoniales no pueden resultar contrarios a la ley, la moral o al orden público ni causar perjuicio a terceros, entendiéndose que en determinadas circunstancias la renuncia a la pensión compensatoria contenida en los mismos puede resultar nula” por entender que la  renuncia a la pensión compensatoria que se realizó ante notario es nula por ser contraria a la ley, a la moral y al orden público, además alega el desconocimiento del idioma de la firmante.

Explica el Tribunal Supremo que en este caso, por medio del acta notarial queda probado que la demandante conocía el idioma español pese a ser extranjera y que no procede valorar los hechos probados en dicha instancia.

Respecto a los pactos prematrimoniales y el orden público, en este supuesto debido a la “la formación, edad, escasa duración del matrimonio, ausencia de descendencia común, posibilitan un desenvolvimiento de ella que posibilitan un marco económico fluido, por lo que no consta alteración del orden público” se entiende que no ha sido infringido, además comenta el Tribunal que por los cursos realizados por la demandante se puede inferir que en el momento de firmar los pactos.

En relación al derecho a la libertad, dignidad e igualdad, se entiende que este pacto no es sorpresivo y que no puede probarse la vulneración de dichos derechos, y como era predecible, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación confirmando la Sentencia de Apelación.

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