En una resolución reciente, se ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esta resolución establecía una indemnización a cargo del Estado y a favor de unos funcionarios de prisiones que habían sufrido unas agresiones en su puesto de trabajo.
Considera la sentencia que el Estado debe ser en este caso responsable civil subsidiario ya que “los protocolos y medidas de seguridad existentes en el centro no eran los adecuados para el control de un interno con la peligrosidad del acusado”, y las agresiones se produjeron por uno de los internos más peligrosos.
Las lesiones se produjeron con un objeto punzante y cortante que el interno había fabricado dentro de la prisión cuando seis funcionarios de prisiones iban a cachearle antes de salir al patio. Un total de diez funcionarios de prisiones sufrieron lesiones a causa del referido incidente.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz fue recurrida tanto por la representación procesal del interno como por el Abogado del Estado. Éste último entendía que no existía relación de causalidad, en algunas de las lesiones producidas entre el daño producido y la responsabilidad por parte del Estado.
Sin embargo, la Sala considera que “existe relación causal entre la falta de detección de la posesión por el interno de la pletina metálica con la que ocasionó el primer incidente, y los daños sufridos por quienes intervinieron en la reducción del interno” ya que “son elocuentes de que los protocolos y medidas de seguridad existentes en el centro no eran los adecuados para el control de un interno con la peligrosidad del acusado”.
El recurso por parte del interno se fundamentaba en la no existencia de tentativa de homicidio de los funcionarios de prisiones, sino que debiera habérsele imputado delitos de lesiones con objeto peligroso de forma alternativa. El TSJA no comparte este planteamiento, debido fundamentalmente a “las características de la agresión, y en particular el instrumento utilizado, el lugar donde se produce el golpe y, particularmente su intensidad, son expresivas de la intención del acusado de causar el mayor daño posible”.
Fuente C.G.P.J.
Roji Abogados y su equipo de letrados, junto con la colaboración de otros profesionales, le presta asistencia jurídica integral en Derecho Penitenciario, Administrativo y Penal, ya sea en su posición de funcionario de la Administración Pública o en el caso de que le estén investigando o acusando por cualquier tipo delictivo. Pida cita o infórmese en el 952 211 011 o en el 607 202 361, estaremos encantados de atenderle en Málaga, Marbella, Fuengirola, Torre del Mar o Antequera. En caso de urgente necesidad nos desplazamos a la comisaria, prisión, o juzgado pertinente, no dude en consultarnos.
