En esta entrada se va a comentar el pago de una aseguradora a la entidad prestamista tras un siniestro a raíz de la STS 3619/2018 de 26 de octubre.
Suele ser práctica habitual que a la hora de contratar un préstamo, la propia entidad prestamista nos exija suscribir un seguro que cubra dicho préstamo para el caso de que el deudor a causa de fallecimiento o invalidez no pueda afrontar los pagos. A pesar de contar con el seguro, puede suceder como en el caso que ahora se va a comentar, que una vez ha sucedido el siniestro, la compañía que ha concedido el préstamo decida no reclamar a la aseguradora y seguir reclamando la deuda al deudor principal (siempre que no haya fallecido, claro está).
Por tanto, se plantea la duda de si el prestatario deudor puede iniciar acciones judiciales contra la compañía aseguradora para que cumpla con su obligación, ya que de forma general sería la beneficiaria (la entidad que concede el préstamo) la que tendría la legitimidad activa para iniciar la reclamación.
El caso de la Sentencia que se ha citado, versa sobre la reclamación de una persona en su condición de asegurada, a la compañía de seguros, de una cantidad (calculada en base a la parte del contrato de préstamo que le faltaba por satisfacer a la fecha de siniestro) que le correspondía tras serle reconocida una invalidez permanente absoluta cubierta por el seguro colectivo al que previamente se había adherido.
El 24 de febrero de 2011, se presentó demanda contra la compañía de seguros para que se declarase la vigencia de una póliza anteriormente contraída y se condenase a la entidad al abono de una indemnización de 36.573, 85 Euros, incrementándose dicha cantidad en virtud de la aplicación del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguros con los intereses moratorios, es decir desde la fecha de la baja médica o concesión de la incapacidad, en este caso desde el 13 de diciembre de 2006. En el mismo sentido, y como es lógico, se solicitó la condena en costas de la parte contraria por el criterio del vencimiento objetivo. La reclamación se fundamentó jurídicamente en los arts. 1089, 1091, 1108 y 1124 CC, y 19 y 20 LCS.
La compañía demandada se opuso a la demanda alegando falta de legitimación activa de la demandante y que en cualquier caso, no procedía la reclamación por motivos de fondo.
En Primera Instancia, se condenó a la aseguradora al pago de la cantidad reclamada, más los intereses correspondientes y costas, declarándose la vigencia de la póliza. Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación por parte de la demandada. El recurso de apelación fue estimado parcialmente, por lo que se revocó parcialmente la sentencia recurrida y se condenó a la entidad demandada al pago de 1.836, 57 euros, más los intereses legales, desde el 15 de septiembre de 2008. La Audiencia provincial falló en este sentido por entender que el seguro de amortización contratado solo permitía a la demandante reclamar el cumplimiento del contrato y por ende la cantidad pendiente de pago al producirse el siniestro, por lo que únicamente le fuero reconocida legitimación y procedencia para ser reintegrada del importe de las concretas cuotas que había seguido abonando a partir de esa fecha.
Contra esta sentencia, se interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación por la demandante-apelada. El recurso por infracción procesal fue desestimado.
Respecto al recurso de Casación, cabe decir que con fecha 15 de septiembre de 2008, la demandante requirió extrajudicialmente a la demandada que se hiciese efectiva la póliza de Vida a favor de la CAJA CANARIAS sobre toda las deudas que tuviera con esta entidad bancaria, desde la fecha del citado requerimiento.
En un primer momento, la compañía de seguros rechazó el siniestro por entender que existían antecedentes médicos no declarados en el boletín de adhesión. La requirente con fecha 6 de marzo de 2009, promovió diligencias preliminares para que la aseguradora le exhibiese los contratos firmados.
En el contrato de seguro suscrito de vida e invalidez, se recogía que el capital asegurado para el caso de invalidez absoluta y permanente era de 27.528, 73 € siendo la beneficiaria Caja Insular de Canarias. La última prima satisfecha había sido la de 1 de enero de 2008.
La cuestión que se plantea la Sala en este caso es, como se ha comentado, si la legitimación activa de la asegurada para exigir la validez del seguro con su inherente cumplimiento la faculta para reclamar la suma asegurada, entendiéndose que la comprende la cantidad pendiente de amortización al producirse el siniestro, y no la cantidad inicial; o si por el contrario, debiera limitarse las cantidades que fueron satisfechas por la demandante una vez producido el siniestro.
El recurso de casación es estimado, a raíz de la doctrina contenida en la reciente sentencia 222/2017, de 5 de abril, en virtud de la cual se reconoce en casos similares en los que se vincula seguros de vida e incapacidad a un préstamo, siendo los primeros beneficiarios la propia entidad prestamista, resulta procedente reconocer la legitimación activa al prestatario asegurado, independientemente de que sea tomador, para reclamar de su aseguradora el cumplimiento del contrato.
Como explica el alto tribunal, la razón de esta doctrina es que en la mayoría de los casos, se exigen este tipo de garantías para poder acceder a los contratos de préstamos, lo que se conoce como “vidas paralelas” de los negocios vinculados. Por ello, entiende la Sala que no es “jurídicamente explicable” que producido el siniestro, la entidad prestamista no reclame a la aseguradora y decida seguir exigiendo la prestación al asegurado. Esta es la principal razón por la que se permite al asegurado instar el cumplimiento de sus obligaciones al seguro, de forma alternativa al principal beneficiario (prestamista).
En razón de los anteriores razonamientos, el Tribunal condena a pagar a la entidad aseguradora a la entidad prestamista, la cantidad de 27.528, 73 euros; es decir, la suma pendiente de amortizar a la fecha del siniestro, salvo las cantidades que ya haya pagado la parte demandante (desde la fecha del siniestro), que deberán abonársele por la aseguradora.
La sentencia incluye el pronunciamiento de costas de primera instancia (condenar a la demandada), sin embargo no aplica los intereses moratorios del art. 20 LCS, al ser la demanda imprecisa y contener equívocos en relación con la previa reclamación de la demandante.
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