En ocasiones las consecuencias derivadas de los accidentes o enfermedades aparecen una vez transcurridos varios años. En estos casos, además de acreditar que las nuevas lesiones o situaciones tienen como origen el accidente ocurrido tiempo atrás, surge el problema de cómo valorar la indemnización correspondiente y qué legislación aplicar.
Esta cuestión es la que viene a resolver la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Julio de 2013.
D. Evaristo como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en 1.984, por el cual ya fue indemnizado en su momento, es calificado con una incapacidad permanente absoluta en el año 2.001.
Por esta cuestión interpone demanda frente a la entidad aseguradora Mapfre solicitando una indemnización de 285.000 Euros por las nuevas secuelas traducidas en la situación de incapacidad, basándose en el baremo establecido para los accidentes de tráfico.
El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda de D. Evaristo que, interpuso recurso de apelación frente a la misma, siendo resuelto por la Audiencia Provincial que lo estimo parcialmente concediendo una indemnización de 9.521 Euros.
Esta sentencia de la Audiencia Provincial fue de nuevo recurrida por el demandante en casación alegando la infracción del artículo 1.902 del Código Civil y el anexo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, en el que fundaba su pretensión indemnizatoria.
El Tribunal Supremo ha de decidir si se tiene que aplicar la normativa vigente al momento del siniestro (1.984) como dice la sentencia recurrida, o por el contrario se tendrá en cuenta la normativa aplicable al momento de determinación de las secuelas como pretende la parte recurrente.
El recurrente considera que en la sentencia de la Audiencia Provincial existe una insuficiencia en la indemnización porque estamos en presencia de una deuda valor y que por lo tanto ha de aplicarse la normativa vigente al momento de determinación definitiva de las lesiones y secuelas, en este caso de la concesión de la incapacidad.
El Tribunal Supremo no comparte tal afirmación y considera que no puede resultar aplicable el baremo de accidentes de tráfico a un siniestro del año 1.984 pues en esa fecha no existía tal baremo, por lo que debe aplicarse la legislación vigente en aquella fecha.
Pero ciertamente el artículo 1.902 obliga a “reparar el daño” y con la aplicación de la legislación de 1.984 (Real Decreto 2690/1983) la indemnización resulta insuficiente por lo que considera el Tribunal Supremo que lo que procede es una actualización de las cuantías indemnizatorias aplicables con la legislación vigente al momento del siniestro lo que se ha de realizar aplicando el incremento del índice de precios al consumo a la cantidad resultante obtenida con la legislación vigente al momento del siniestro lo que eleva la indemnización a 23.322 Euros.
Por lo tanto procede la estimación del motivo planteado en el recurso de casación por la parte actora.
